La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Teresa Ribera, ha señalado este miércoles que la UE aún no se encuentra en un escenario que requiera medidas de emergencia ante el encarecimiento de la energía, aunque ha subrayado que el bloque cuenta con herramientas para reaccionar si la situación se deteriora.
"No estamos ahí todavía, pero si llegara ese momento tendremos que recurrir a la experiencia de la crisis anterior", ha afirmado Ribera, que ha recordado que los Estados miembro todavía disponen de margen dentro de las normas europeas de ayudas de Estado para apoyar a determinados sectores si el coste de la energía vuelve a tensionarse.
En concreto, ha indicado que estas posibilidades podrían utilizarse para aliviar el precio de la electricidad de las industrias con mayor consumo energético, una de las áreas más sensibles ante eventuales repuntes en los mercados.
Unos instrumentos a los que, según ha recordado, la Comisión ya recurrió durante crisis recientes, como la pandemia o el impacto económico derivado de la guerra en Ucrania, cuando Bruselas adoptó marcos temporales que permitieron a los gobiernos conceder apoyo público a empresas afectadas.
"La buena noticia es que hemos aprendido de crisis anteriores: sabemos cómo intervenir de manera menos distorsionadora, utilizar la fiscalidad y facilitar apoyo directo a los hogares y a las empresas", ha añadido.
Aunque ha señalado que es "demasiado pronto para saber cuál será exactamente la respuesta", Ribera ha subrayado que cualquier actuación deberá respetar varios principios básicos, entre ellos no alterar las señales económicas a largo plazo ni frenar la transformación del sistema energético europeo.
Medidas energéticas de emergencia
Según ha explicado, modificar elementos estructurales como el precio del carbono o el funcionamiento de los mercados podría ralentizar la transición energética y generar incertidumbre entre los inversores.
En este sentido, ha defendido que, ante posibles tensiones en los mercados energéticos, la prioridad debe ser preservar el marco regulatorio existente y adaptar dentro de él los instrumentos disponibles para proteger tanto a ciudadanos como a empresas.








Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios