Argentina pide a la Justicia de EEUU frenar la petición de información en el litigio por YPF

El Gobierno argentino reclamó ante la Justicia de Estados Unidos frenar los pedidos de información en el litigio por la expropiación de la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), al denunciar que el proceso de búsqueda de material se transformó en una herramienta de hostigamiento contra el Estado soberano, según informó este miércoles la Procuración del Tesoro argentino.

“El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de 'discovery' (proceso judicial de búsqueda de información) intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y las relaciones internacionales”, informó en un comunicado el máximo órgano de asesoramiento jurídico del Ejecutivo del país suramericano.

La solicitud fue presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, y busca dejar sin efecto el pedido de los demandantes para que Argentina sea declarada en desacato.

Según la Procuración, los requerimientos formulados son “cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”.

En el comunicado oficial, el organismo afirmó que, desde la asunción del Gobierno del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023, Argentina cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal y realizó "un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información requerida", con un volumen de documentación que superó las 115.000 páginas.

YPF

Indicó que, a pesar de ello, en las últimas semanas, Burford - fondo de litigios británico que adquirió los derechos de juicio contra Argentina por la estatización de YPF en 2012- "escaló la presión mediante una solicitud de declaración de desacato y un pedido sobre las reservas de oro del BCRA (Banco Central de la República Argentina)".

La Procuración consideró el pedido improcedente por tratarse de activos protegidos por la inmunidad de ejecución y subrayó que los fondos querellantes manifestaron de forma explícita su objetivo de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica de la Argentina.

La nacionalización de YPF fue dispuesta por el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y aprobada por el Parlamento argentino en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51% de la petrolera, entonces en manos de la española Repsol.

El caso en los tribunales de Nueva York se inició en 2015, cuando Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España que quebraron.

En 2023, Preska condenó al Estado argentino a pagarles 16.100 millones de dólares -que, con intereses, asciende actualmente a unos 18.000 millones de dólares- y en junio de 2025 ordenó a Argentina ceder a las firmas litigantes su participación del 51% en la petrolera, medida también apelada por el país suramericano.

A finales de octubre pasado, Argentina reafirmó ante la Corte de Apelaciones de Nueva York que la jurisdicción para resolver el litigio por la nacionalización de YPF no es Estados Unidos sino el propio país suramericano.