Aunque se muevan por motivaciones diferentes, el precio energético y el cambio climático tienen la misma solución general: más generación eléctrica renovable y más electrificación de la economía. Con esto no quiero pecar de simplificación del problema, ya que la transición energética es una gran cuestión que no se puede resumir solucionar de forma sencilla y rápida. Pero si estuviera en mi mano impulsar una política pública de forma decidida, ésta sería, sin ninguna duda, una estrategia planificada de despliegue de energía renovable.
Reconozco que soy un osado y he utilizado en la misma expresión “política pública”, “estrategia”, “plan” y “energía renovable”. ¿Por qué digo que soy un osado? Porque la actividad vinculada a la promoción, desarrollo, construcción y operación de proyectos de energía renovable se ha impulsado desde la iniciativa privada… y las administraciones públicas, una vez más, han llegado tarde y mal para ordenar la actividad económica.
Mucho se presume de la excelente posición de España para las renovables, pero ¿qué hay de cierto en ello? ¿Estamos los españoles dispuestos a ser lo que se espera de nuestro país? ¿Los diferentes Gobiernos de España y las comunidades autónomas están decididos a liderar e impulsar el cambio hacia un mundo diferente al que hemos conocido?
La realidad es que España se vislumbra como el gran punto europeo de generación eléctrica renovable, y esto es decir mucho. Los miles de megavatios de energía renovables que la iniciativa privada quiere desarrollar difieren con los que España ha planteado asumir en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, chocan frontalmente con los que la administración, central y autonómica, es capaz de digerir y son completamente ignorados por la población en general.
La escasez de materiales, el freno a la internacionalización de la economía, la crisis del gas y el petróleo y la futura crisis del agua deben obligar a los Gobiernos a entender con rapidez que no pueden seguir dejando el despliegue de las renovables en España en la fila de expedientes de los departamentos de las administraciones competentes. Éste es un objetivo de país, es un aspecto de interés público general y crítico para el desarrollo futuro de la sociedad, la economia y las personas, y por ello, los ciudadanos esperamos y debemos exigir más a nuestros gobernantes.
Pero estando en este punto debemos levantar una bandera de alarma: en el desarrollo de renovables no todo vale. No debemos relajar nuestra exigencia económica, ambiental y social sobre los desarrollos de energía renovable si queremos evitar cometer los mismos errores del pasado con la proliferación de centrales hidroeléctricas. Presas y pantanos que, literalmente, echaban a las personas de sus casas.
Huelga decir que, sin ese sacrificio realizado por miles de conciudadanos durante décadas, nuestra energía sería mucho más cara, y en el siglo pasado no habríamos podido disfrutar de las ventajas de disponer de energía eléctrica con tanta rapidez.
Así que llegamos al mismo cuello de botella en el que está el despliegue de nueva energía renovable: es imprescindible para bajar el precio de la energía, se requiere de muchas instalaciones para alcanzar los objetivos climáticos, no se dispone de tiempo suficiente para pasar por el calvario de la tramitación durante más de tres años, y algunos ciudadanos están rechazando los proyectos eólicos y fotovoltaicos en sus pueblos. ¿Qué hacer?
No hay solución sencilla, y todos tenemos mucho que hacer. Estamos transitando hacia un mundo nuevo, en el que se necesita de imaginación, liderazgo y compromiso de aquellas personas que tienen responsabilidad pública.
Se requiere solidaridad y profesionalidad de las empresas privadas para saber que, como cualquier proyecto, las instalaciones renovables están implantadas en un entorno y deben ser compatibles ambiental y socialmente, y la población debe asumir que, para que tengamos energía limpia y asequible, necesitamos que haya muchísimas más instalaciones renovables en los campos, en las elevaciones, en los tejados, en fachadas de edificios…
La Organización de las Naciones Unidas ha establecido la década de 2021 a 2030 como la década de la acción, en la que se exige acelerar las soluciones sostenibles dirigidas a los principales desafíos del mundo. Ni España como país, ni las personas que lo habitamos como ciudadanos, podemos desaprovechar la oportunidad de contribuir a un gran salto hacia adelante en la historia de la Humanidad. Pongamos nuestro trabajo y nuestra energía al servicio del nuevo modelo social, hagamos de la transición energética un camino en el que nadie se quede atrás, y logremos que el desarrollo sostenible sea una realidad.
Jesús Alijarde es director general de IBERSYD
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