El Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, y el sacerdote de la Paz, en el distrito Norte de esta capital andaluza, Mario Picazo, acaban este domingo su semana de encierro para protestar por los reiterados cortes de luz y avisan de que repetirán acciones similares si no logran soluciones reales.
En un comunicado, Picazo y Martín han anunciado que a las 19.30 horas abandonarán la iglesia franciscana en la que se encerraron el pasado lunes para exigir soluciones a corto, medio y largo plazo contra los apagones que afectan al distrito Norte.
Desde entonces, a la protesta se han unido representantes de administraciones y de partidos políticos, docentes y miembros de la Universidad de Granada que han dado clase en la parroquia, colectivos vecinales, sanitarios y vecinos que han encendido velas para aportar la luz que Endesa no garantiza.
El cura de La Paz y el Defensor del Ciudadano han agradecido el apoyo y solidaridad recibidos para combatir un "problema injusto que atenta gravemente contra los derechos humanos".
Han recordado que tras una semana de encierro, muchos vecinos siguen sin la luz de Endesa, la que pagan y necesitan para su vida diaria, aunque el foco vuelve a iluminar el problema que padece el barrio.
"En esta semana de encierro no hemos recibido ni una sola llamada de los responsables de Endesa, la compañía eléctrica ha estado por completo ausente", ha añadido Martín, que ha reprochado la falta de empatía de la empresa, que responsabiliza de los apagones a las plantaciones de marihuana en el barrio.
Los dos encerrados han exigido a Endesa que garantice la luz a personas mayores, dependientes o con tratamientos y cuidados especiales de salud, a colegios, escuelas infantiles, centros de salud y servicios sociales, pero también al resto de familias del barrio que tienen un contrato y pagan sus facturas.
Han reclamado además a la empresa que renueve y actualice la red eléctrica y todas las instalaciones, acabe con los cortes y ofrezca a los vecinos un número de teléfono específico y directo que evite que hablen con "una máquina".
También han pedido a la Junta que acaba con el parque irregular de viviendas protegidas y que supervise y sancione los apagones, el Gobierno central que refuerce la lucha contra la industria de la marihuana y al Ayuntamiento de Granada que actúe de mediador.
"Y exigimos a las tres administraciones que dejen de culparse unas a otras", han añadido Picazo y Martín, que han reclamado alternativas globales e integrales para el barrio que ofrezcan mejoras en empleo, vivienda, educación y servicios sociales.
"Este ha sido el primero de los encierros y deseamos que sea el último. Pero, en caso de que el problema no se resuelva seguiremos actuando en la medida de nuestras posibilidades, recabando apoyos e impulsando cuantas medidas y actuaciones estén en nuestra mano", han sentenciado.
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