El Gobierno de Aragón ha remitido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sus aportaciones a los procesos de consulta pública previos a la elaboración de sendas regulaciones del sector energético, donde, entre otras cosas, insta que permanezca operativa la Central Térmica de Andorra, en Teruel.
A través de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía, Industria y Empleo, el ejecutivo autonómico ha trasladado al ministerio su opinión de que el mantenimiento de la actividad de la Central Térmica de Andorra es "no sólo oportuno, sino absolutamente necesario".
En el documento se asegura que el cierre de la central supondría "la pérdida de una garantía de suministro para el sistema, más aún cuando en el horizonte parece atisbarse un principio de recuperación económica y por tanto de actividad industrial y mayores consumos energéticos".
Pero también el cierre de una unidad de producción que tiene el carbón a escasos kilómetros, "sin depender por tanto de suministros de importación sujetos a posibles desabastecimientos".
E inciden en la "gran repercusión" que para la economía de toda la provincia tiene la actividad minero-eléctrica, que genera en torno a 3.500 empleos directos e indirectos en un territorio con una de las menores densidades de población en Europa.
La Unión Europea obliga a ejecutar una serie de inversiones en la Térmica de Andorra para disminuir las emisiones contaminantes y, en caso contrario, fija la fecha de junio de 2020 para que mantenga su actividad.
En la consulta del ministerio se pregunta por los procedimientos que deberían seguirse en el supuesto de que el titular, en este caso Enel a través de Endesa, solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema.
El Gobierno de Aragón recuerda a este respecto que si Red Eléctrica Española (REE) considera que la continuidad de una central es necesaria para el sistema, el Ministerio puede denegar la solicitud de cierre.
Si no se consideran de esta forma, existen otras posibilidades, como la retribución de pagos por capacidad, de tal forma que la central continúe estando disponible a disposición de las necesidades del sistema.
Y también se puede llega a un acuerdo con la propietaria de la central para asumir los costes derivados de la "hibernación" de la misma, de tal forma que no tuviera repercusión negativa en su cuenta de resultados.
Aunque el ejecutivo reconoce que estas fórmulas "difícilmente" permitirían mantener el empleo actual en central o en las minas.
El Gobierno de Aragón echa de menos "la existencia de un mínimo corpus normativo elaborado previamente por el ministerio para poder opinar con mejor criterio".
El otro proceso de consulta previa al que se ha contestado hoy, de carácter mucho más técnico, se refiere a otro proyecto de real decreto para establecer el procedimiento de acceso y conexión en desarrollo de la ley del sector eléctrico, que en principio no afecta directamente al futuro de la Central Térmica de Andorra.
Sí le afectaría en cambio una tercera consulta previa abierta sobre una futura ley de cambio climático y transición energética.
El Gobierno de Aragón tiene de plazo hasta el 10 de octubre para presentar sus aportaciones.
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