El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para el periodo 2021-2030, que era "uno de los compromisos" que el Ejecutivo adoptó cuando a finales del mes de enero se aprobó la declaración de emergencia climática y ambiental, según ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha señalado que se trata de una "herramienta" cuyo principal objetivo es tener un país "menos vulnerable, más seguro y resiliente a los efectos del cambio climático". Además, ha defendido que el Plan Nacional de Adaptación está "en absoluta coherencia" con las propuestas de España en los fondos de recuperación y cuenta con un "gran consenso" de todas las administraciones sobre la necesidad de adaptarse a los riesgos derivados del cambio climático.
"Se trata de incorporar algunas variables como la lucha contra la desigualdad o la monitorización de indicadores que evalúan la eficacia de las medidas que se van adoptando para recuperar nuestro planeta en la medida de lo posible", ha explicado Montero.
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81 LÍNEAS DE ACCIÓN
El plan aprobado en la reunión del Ejecutivo define 81 líneas de acción en distintos sectores socieconómicos de España, que están organizados en 18 ámbitos, como la salud humana, el agua y los recursos hídricos, el patrimonio natural, la biodiversidad y las áreas protegidas, costas y medio marino, protección forestal, lucha contra la desertificación, agricultura y ganadería o seguridad alimentaria.
El Plan, que la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció hace 15 días que era "inminente", forma parte del paquete normativo del Gobierno para luchar contra la emergencia climática.
Las medidas de adaptación buscan evitar o reducir los riesgos económicos, sociales, ecológicos y favorecer una preparación mejor para recuperarse del cambio climático, de modo que el Plan es un "instrumento de planificación" para identificar las mejores orientaciones para los distintos sectores y lograr un país menos vulnerable y más resistente ante el cambio climático.
En declaraciones a los medios con motivo de la aprobación del plan nacional de adaptación, Ribera ha dicho que una de las prioridades para "hacer las cosas bien" contra la emergencia climática es precisamente el plan de adaptación al cambio climático, del que ha destacado la amplia participación con que se ha elaborado y considera que será una herramienta fundamental en este contexto de recuperación en el que España se plantea qué futuro quiere para la generación presente y para la futura.
En ese sentido, ha destacado que "la acción climática no es un comportamiento estanco, sino que se integra como eje vertebrador de las acciones europeas en el contexto de la recuperación post COVID" y supone el esquema nacional para la gestión del riesgo, al tiempo que confía en que dará certeza a los inversores y permitirá orientar mejor la recuperación económica.
En definitiva, a su juicio, contribuirá a generar un sector primario más resiliente, cohesionar y vertebrar el medio rural, a prepararse para un turismo de más calidad, crear infraestructuras más seguras y recuperar la biodiversidad".
En esa línea, prevé que se evitarán y minimizarán los daños del cambio climático, se aportará más estabilidad económica y social y nuevas oportunidades ya que las inversiones en una adaptación planificada, pueden crear nuevas actividades económicas y posibilidades de empleo y reducir la incertidumbre asociada al cambio del clima.
El Plan que se aprobará previsiblemente este martes incluye 81 líneas de acción en los distintos sectores socioeconómicos del país organizadas en 18 ámbitos de trabajo para el periodo 2021-2030.
Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la temperatura media en el conjunto de España ha subido alrededor de 1,7 grados centígrados desde la época preindustrial (1ºC en el conjunto del planeta), el verano se ha alargado cinco semanas con respecto a comienzos de la década de los ochenta y la extensión de zonas con clima semiárido ha aumentado más de 30.000 kilómetros cuadrado en un plazo de 20 años.
El nuevo plan reforzará de los instrumentos de información y seguimiento de las políticas públicas de adaptación, incluyendo informes sobre riesgos climáticos y, por primera vez, 30 indicadores que deberá aportar una visión dinámica de los efectos derivados del cambio climático y los progresos obtenidos en materia de adaptación.
Asimismo, plantea también siete líneas de trabajo transversales en materia de vulnerabilidad territorial y social; efectos transfronterizos del cambio climático; enfoque de género; prevención de la mala adaptación e incentivos perversos; costes y beneficios de adaptación e inacción y orientación a la acción.
El primer borrador del plan se sometió a información pública del 4 de mayo al 30 de junio, un periodo en el que se recibieron más de 1.500 observaciones de 182 organizaciones y personas. A continuación, el borrador del plan fue sometido a la consideración de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, el Consejo Nacional del Clima y el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
El documento aprobado forma parte de los instrumentos de planificacion en materia de energía y clima orientados conjuntamente a evitar o reducir los peores efectos del cambio climático, entre los que destacan el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia a Largo Plazo para una Economía Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050 y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Los tres documentos incluyen la adaptación al cambio climático y poseen conexiones con el nuevo PNACC.
Turbomotor2000
23/09/2020