El tiempo del gobierno de Pedro Sánchez parece que tiene las horas contadas, y con él todas las medidas que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pretendía implementar en los próximos meses. La fecha del 28 de abril (o 14 de abril) como posible día para unas elecciones generales podría paralizar toda la 'reforma Ribera', todas las medidas que ha ido anunciando desde que llegó a su cargo en junio pasado. El viernes saldremos de dudas.
Pero no todo está perdido, como el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), que ya se ha anunciado que se entregará a Bruselas el próximo 22 de febrero. Según fuentes del sector eléctrico, una vez que esté en Europa, si cambia el signo político del nuevo gobierno, habría que "pelearlo mucho para cambiarlo".
También seguiría vigente el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que fue convalidada en el Congreso. Sería válido el texto íntegro aprobado por el Gobierno porque no daría tiempo a incorporar las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios, así como el RDL de medidas urgentes para la minería del carbón y el desarrollo de las comarcas mineras.
Según fuentes jurídicas consultadas, el Real Decreto de Autoconsumo también podría salir adelante, "el texto está muy maduro y la tramitación está muy avanzada, así que por plazos, le daría tiempo al Consejo de Ministros a aprobarlo".
Sin embargo hay una serie de proyectos que se quedarían en el cajón. Si se convocan las elecciones para el 28 de abril, obligaría al Gobierno a disolver las Cortes el 5 de marzo y convocar las elecciones la semana que viene, el próximo 19 de febrero, para cumplir los 54 días que establece la ley.
A quienes más les van a perjudicar este proceso es al sector de las renovables. Se quedaría en suspenso el RD de Acceso y Conexión a redes, una normativa que esperaba como agua de mayo para dar vía libre a todos sus proyectos y comenzar con su construcción. Con él, se aprobarían los criterios para la concesión de los permisos de acceso y conexión de los nuevos proyectos renovables.
También quedarían sin regular las futuras subastas de renovables que el gobierno pretendía convocar todos los años para alcanzar la cifra de 50.000 megavatios (MW) ‘verdes’ de aquí a 2030 y conseguir así el objetivo del 35% de renovable de la energía final para ese año.
La otra medida que se vería afectada sería la de la suspensión del Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), , el impuesto del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica en activo durante seis meses (de octubre de 2018 a marzo de 2019). De esta manera, el 31 de marzo, con un gobierno en funciones, debería decidir si mantener o finalizar la suspensión. Todo indica que la recaudación por los derechos de emisión del CO2 permitirían continuar con esa suspensión hasta nueva orden.
Y por último, queda pendiente la retribución a las renovables. En enero, el gobierno devolvió a Competencia la facultad para aprobar las retribuciones de transporte y distribución de gas y electricidad, y precisamente ayer, el Congreso de los Diputados convalidaba ese real decreto ley para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa europea, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes. Por lo que "queda en manos de Competencia definir cuáles serán a partir de 2020, y por tanto no nos afectarán los cambios de gobierno", añaden las fuentes del sector eléctrico.
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Para la comercialización de electricidad, otra de las normativas que no verían la luz sería la crear nuevos epígrafes o grupos de tarifas del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) para clasificar de manera específica las actividades de comercialización de luz y gas, ya que estaba incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, aunque en este caso se ha tumbado al no haberse aprobado ayer en el Congreso de los Diputados.
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Precisamente, vinculados a los PGE hay otras medidas en forma de ayudas que tampoco saldrán adelante y que afectarán, entre otros, al sector de la movilidad alternativa, al futuro de los vehículos diésel y a las cuencas mineras, así como el bono térmico, que además hubiera requerido una normativa específica que lo desarrollara.
https://elperiodicodelaenergia.com/sin-presupuestos-no-hay-transicion-energetica-ni-impuesto-al-diesel-ni-bono-termico-ni-ayudas-al-vehiculo-electrico-y-tampoco-al-carbon/
Para el sector de los hidrocarburos, al igual que la suspensión del 7% del sector eléctrico, les afecta lo que pueda ocurrir a partir de ahora con la exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado 'céntimo verde'. Este gravamen, pensando para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a hidrocarburos, también podría volver de nuevo al mercado.
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Para el sector industrial también hay cambios. En el caso de la cogeneración también vería cómo algunas de las medidas que han demandado durante largo tiempo volverían de nuevo al limbo. En octubre pasado, el Gobierno anunció que estaba elaborando un Plan Renove para las plantas de cogeneración, y que supondría una válvula de oxígeno para 50 plantas de cogeneración (que suman una potencia instalada de 500 MW) que en dos años habrán llegado al final de su vida útil y casi un centenar de industrias ahora tendrán que tomar decisiones de inversión.
Y para la industria electrointensiva que veía con muy buenos ojos la posibilidad de tener un Estatuto propio, sería un retroceso en sus reclamaciones. Aún quedaría por delante dos meses para que el Gobierno pudiera llevarlo al Parlamento. La creación de la figura del consumidor electrointensivo supondría que pudieran tener un marco energético estable, predecible y competitivo, y además cuyos precios sean los más bajos posibles, según ha manifestado el sector en numerosas ocasiones.
https://elperiodicodelaenergia.com/el-gobierno-prepara-un-plan-renove-para-la-cogeneracion-suave-y-asi-reducir-esta-tecnologia-en-el-mix/
Y por supuesto, en ese escenario, lo primero que se dejaría en el tintero es la tan esperada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, al igual que otras normativas con rango de ley que serían necesarias para llevar a cabo los planes del PNIEC, así como también la renovación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ya no daría tiempo por plazos legislativos, y por tanto, los actuales miembros del Pleno tendría que prorrogar su mandato.
"Siempre hay ideas diferentes y motivaciones diferentes en las distintas fuerzas políticas, pero la transición energética es un asunto tan real y tan evidente que puede haber visiones distintas pero es algo que debemos llevar adelante", ha declarado a este diario el consejero delegado de Red Eléctrica (REE), Juan Lasala, "a estas alturas, poca gente duda ya del impacto que ha tenido el hombre en las emisiones de CO2 y en el estado actual del planeta y que tenemos que hacer algo para revertirlo. Que haya más o menos velocidad en la transición es algo que tendrán que decidir en un momento dado nuestros responsables políticos y los que tengan que hacer inversiones tanto en la promoción de nuevos proyectos renovables como en la red. Pero es un camino que es difícil que tenga una marcha atrás clara, e iríamos a la contra de todos los objetivos que se están planteando en Europa y en todo el mundo".
Victor
14/02/2019