Un empresario acusado en la trama eólica de Castilla y León asegura que no pagó a funcionarios por la adjudicación

Uno de los empresarios acusados en la conocida como trama eólica, Alberto Esgueva, ha asegurado que no pagó a funcionarios públicos por la adjudicación de parques eólicos y ha sostenido que tampoco nadie de la Junta de Castilla y León le indicó que invirtiera en este sector.

Esgueva ha declarado este martes en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid contra exaltos cargos de la Administración autonómica y empresarios por supuestas irregularidades en la adjudicación de autorizaciones para proyectos de parques eólicos.

El acusado, que ha optado por responder solo a las preguntas formuladas por su letrado, ha explicado que trabajó en la empresa que creó su padre, Industrias San Cayetano, dedicada a la fabricación de embalajes y cartonaje, desde 1982 hasta 2003.

En 2003 se separó de su esposa - también encausada - y decidió dar un giro de 180 grados e irse de Valladolid, por lo que habló con su hermano Francisco - procesado también y que igualmente trabajaba en la empresa familiar - para iniciar el proceso de separación de activos de la compañía.

Industrias San Cayetano contaba con otras estructuras y en 2005 creó San Cayetano Wind, empresa constituida para la inversión en el negocio eólico para un proyecto que se estaba negociando con Iberdrola. Posteriormente, el nombre de la sociedad de este grupo que invirtió en el sector eólico fue Intercatia.

Preguntado por su relación con el principal encausado en el juicio, el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, Alberto Esgueva ha manifestado que él estuvo vinculado con la empresa semipública Excal, de la que fue nombrado consejero delegado en octubre de 2003, mientras era consejero de Economía Tomás Villanueva y presidente del consejo de administración de Excal Rafael Delgado.

La trama eólica en Castilla y León

El proceso para su nombramiento en esa empresa se llevó a cabo tras vender el 5% de acciones de San Cayetano a su hermano para que él se hiciera con el control -antes estaban al 50% - y se marchó a Cuba.

Volvió cuando el Consejo Regional de Cámaras presentó su candidatura y fue elegido por unanimidad como consejero delegado de Excal.

En esta empresa semipública permaneció dos años y tres meses, hasta el 2 de febrero de 2006, y en ese periodo coincidió con Delgado cuando era presidente del Consejo de Administración, en cuatro o cinco viajes, pero ha dicho que no se hicieron amigos.

Preguntado por si, mientras estuvo en Excal, Villanueva, Delgado o alguien de la Junta le dijo que invirtiera en el negocio eólico, ha respondido que no.

El defensor también se ha referido al destino de 47 millones de euros de beneficio, dirigidos en su mayoría a inversiones inmobiliarias en Polonia, a la compra de determinados inmuebles y a préstamos, y ha preguntado si alguna de esas cantidades fue dedicada al pago de funcionarios por adjudicaciones de parques eólicos, ante lo que el procesado ha contestado que no.

Parte del interrogatorio a Alberto Esgueva se ha centrado además en la venta de un apartamiento que tenía en la localidad cántabra de Comillas a Rafael Delgado el 25 de enero de 2005.

El encausado ha explicado en este sentido que, cuando se separaron su mujer y él, el único activo en común era ese apartamento, que les había costado 225.000 euros y que vendieron por 251.000.

El motivo de venderlo a Delgado fue que, durante un viaje con Excal a Corea, surgió en el avión el tema de las vacaciones y el exviceconsejero contó que desde niño veraneaba en Comillas, ante lo que le expuso que tenían un apartamento allí que le podía interesar y posteriormente se lo vendieron.

Respecto a la venta en 2005 de un chalé de su propiedad en Simancas (Valladolid), que había sido la residencia familiar de Alberto Esgueva, el acusado ha dicho que fue el exviceconsejero el que contactó con él para ver si el inmueble seguía en venta, después de mucho tiempo sin hablar entre ambos.

Provisionalmente el fiscal demanda para Alberto Esgueva penas que suman dieciséis años de prisión y multas de 65 millones de euros por un delito continuado de cohecho y delito de blanqueo de capitales.

Durante la sesión de hoy han declarado otros tres acusados y está previsto que mañana continúen los otros procesados.