La política energética del Gobierno del PP se ha caracterizado por una inquina constante al autoconsumo. El PP ha puesto barreras y obstáculos a su desarrollo con una normativa conocida popularmente como “impuesto al sol”.
En febrero de 2016 las fuerzas políticas presentes en el Congreso, con excepción del PP y Foro Asturias, firmaron un acuerdo, impulsado por las organizaciones sociales que promueven un nuevo modelo energético, en el que se comprometían a impulsar el autoconsumo y derogar el “impuesto al sol”, un acuerdo que iba acompañado de un borrador de proyecto de ley.
En agosto de ese mismo año Ciudadanos registró como proposición de ley el acuerdo suscrito, sin avisar ni tener en cuenta al resto de grupos. Posteriormente el Gobierno vetó dicha proposición amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución según el cual las proposiciones que supongan “aumentos de los créditos o diminución de los ingresos presupuestarios” deben tener la conformidad del Gobierno. Ciudadanos dejó que la proposición decayera.
En vista de esto, en enero pasado, nuestro grupo parlamentario propuso al resto de grupos del Congreso, a excepción del PP e incluido Ciudadanos, volver a registrar la proposición de ley de fomento del autoconsumo de forma unitaria y con el aval de las organizaciones sociales autoras de la propuesta. Todos los grupos, incluido Ciudadanos, firmamos el acuerdo y lo hicimos público en rueda de prensa.
Para evitar el veto del Gobierno añadíamos una disposición en la que se decía, expresamente, que las medidas que implicaran una afectación para el presupuesto vigente no entrarían en vigor hasta el ejercicio presupuestario siguiente. Esta cláusula ha sido utilizada en parlamentos autonómicos y se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
El Gobierno nuevamente ha vuelto a vetar la proposición de ley de autoconsumo. ¿Qué se puede hacer para superar la disconformidad del Gobierno? Pues lo que se ha hecho esta legislatura en dos ocasiones, levantar el veto. La Mesa del Congreso, en la que el PP no tiene la mayoría, ha permitido con la conformidad del PSOE, UP-ECP-EM y de Ciudadanos, la tramitación de dos proposiciones vetadas por el Gobierno: la proposición de Ley Orgánica sobre la suspensión del calendario de implantación de la LOMCE y la proposición de ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. Por cierto, en estas dos proposiciones la entrada en vigor estaba prevista para el día siguiente a su publicación en el BOE.
El Gobierno ha recurrido estas decisiones de la Mesa ante el Tribunal Constitucional, pero el recurso no impide que ambas proposiciones se puedan seguir tramitando en el Congreso. La sorpresa ha sido que esta vez Ciudadanos se ha puesto del lado del Gobierno, impidiendo que la proposición de ley de autoconsumo que avaló pueda debatirse y tramitarse en el Congreso.
El veto del Gobierno a la Proposición de Ley de fomento del autoconsumo es abusivo e indignante, basado en absolutas falsedades sobre el impacto económico del autoconsumo y jurídicamente es arbitrario.
Una vez más el debate sobre la transición energética y la calidad democrática aparecen entrelazados.
El Gobierno veta la proposición de ley de autoconsumo, como ya ocurrió en el caso de la registrada por Ciudadanos, con el increíble argumento de que supondría una reducción del precio de la electricidad. Una vez más la política del Gobierno es hacer lo posible para mantener el precio de la energía elevado.
El ministro Nadal mantiene una actitud sectaria hacia el autoconsumo y las renovables. Sólo reconoce disminuciones sobrevaloradas de ingresos (impuestos, peajes por menor demanda) y en cambio no reconoce ningún impacto positivo, como una mayor recaudación fiscal y la creación de puestos de trabajo que supondría el incremento de la fabricación de paneles fotovoltaicos y su instalación. Así mismo tampoco contabiliza la reducción de las pérdidas en el transporte de la energía, la disminución de emisiones de CO2 y la reducción de las importaciones de combustibles fósiles.
El PP se opone al autoconsumo porqué supone un cambio de modelo energético basado en las renovables y en la energía distribuida que escapa al control de las grandes empresas eléctricas. Se opone al autoconsumo porqué supone la democratización del acceso a la energía.
¿Y por qué esta decisión afecta a la calidad de nuestra democracia? El veto es arbitrario, no es una decisión ajustada a derecho. El artículo 134.6 de la Constitución, como ya se ha dicho, estable que para la tramitación de una proposición de ley que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios se requerirá la conformidad del Gobierno. Pero, según la doctrina del Tribunal Constitucional, se refiere exclusivamente al “presupuesto en curso”. La propia Secretaria General del Congreso, en un informe de noviembre de 2016, certifica que la oposición del Gobierno a la tramitación de una proposición de ley debe referirse al presupuesto en vigor y no a los presupuestos futuros.
La posición de Ciudadanos es indignante y una prueba más del vasallaje de este partido al Gobierno del PP. Ciudadanos se comprometió públicamente con la tramitación de esta proposición de ley, firmó el compromiso de darle apoyo y participó en la rueda de prensa unitaria que realizaron las organizaciones sociales y los grupos parlamentarios. Es impresentable hacerse la foto para luego avalar el veto del Gobierno.
La posición de C’S trasciende esta proposición de ley, pues asume el objetivo del Gobierno de maniatar de pies y manos el Congreso, de momento ya se han vetado 23 proposiciones de ley.
Vetar el autoconsumo es vetar la transición a un nuevo modelo energético, es vetar el futuro y además degrada la democracia.
Josep Vendrell es portavoz de Energía de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados.
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