El Gobierno de La Rioja ha aprobadoel proyecto de ejecución y la utilidad pública de una línea eléctrica aérea para la evacuación de energía que se genere en la futura planta de generación por biomasa de Castañares de Rioja.
Este es uno de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno, de los que ha informado la portavoz del Ejecutivo regional, Begoña Martínez, en una conferencia de prensa.
Esta línea eléctrica es uno de los pasos que necesitaba la empresa británica ECO2 para poner en marcha esta planta, proyectada hace cuatro años, y en la que se prevé una inversión de cien millones de euros.
Se prevé construir una planta que generaría 40 megavatios por medio de la quema de biomasa, paja y sarmientos, principalmente.
Y para evacuar la electricidad generada necesitará una línea eléctrica, cuyo proyecto ha autorizado el Ejecutivo regional hoy, que tendrá una longitud de 7,5 kilómetros y atravesará los términos municipales de Castañares, Zarratón, Casalarreina y Haro.
La portavoz del Ejecutivo ha incidido en la incidencia económica de esta planta en toda La Rioja Alta, ya que se prevé que genere unos 200 puestos de trabajo, 80 de ellos de forma directa.
Además, sus promotores esperan que genere una inversión anual en biomasa de unos diez millones de euros, que repercutiría de forma directa en los agricultores de la zona.
También supondrá un importante beneficio medioambiental, ya que su actividad impedirá la emisión a la atmósfera de 250.000 toneladas de CO2.
La empresa tiene un año de plazo para desarrollar esta línea, desde que ocupe los terrenos necesarios, y paralelamente continúa con otros trámites para la puesta en marcha de la planta, ha precisado la portavoz del Ejecutivo riojano.
Por otro lado, el consejero de Empleo, Abel Bayo, ha informado de que el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy destinar 150.000 euros a los 34 centros especiales de empleo de la comunidad autónoma, en los que trabajan unas 700 personas, casi todas ellas con alguna discapacidad.
Esta cantidad se dedicará a financiar los costes laborales y de seguridad social de los trabajadores que tengan un contrato indefinido en unidades de apoyo de estos centros, es decir las formadas por técnicos de inserción laboral, terapeutas o rehabilitadores, entre otros profesionales.
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