El Gobierno ha aprobado un real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, que incluye la prórroga del alivio fiscal a los carburantes para los hogares y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado la continuidad del escudo para hogares y para empresas ante el impacto de la guerra en Oriente Medio, en línea con el proceso de desescalada del conflicto.
El titular de Economía ha puesto de relieve que las medidas desplegadas desde marzo hasta ahora han amortiguado el impacto de la guerra sobre los precios, aunque el Ejecutivo ha decidido la extensión de algunos puntos del escudo, ya que la incertidumbre se ha reducido pero persiste la volatilidad. "Los precios de la energía seguirán por encima de los niveles pre-guerra durante un tiempo", ha advertido.
En este contexto, el Gobierno ha mantenido ha mantenido el alivio al coste de la gasolina y del gasoil para los hogares, aunque se irá adaptando a la normalización de los mercados internacionales de los precios del crudo. "Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares", ha confirmado Cuerpo.
En concreto, se ha aprobado la reducción del impuesto especial a hidrocarburos, que supone una rebaja de 15 céntimos/litro, en julio; 10 céntimos, en agosto; 5 céntimos, en septiembre. Decae, eso sí, la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas.
Carburantes, gas y electricidad
No obstante, el Gobierno ha incluido una cláusula automática, de vuelta a los 20 céntimos por litro de apoyo, en caso de que el conflicto se recrudezca y la inflación de los carburantes vuelva a disparar. "Si el conflicto se recrudece, los precios vuelven a dispararse, la ayuda para hogares subiría directamente a 20 céntimos", ha aclarado Cuerpo.
De la misma manera, el Gobierno ha asegurado que revisará cada mes, de manera constante, la evolución con respecto al IPC del año anterior, y en el caso de haber variaciones que indiquen que está por encima del 15%, se activarán nuevamente las reducciones tanto para electricidad como para gas en función de ese resultado. En resumen, la cláusula de reactivación será para gasóleo, gasolina, gas y electricidad.
De su lado, se mantiene el descuento equivalente a los 20 céntimos/litro a los carburantes para los profesionales en el caso del sector primario y del sector del transporte. Además, en el caso de la agricultura, se le añaden 165 millones de euros adicionales de ayuda para la compra de fertilizantes a los 500 que ya estaban disponibles.
CNMC
Además, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha avanzado que la CNMC pondrá en marcha un sistema de seguimiento de los márgenes brutos de todas las estaciones de servicios, lo que "es importante para identificar los comportamientos anómalos".
"Se publicará la lista de aquellas estaciones que tengan comportamiento anómalo y, por otro lado, los consumidores podrán hacer reclamaciones a la vista de cualquier práctica anómala en estas estaciones de servicio", ha explicado la ministra, a pesar de que de los datos recabados hasta ahora solo se desprende el comportamiento anómalo en 52 estaciones de servicio.
El impuesto sobre la producción de energía
En cuanto a la fiscalidad energética, el titular de Economía ha anunciado la eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica. Esto se hará ajustando los tipos de manera progresiva.
El impuesto tenía un tipo del 7% este año 2026. En los dos trimestres que quedan ese tipo pasará a estar en el entorno del 5%, en el año 2027 en el entorno del 3,5% y en el año 2028 pasará a desaparecer.
"Lanzamos ya una señal estructural de desaparición del impuesto sobre la producción que nos demandaban los sectores. Es una medida costosa presupuestariamente pero creemos que es el momento adecuado para seguir reforzando esta señal de electrificación en nuestra economía", ha destacado.
De su lado, Aagesen ha explicado que se trata de una eliminación gradual en 18 meses que va a contribuir a abaratar de forma estructural a la factura de los hogares, también de los sectores productivos y de la industria.
"Una medida que también redunda en un despliegue facilitado de las energías renovables y hemos visto cómo en el pasado hemos aplicado medidas de manera transitoria de reducción, suspensiones temporales o minoraciones, pero por primera vez establecemos esa senda clara hasta el año 2028", ha destacado.
Aagesen ha señalado que la eliminación estructural del 7% tiene un impacto directo en la reducción de la factura de todos y cada uno de los consumidores, con un impacto que puede llegar hasta el 6%.
La producción industrial
Además, en lo que se refiere a los sectores electrointensivos la eliminación les hace más competitivos, lo que va a ayudar a que lleguen nuevas inversiones. "Inversiones en proyectos tan importantes como de hidrógeno renovable o de descarbonización industrial en favor de la electrificación", ha puesto de relieve la vicepresidenta.
El cálculo que le llega al Gobierno de la industria es que aumentará la producción industrial en 2.600 millones de euros anuales y se crearán unos 3.700 empleos.
Despidos
De igual forma, se prorrogan las condiciones a las empresas beneficiarias de las ayudas, manteniéndose la exigencia de Plan de Movilidad Sostenible para trabajadores y la prohibición de despido por causas derivadas del conflicto para empresas beneficiarias de ayudas vinculadas a la guerra.
Otra de las medidas que se incluyen en el real decreto-ley es la flexibilización para el despliegue de fondos de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según fuentes de Economía, se ha acordado permitir realizar las inversiones más allá de la fecha límite a finales de agosto de aquellos hitos que estén cumplidos pero para los que aún no se hayan completado las inversiones.
El primer Real Decreto-ley aprobado el pasado 20 de marzo ya estableció para todo 2026 el escudo social desplegado por el Gobierno, mediante los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico (42,5% para vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos), el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición del corte de suministros básicos (agua y energía) a hogares vulnerables.
En total, estas nuevas medidas, de tres meses de vigencia, supondrán un apoyo fiscal adicional de 1.825 millones en términos fiscales presupuestarios para el año 2026, a los que habría que sumarles otros 2.700 millones del descenso en recaudación para el 2027 y 2028 que supone esa eliminación progresiva del impuesto sobre la producción.
En cuanto a las medidas estructurales, para seguir acelerando la implantación de generación renovable y la producción de biogás con el máximo retorno socioeconómico para los territorios próximos a las instalaciones y con el mínimo impacto ambiental, se habilita al Organismo Nacional de Normalización (UNE) a desarrollar con normas técnicas el sello de excelencia social, territorial y ambiental que permite disfrutar de una tramitación preferente a los mejores proyectos.
Miguel A. A.
29/06/2026