Según los datos de la KBA, el año pasado se registró un total de 1,65 millones de vehículos eléctricos en Alemania, tras una reducción del 27 por ciento en las ventas de nuevos vehículos eléctricos en 2024. Este año mediocre significa que Alemania está atrasada en el cumplimiento de su objetivo de tener 15 millones de vehículos eléctricos en las carreteras del país para 2030.
El cambio hacia los coches eléctricos es la palanca central de Alemania para reducir las emisiones del transporte, pero la implantación de vehículos de bajas emisiones no ha sido precisamente sencilla. Tras la crisis presupuestaria de 2023, el gobierno puso fin abruptamente a su programa de subvenciones a los coches eléctricos y las ventas de vehículos eléctricos se desplomaron. Solo alrededor de uno de cada siete coches nuevos vendidos en Alemania era totalmente eléctrico, lo que hace que el objetivo de 2030 esté cada vez más lejos de alcanzarse.
En la actualidad, los vehículos totalmente eléctricos representan el 3,3 por ciento del parque automotor total del país, que asciende a más de 49 millones de turismos. De ellos, unos 44 millones siguen funcionando con diésel o gasolina. Los investigadores del think tank Agora Verkehrswende y Zukunft KlimaSozial han propuesto volver a introducir subvenciones escalonadas en función de los ingresos para apoyar especialmente a los hogares con rentas más bajas.
Otros países europeos tienen mercados más pequeños en términos generales, pero a veces una proporción mucho mayor de vehículos eléctricos. En Noruega, por primera vez el año pasado, superaron en número a los vehículos de gasolina, pero los modelos diésel siguieron siendo los más numerosos.
La Unión Europea ha fijado límites a las emisiones de CO2 de los vehículos de los fabricantes de automóviles y la venta de más vehículos eléctricos es una forma de cumplir los objetivos y evitar multas. El retraso en las ventas de vehículos eléctricos significa que fabricantes de automóviles como Volkswagen se enfrentan a multas de miles de millones de euros. Sin embargo, la Comisión Europea está dispuesta a proponer una flexibilización de las normas para dar "más margen de maniobra a la industria".
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