Ayuso contraataca al Gobierno para frenar el RD de centros de datos en el Consejo de Estado

La Comunidad de Madrid ha solicitado el trámite de audiencia con el Consejo de Estado ante las graves consecuencias que el Real Decreto del Gobierno sobre centros de datos supondrá para la industria, la inversión y el empleo en la región, en donde podrían peligrar hasta 26.000 millones de euros en inversiones y más de 14.000 puestos de trabajo.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha denunciado que el nuevo borrador de Real Decreto del Gobierno sigue siendo discriminatorio hacia la industria de los centros de datos y sigue sin solucionar los problemas de inseguridad jurídica que presentaba el texto original. “Es una reglamentación muy restrictiva que ahuyentará las inversiones hacia otros países europeos donde el marco regulatorio sea menos exigente”.

“Con estos cambios, el Gobierno ha querido hacer un guiño al sector renovable, pero ha dejado desprotegida a toda la industria, obviando que son la base real de la transformación digital. Los centros de datos son el pilar de la economía digital. No habrá economía digital sin centros de datos”, ha señalado

 Demasiada incertidumbre

Sobre los requisitos energéticos que exige el Gobierno central, asegura que repercutirían en inversiones multimillonarias para las compañías, en un encarecimiento de los precios de la electricidad y en un aumento de los vertidos renovables. “Los centros de datos operan 24 horas al día y las renovables solo tienen capacidad para cubrir 2.000 horas al año. Para cumplir con el nuevo decreto sería necesario sobredimensionar el parque renovable e instalar ingentes cantidades de almacenamiento”.

A esto se suma la incertidumbre que genera la exigencia introducida en el nuevo borrador, por la cual estas infraestructuras se deben acoger voluntariamente al sistema SRAP (Sistema de Reducción Automática de la Potencia), mediante el cual Red Eléctrica puede desconectarles del sistema en cualquier momento.

Finalmente López-Valverde asegura no entender por qué al sector de los centros de datos no se le exigen los mismos requisitos que a los proyectos europeos estratégicos, como la Gigafactoría de IA, que son mucho más favorables.