La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, ha manifestado que apelará la orden emitida por un juez de entregar la información solicitada por diputados opositores sobre el acuerdo con la estadounidense Chevron para explotar Vaca Muerta.
"YPF apelará la decisión de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento de hacer lugar a una acción de amparo presentada por el diputado nacional Manuel Garrido para acceder al acuerdo entre YPF y Chevron", dijo la petrolera en un comunicado.
Sarmiento hizo lugar este lunes a la acción de amparo iniciada por Garrido, de la opositora Unión Cívica Radical, y ordenó a YPF facilitar en el plazo de 10 días hábiles la documentación requerida en mayo pasado, cuando se inició la acción judicial.
La jueza consideró que los supuestos legales aducidos para denegar la solicitud de información deben ser interpretados en forma restrictiva en virtud del principio de máxima divulgación de la información pública, ya que YPF recibe aportes provenientes del sector público (el Estado tiene una participación del 51 %) y se le ha concedido la explotación de un bien nacional (los yacimientos).
YPF dijo en el comunicado que es un tribunal de alzada, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, la que tiene que resolver la apelación, pues ese tribunal ha rechazado ya un planteo idéntico al efectuado por Garrido, realizado por el senador opositor **Rubén Giustiniani. **La Cámara señaló en aquella oportunidad que "YPF debe recibir el tratamiento de una sociedad anónima", "no encontrándose alcanzada por el régimen de acceso a la información pública".
"Estas decisiones reafirman que todo lo actuado por YPF se encuentra dentro de la legalidad", aseguró hoy la mayor productora de hidrocarburos de Argentina. YPF sostuvo que "difundió oportunamente todos los aspectos materiales del contrato celebrado con Chevron", informando tanto a las Bolsas de Buenos Aires como a los reguladores de los mercados de Argentina y Estados Unidos.
Ocultar información
Desde la oposición, se acusa a la petrolera argentina y al Gobierno de ocultar información clave a través de supuestas cláusulas secretas, que según ellos, podrían haber condicionado la reforma de normas clave, como la Ley de Hidrocarburos.
El Gobierno argentino desmintió en varias ocasiones la existencia de tales supuestos pero reconoció que el acuerdo contiene "cláusulas de confidencialidad" ordinarias en este tipo de operaciones, ya que son empresas que cotizan en bolsa.
El acuerdo entre la petrolera argentina y la estadounidense fue firmado en 2013 para el desarrollo masivo de hidrocarburos no convencionales en el área Loma Campana (dentro de la gigantesca formación Vaca Muerta, en el suroeste argentino). El convenio supuso una inversión de 1.240 millones de dólares en una primera etapa piloto y 1.600 millones para la segunda fase, que se puso en marcha el pasado abril. El cronograma prevé un desembolso total de unos 16.000 millones de dólares para la explotación del 3 % de la superficie del yacimiento.
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