El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, ha anunciado que el Gobierno regional reclamará, vía enmienda de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, una mayor compensación por los costes indirectos de CO2, que supondrá un aumento de esta partida en más de cien millones de euros.
Estas ayudas tienen por objeto la compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad.
En declaraciones a los periodistas antes de participar en la reunión de la concertación social, Pola ha explicado que en un análisis de las distintas partidas de los ministerios de Industria y para la Transición Ecológica se ha apreciado una "insuficiente dotación" para los conceptos de compensación de los costes indirectos de CO2 en los ejercicios 2017 y 2018 que ahora están pendientes.
Por ello, el consejero ha apuntado que el Principado reclamará vía tramitación presupuestaria a través del grupo Socialista en el Congreso, "una compensación adecuada" de los costes añadidos que tuvieron algunas industrias en los ejercicios 2017 y 2018 por las políticas climáticas de la Unión Europea.
En relación a los costes indirectos de CO2, ha indicado que han comprobado que dentro del PGE hay una partida en el Ministerio de Industria dotada con 11,3 millones, otra en el del Ministerio para la Transición Ecológica, de 31,9 millones y una disposición adicional, que contempla 80 millones para estas finalidades
En principio, ha subrayado, la compensación de costes indirectos pendiente de abono del ejercicio 2017 se sitúa alrededor de 62 millones, salvo de alguna precisión que se puedan hacer con posterioridad en los cálculos".
Además, según la estimación que ha realizado el Gobierno regional, considerando el precio medio de los derechos de emisión de CO2 en el ejercicio 2018 para compensar los costes en 2018 se estaría hablando de unos 167 millones.
"Pediremos que se articule un incremento presupuestario para contemplar una adecuada cobertura a estas compensaciones de CO2 para ambos ejercicios", ha recalcado.
En relación al estatuto de la industria electrointensiva, Pola ha señalado que el Gobierno regional y los sindicatos han instado al Ejecutivo central a que este acabado antes de que termine el plazo de seis meses previstos.
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