La investigación sobre el presunto fraude millonario en el sector de hidrocarburos centrado en la empresa Villafuel ha sufrido este jueves un giro significativo con la declaración del empresario Víctor de Aldama, principal investigado en el Caso Hidrocarburos. Aldama ha desmentido ante el juez Santiago Pedraz cualquier contacto con Manuel García Hernández, director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, desmontando así una de las piezas clave del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apuntaba a una supuesta “penetración” de la trama en altos niveles del Gobierno.
La UCO había basado parte de su hipótesis en la interpretación de metadatos de una conversación recuperada de una aplicación de mensajería, en la que aparecía un contacto con el nombre “Manuel García Maroto”. Los agentes llegaron a sugerir que ese alias pudiera corresponder al alto cargo del ministerio, lo que abría la puerta a deducir una intermediación indebida de Aldama para influir en la concesión de permisos administrativos a Villafuel.
Otro empresario
Sin embargo, la propia evidencia tecnológica desmonta esa suposición: el registro marcaba al interlocutor como “stranger” -usuario desconocido- seguido de un nombre que no coincide con el del director general de Energía.
Ahora, Aldama, ante el magistrado, ha confirmado que nunca ha tenido relación con García Hernández y que ese nombre aludía a otro empresario ajeno al caso, lo que desvincula la acusación implícita del alto cargo con la red investigada.
Según fuentes vinculadas al procedimiento, García Hernández, que también fue citado como testigo por el juez tras la inclusión de su nombre en el citado informe policial, ha sostenido en todo momento negar conocer a Aldama o mantener vínculo alguno con los investigados fuera del estricto ejercicio de su función pública.
Nuevos elementos y rectificaciones
Esta rectificación institucional se produce en un momento en el que la instrucción trata de depurar múltiples contactos y reuniones entre actores políticos y empresariales que la UCO había registrado como potenciales indicios de influencias irregulares para agilizar la tramitación de la licencia de operador mayorista de hidrocarburos concedida a Villafuel en septiembre de 2022.
El caso, que investiga un presunto fraude de IVA relacionado con operaciones de hidrocarburos por un valor estimado en centenares de millones de euros, ocupa al Juzgado Central de Instrucción número 5 desde hace meses y ha confluido en una serie de declaraciones de testigos y personas implicadas. Entre ellas, la de Marc Pons, exjefe de gabinete de la exministra Teresa Ribera, quien admitió ante el juez haber mantenido varios encuentros con Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, pero desvinculó esos contactos de cualquier gestión relacionada con Villafuel o la obtención de su licencia administrativa.
El desvanecimiento del supuesto contacto entre Aldama y García Hernández supone un alivio para el alto cargo del ministerio y obliga a los investigadores a replantear parte de sus tesis sobre la posible penetración de la red en las altas esferas del Gobierno. No obstante, la causa continúa abierta y siguen pendiente de valoración judicial otros indicios y testimonios que podrían arrojar luz sobre la estructura de la supuesta trama, el posible pago de comisiones y la obtención de licencias administrativas.
En paralelo, Aldama ha aprovechado su comparecencia para introducir ante la Fiscalía y el juez nuevos elementos de acusación que apuntan a supuestas irregularidades en la financiación de partidos políticos, aunque estos no forman parte principal de la instrucción por el fraude de hidrocarburos y están siendo analizados por los fiscales competentes en otras líneas de investigación.
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