La Comisión Europea exigirá a partir de 2028 que todos los edificios nuevos sean cero emisiones. En el caso de los ocupados o explotados por Administración pública, o de su propiedad, el plazo será 2026.
La revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios busca reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el consumo de energía en el sector europeo de la construcción de aquí a 2030, para conseguir que sea climáticamente neutro en 2050. También pretende aumentar la tasa de renovaciones de los edificios poco eficientes a nivel energético y mejorar el intercambio de información sobre la eficiencia energética.
Por eso, a más tardar en 2028, todos los edificios nuevos deberán estar equipados con tecnología solar cuando sea factible desde el punto de vista técnico y económico (en el caso de los edificios residenciales en los que se hagan reformas de consideración el plazo se alargará hasta 2032).
Los edificios residenciales tendrán que conseguir, como mínimo, la clase energética E en 2030, y la D en 2033 (en una escala que va de A a G, esta última corresponde al 15% de edificios menos eficientes del parque inmobiliario nacional de un Estado miembro). Los edificios no residenciales y públicos tendrán que conseguirla en 2027 y 2030 respectivamente.
Medidas
Los Estados miembros deberán prever en sus planes nacionales de renovación las medidas necesarias para alcanzar estos objetivos. De esta manera, los planes nacionales tendrán que incluir, según detalla la Comisión, "sistemas de apoyo para facilitar el acceso a las subvenciones y la financiación", puntos de información gratuita y programas de renovación que no conlleven costes".
Además, las medidas financieras "deberán prever una prima importante para las renovaciones de gran calado y deberán incluir también subvenciones y financiación específicas para los hogares vulnerables".
Excepciones
Sin embargo, Bruselas plantea a los 27 excepciones para monumentos y edificios protegidos por su valor arquitectónico o histórico —como lugares de culto o edificios técnicos—. Además, establece una cláusula en la que podrán hacer una excepción con la vivienda pública social, en aquellos casos en los que una renovación llevase "un aumento del alquiler que no podría compensarse con el ahorro en la factura energética".
Los eurodiputados también quieren que los Estados miembros puedan ajustar los nuevos objetivos a una proporción limitada de edificios en función de la viabilidad económica y técnica de las renovaciones y de la existencia de mano de obra cualificada.
galan
21/03/2023