"México no le está dando la importancia que merece al medio ambiente", ha dicho Adriana Lobo, directora ejecutiva de World Resources Institute (WRI). Ejemplo de ello, dijo, es el recorte al presupuesto a la secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) planteado por el Ejecutivo federal, en un momento en que México ha asumido compromisos ambientales a escala mundial, explicó la directiva durante la presentación de una hoja de ruta para que el país alcance sus metas climáticas. De acuerdo con sus cálculos, el recorte propuesto por el Ejecutivo federal en el presupuesto de gastos para 2017 es de alrededor de 30%.
La hoja de ruta denominada Ocho Puntos de Acción para Alcanzar las Metas Climáticas de México fue elaborada por WRI, Energy Innovation y el Centro Mario Molina. El documento explica que la Semarnat es la agencia responsable de la implementación de las medidas encaminadas a cumplir con los compromisos y las metas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y que pueden alcanzarse mediante ocho planteamientos diseñados por las organizaciones.
El reporte señala que México se convirtió en el primer país en vías de desarrollo en presentar su contribución prevista a la Convención Marco al establecer dos metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): una meta no condicionada de reducir las emisiones de GEI en un 22%, por debajo de la línea de base para 2030, y una meta condicionada de reducirlas hasta en 36%, la cual depende de diversos factores.
El documento de las asociaciones civiles destaca que el gobierno mexicano debe reducir las distorsiones en la economía al introducir un precio del carbono y reducir de manera progresiva los subsidios a combustibles fósiles.
La Semarnat, en conjunto con las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, aumentan los esfuerzos hacia la implementación efectiva de la fijación del precio del carbono al incrementar el impuesto actual a dicho combustible, extender el impuesto al incluir al gas natural y planificar un proyecto piloto de comercio de emisiones, señala el reporte.
Añade que las dependencias “desarrollarán, considerando el progreso reciente, un plan para la desaparición de los subsidios restantes en la producción y uso de combustibles fósiles en México, asegurando al mismo tiempo la protección a los pobres”.
Otro punto de acción que las asociaciones plantearon es el de incrementar la capacidad y la eficiencia en el sector eléctrico, tanto en transmisión como en distribución. En este punto, el documento insta al gobierno federal a desarrollar y a implementar un esquema efectivo de colaboración entre las autoridades en energía “para evitar posibles disputas por tierras por donde pasan las líneas de transmisión”.
Insta además a la Secretaría de Hacienda a proporcionar incentivos económicos para cubrir la demanda de electricidad con energía solar fotovoltaica, por ejemplo, garantizando un impuesto de importación cero para paneles solares.
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