Un Jurado comenzará a juzgar en la Audiencia de Las Palmas a la trama de altos cargos del Gobierno canario y de empresarios del sector de las renovables acusados de haber amañado el concurso de parques eólicos de las islas de 2004 a cambio de sobornos.
El juicio del denominado "caso Eólico" gira en torno al director general de Industria y Energía de la época, Celso Perdomo, para quien se solicitan penas de siete años de cárcel y 11 años de inhabilitación por un delito continuado de cohecho, otro de violación de secretos y un tercero de malversación de fondos públicos.
En este procedimiento, la Fiscalía acusa a Perdomo, en el cargo entre 2003 y 2005, de haber facilitado información secreta sobre el concurso a empresas del sector antes de que este se convocara, con detalles sobre las condiciones en las que se iba a licitar y sobre los terrenos elegidos para ubicar los parques eólicos.
Además, el Ministerio Público sostiene que Perdomo cobró sobornos de dos grupos empresariales que participaron en el concurso a cambio de prometerles la adjudicación de potencia eólica, así como de haber corrompido a un alto funcionario de su departamento, el acusado Honorato López Torres, también a cambio de comisiones, para asegurarse de que sus compromisos seguían adelante cuando él perdió el cargo.
La acusación sostiene que Perdomo continuó con sus planes incluso cuando el Gobierno canario decidió a finales de 2005 no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma que había anulado el concurso por apreciar irregularidades, con lo que este decaía definitivamente.
Entonces, añade el fiscal, el ya exdirector general de Industria planeó con el funcionario López Torres, jefe de área de la Consejería de Industria, que los pactos se mantenían y que las empresas que presuntamente los habían comprado a ambos obtendrían un trato privilegiado en la asignación de parques fotovoltaicos.
La Fiscalía asegura que Celso Perdomo cobró casi 24.000 euros en efectivo, más una participación accionarial en una empresa, del acusado Enrique Guzmán, que en el concurso de parques eólicos de Canarias de 2004 "representaba los intereses de la sociedad Generaciones Especiales SL, vinculada a Hidrocantábrico".
Asimismo, siempre según la acusación, el entonces director general de Industria y Energía recibió de los acusados José Ignacio Esquivel y Alfredo Briganty 12.700 euros por favorecer en el concurso a la empresa Promotora de Recursos Eólicos 2004 SL.
En el caso del funcionario López Torres, la Fiscalía asegura que se vendió a la trama a cambio de cobrar 12.000 euros de entrada, 24.000 euros cuando se realizaran los informes previos que iban a valorar las distintas propuestas presentadas al concurso y 6.000 euros por cada megavatio autorizado.
La lista de cargos contra Celso Perdomo se cierra con un delito de malversación, porque presuntamente compró con cargo a la Consejería de Industria libros para su disfrute particular, que luego se llevó a casa, por valor de 740 euros.
La acusación también se dirige contra su novia en aquellas fechas, Mónica Quintana, a quien se considera cooperadora necesaria de sus delitos de cohechos y malversación.
La Fiscalía pide siete años de cárcel para Celso Perdomo (cohecho continuado, violación de secretos y malversación), tres años y medio para Mónica Quintana (cohecho y malversación), dos años para Honorato López Torres (cohecho) y año y medio para Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel (cohecho, en los tres casos).
El juicio se prolongará hasta el 12 de julio a lo largo de 18 sesiones, que arrancan mañana con la selección del Jurado y la exposición inicial del caso por parte de la Fiscalía y las defensas.
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