La patronal eléctrica Unesa ha solicitado al Ministerio de Energía una reunión para que le explique las medidas que ayer anunció el ministro, Álvaro Nadal, para revisar la retribución de las redes de electricidad y para que las empresas con centrales nucleares costeen los costes de su cierre.
Fuentes de Energía han confirmado a Efe que la presidenta de Unesa, Marina Serrano, ha enviado una carta al Ministerio pidiendo esa reunión.
La solicitud se produce después de que ayer Nadal, en una comparecencia en comisión en el Congreso, anunciara su intención de someter a aprobación del Parlamento esas medidas, bien mediante enmiendas a la Ley de Medidas Urgentes contra la Sequía en su tramitación en el Senado o, de no contar con suficiente apoyo en la Cámara Alta, a través de una proposición de ley que presentaría el Grupo Popular en el Congreso.
Una parte de esas medidas servirán para aplicar las observaciones que ha hecho la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que detectó que está habiendo una sobreretribución en determinados casos.
Una de las medidas sería para revisar la retribución que reciben los operadores de la red de transporte y distribución durante el retardo que se produce entre la puesta en servicio de una instalación y el inicio de su retribución, por lo que ahora perciben un tipo de interés anual de más del 5 % en dos años, muy superior a los tipos de hoy en día en el mercado.
Otra de las medidas consistiría en corregir la valoración de determinados activos de las grandes distribuidoras, que la CNMC consideró que pueden estar sobrevalorados, y también se actualizarían los parámetros de retribución de las centrales de los sistemas extrapeninsulares después de las últimas pruebas para determinar la estructura de costes de generación de las distintas centrales en las islas.
Según explicó el ministro, en el caso de la corrección del tipo de interés que se paga por el retardo entre la puesta en marcha de una instalación y el inicio de su retribución, el sistema eléctrico podría ahorrar unos 100 millones, según estimaciones del Ministerio, y en el de los activos que pueden estar sobrevalorados unos 70 millones.
Por lo que se refiere a la retribución de las instalaciones de generación en las islas, el impacto sería de entre 15 y 20 millones de euros.
Además, el PP propondrá incorporar una habilitación para poder revisar la remuneración de determinados activos del sector gasístico, si la CNMC confirma que en la actualidad hay una sobrevaloración de ellos, con lo que su retribución podría rebajarse entre cero euros, si Competencia cree que su valoración es correcta, y un máximo de 50 millones, según estima el Ministerio.
En las enmiendas o en la proposición de ley del PP, también se incluiría un cambio normativo para que el coste de desmantelar las centrales nucleares pase de la empresa pública Enresa a las compañías propietarias, que contarían con la parte correspondiente del fondo que tiene la sociedad de gestión de residuos nucleares para financiar el cierre de las nucleares.
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