A partir del próximo lunes 1 de enero, los hogares y microempresas de España verán implementada una nueva fórmula de cálculo en la tarifa eléctrica regulada, conocida como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Este cambio, respaldado por el Consejo de Ministros en el Real Decreto 446/2023 y en vigor desde el 1 de enero de 2024, afectará a alrededor de 8,5 millones de consumidores, aproximadamente un tercio de los hogares en el país.
La modificación se llevará a cabo de manera automática, sin intervención directa por parte de los consumidores, quienes verán reflejada la nueva fórmula de precio de la energía en las facturas emitidas por las compañías eléctricas a partir del año nuevo. Este cambio sustituirá la metodología anterior, que estaba completamente indexada al mercado mayorista diario, introducida por la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y regulada en el Real Decreto 216/2014.
La principal novedad de esta reforma es la incorporación parcial de señales de precio a largo plazo en la fórmula de cálculo. Desde el 1 de julio pasado, las comercializadoras de referencia han estado adquiriendo a plazo parte de la energía que la tarifa PVPC consumirá en 2024. Esto tiene como objetivo impulsar la contratación de electricidad en los mercados a plazo, proporcionando así una mayor estabilidad en las facturas de hogares y microempresas españolas y evitando episodios de fuerte volatilidad, como los experimentados durante los primeros meses de la guerra de Ucrania.
Desindexación
La desindexación parcial de los mercados al contado mediante la incorporación de referencias de los mercados de futuros será gradual, representando el 25% en 2024, el 40% en 2025 y el 55% en 2026. Esto, según expertos, proporcionará a los consumidores una mayor estabilidad en los precios finales de la electricidad, al tiempo que no alterará las señales de precios que orientan la demanda hacia las horas de menor consumo.
A pesar de los precios elevados en los mercados mayoristas de electricidad a lo largo de 2023, medidas como el 'mecanismo ibérico', implementadas tras el conflicto en Ucrania han llevado a una reducción significativa del 40,5% interanual en la factura del consumidor tipo. La factura eléctrica mensual que se situó en una media de 75,58 euros en 2022, descendió a 44,97 euros en 2023.
Bono social
Es importante destacar que tener la electricidad contratada en el mercado regulado es un requisito esencial para beneficiarse del bono social eléctrico. Más de 1,5 millones de hogares (cerca de 4 millones de personas) se benefician de esta medida de protección, estructurada en tres categorías: vulnerables, vulnerables severos y, temporalmente, hogares trabajadores con bajos ingresos —categoría incluida en el RDL 18/2022—, percibiendo actualmente una rebaja del 40% en sus facturas eléctricas.
Además, esta misma semana, tanto la rebaja para este colectivo como la ampliación de los descuentos para consumidores vulnerables y vulnerables severos –que pasaron del 25% al 65% y del 40% al 80%, respectivamente– han sido prorrogadas por el Real Decreto-ley 8/2023, hasta el próximo 30 de junio de 2024.
Pequeñas y medianas empresas
Sin embargo, en el otro lado de la balanza, la reforma de la PVPC sí que afectará a un total de 40.000 negocios acogidos a esta modalidad, ya que tendrán que cambiar sus contratos de la luz.
La nueva regulación obligará a que pequeñas y medianas empresas (pymes y micropymes) que empleen alrededor de 10 y 240 personas busquen una nueva comercializadora en el mercado libre.
Lutxo
30/12/2023