El Gobierno ha aprobado el Real Decreto 731/2026, de 16 de septiembre, que establece un nuevo marco para identificar y acelerar las inversiones consideradas estratégicas para España. La norma crea el Comité de Inversiones Estratégicas y fija el procedimiento para otorgar esta consideración a proyectos que contribuyan a reforzar las capacidades productivas, tecnológicas y científicas del país, con especial atención a la autonomía estratégica, la seguridad económica, la transición energética y la reindustrialización.
El nuevo mecanismo llega en un momento de fuerte competencia por determinados recursos e infraestructuras. El propio real decreto señala que el despliegue de las energías renovables ha incrementado el atractivo de España para inversiones de elevado consumo eléctrico, como los centros de procesamiento de datos o los proyectos de hidrógeno renovable. El aumento de la demanda de acceso y conexión a la red puede tensionar la capacidad disponible en determinados nudos, por lo que el Ejecutivo plantea establecer una gobernanza reforzada que permita dar prioridad a las iniciativas con mayor impacto económico, social y ambiental.
Inversiones con mayor impacto económico
La declaración de Proyecto Estratégico de Inversión estará reservada a iniciativas empresariales o de colaboración público-privada que impliquen inversión o reinversión en España para mejorar sus capacidades tecnológicas, científicas o productivas y que presenten un interés público, social, ambiental o económico para el conjunto del país. También podrán incluirse las infraestructuras de red necesarias para ejecutar un proyecto que haya obtenido esta consideración.
El objetivo es concentrar la atención de la Administración en inversiones capaces de generar un impacto relevante sobre la economía española. Para ello, el Ejecutivo tendrá en cuenta tanto el volumen de inversión como el empleo generado, especialmente cuando se trate de puestos de trabajo altamente cualificados o de proyectos que permitan conservar y transformar capacidades industriales existentes. Las iniciativas vinculadas a tecnologías críticas para la seguridad económica europea y con un marcado componente de I+D+i podrán quedar exentas de los umbrales cuantitativos de inversión y empleo que se establezcan.
El refuerzo de la industria, entre las prioridades
Junto a estos factores, se valorará la contribución de cada proyecto a los objetivos industriales y energéticos de la Unión Europea, su impacto sobre la seguridad económica y la autonomía estratégica, y su capacidad para reforzar la producción nacional de bienes e insumos esenciales, críticos y estratégicos. También tendrán peso la digitalización, la transformación tecnológica y los proyectos destinados a reindustrializar territorios afectados por la pérdida de actividad o empleo.
En la evaluación definitiva se analizará además la solidez y el grado de avance del plan de negocio, el impacto ambiental, el esfuerzo en innovación y la capacidad del proyecto para generar una cadena de valor y un ecosistema económico o científico-tecnológico alrededor de la inversión. El procedimiento tendrá también en cuenta el impacto socioeconómico en el territorio, la cohesión territorial, la formación y recualificación de trabajadores y la inclusión social.
La norma concede asimismo un tratamiento específico a determinadas inversiones consideradas prioritarias en el ámbito comunitario, entre ellas los proyectos vinculados a tecnologías de cero emisiones netas y a las materias primas fundamentales. También se tendrán en cuenta iniciativas reconocidas como Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IPCEI), Proyectos de Interés Común (PCI) o Proyectos de Interés Mutuo (PMI), así como aquellas que cuenten con el sello de soberanía de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) o con determinados mecanismos de financiación europea.
El encargado de analizar estas inversiones será el nuevo Comité de Inversiones Estratégicas, un órgano interministerial adscrito a la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de la Presidencia del Gobierno. Estará integrado por representantes de distintos ministerios y organismos públicos y tendrá entre sus funciones evaluar las solicitudes, proponer la metodología de valoración y realizar el seguimiento de los proyectos que obtengan la declaración estratégica.
Un procedimiento en dos fases
La decisión definitiva corresponderá a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Comité. El procedimiento se dividirá en dos etapas para tratar de reducir la carga administrativa y descartar desde una fase temprana aquellos proyectos que no alcancen los requisitos mínimos.
La primera será la declaración previa, que deberá resolverse en un plazo de un mes. En esta fase se comprobará que el proyecto cumple las condiciones de elegibilidad y se valorarán cuestiones como el volumen de inversión, el empleo, su alineamiento con las prioridades estratégicas y su solvencia técnica y económica. La obtención de esta declaración permitirá al promotor avanzar hacia la consideración definitiva.
La segunda etapa profundizará en las características y efectos de la inversión. Se estudiará su contribución a la seguridad económica y la autonomía estratégica, el impacto ambiental y socioeconómico, el grado de innovación y las medidas de apoyo que pueda necesitar. La Comisión Delegada tendrá un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud para resolver el procedimiento.
Prioridad en los incentivos regionales
La declaración podrá incorporar medidas de apoyo destinadas a facilitar la ejecución del proyecto. Los promotores deberán justificar las necesidades que planteen y el Comité evaluará su proporcionalidad, eficacia y viabilidad. Entre los efectos previstos se encuentra la prioridad en la tramitación de incentivos regionales para las inversiones declaradas estratégicas, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la normativa correspondiente. La consideración estratégica no sustituirá, en ningún caso, las autorizaciones administrativas que sean necesarias.
El real decreto establece asimismo un sistema de seguimiento para comprobar que las inversiones se desarrollan de acuerdo con los compromisos asumidos. Los cambios de titularidad y las variaciones superiores al 10% en el empleo comprometido o en el volumen de inversión previsto deberán comunicarse previamente al Comité. En caso de incumplimiento, falseamiento u ocultación de información relevante, podrá iniciarse un procedimiento para revocar la declaración y retirar las medidas de apoyo asociadas.
El nuevo órgano no supondrá un aumento del gasto público, ya que funcionará con los medios personales y materiales de los ministerios y organismos que lo integran. El Comité deberá constituirse en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del real decreto, mientras que la Comisión Delegada dispondrá también de un mes desde su publicación para aprobar el baremo y la metodología con los que se evaluarán las inversiones.
El Gobierno enmarca este nuevo instrumento en la estrategia europea para reforzar la industria y reducir las vulnerabilidades de las cadenas de suministro. El real decreto se alinea con las iniciativas comunitarias sobre materias primas fundamentales y tecnologías de cero emisiones netas, así como con el Pacto por una Industria Limpia y la propuesta de Ley de Aceleración Industrial.
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