El sector de los centros de datos mantiene su rechazo al proyecto de real decreto que establecerá los requisitos de sostenibilidad de estas instalaciones y se prepara para recurrir a todas las vías legales disponibles, incluida la judicial, si el Gobierno aprueba la norma en su redacción actual. Las modificaciones incorporadas en la última versión del texto, remitida al Consejo de Estado, no han convencido a los operadores, que advierten de que las obligaciones energéticas y de eficiencia pueden dificultar tanto el desarrollo de nuevos proyectos como la explotación de las instalaciones existentes.
La principal discrepancia se centra en la alternativa que el Ejecutivo ha introducido para flexibilizar temporalmente las exigencias de suministro renovable. El proyecto conserva la posibilidad de acreditar una cobertura del 80% con nueva generación renovable en términos horarios, pero permite acogerse durante un periodo transitorio de cinco años a porcentajes inferiores. Esta segunda opción, sin embargo, queda condicionada a la participación en el mecanismo de reducción automática de la demanda eléctrica, una exigencia que el sector considera incompatible con las necesidades operativas de los centros de datos.
Servicios de manera continuada
Estas infraestructuras deben mantener sus servicios de forma continuada, por lo que una reducción forzosa del consumo podría comprometer su funcionamiento y obligar a activar sistemas de respaldo, incluidos generadores diésel. Los operadores cuestionan así una solución que, a su juicio, podría llevarles a recurrir a tecnologías que la propia regulación pretende desincentivar. También advierten de la incertidumbre asociada al mecanismo, ya que no pueden anticipar cuándo se producirían las desconexiones, cuánto durarían ni con qué frecuencia se activarían. A ello añaden que no tienen garantizada una compensación económica por reducir su demanda.
Las objeciones afectan igualmente a los requisitos de eficiencia energética. El texto contempla una flexibilización inicial del indicador PUE, que mide la relación entre el consumo total de un centro de datos y la electricidad utilizada por sus equipos informáticos. Durante la fase transitoria se permitiría un valor de 1,25, frente al objetivo de 1,15. Sin embargo, las fuentes sectoriales consideran que esta concesión no resuelve las dificultades de unas instalaciones que necesitan refrigerar equipos de elevada demanda energética y que operan en condiciones climáticas cada vez más exigentes, especialmente en el sur de Europa.
Otro de los aspectos que el sector pide revisar es la relación entre las obligaciones energéticas y las de consumo de agua. Los operadores sostienen que ambas variables deben evaluarse de manera conjunta, puesto que las tecnologías de refrigeración que reducen la utilización de recursos hídricos pueden incrementar las necesidades eléctricas. Esta tensión resulta especialmente relevante durante los meses de más calor, cuando aumenta la exigencia de refrigeración. A su juicio, establecer límites independientes para ambos recursos puede dificultar la elección de soluciones técnicas capaces de satisfacer simultáneamente los objetivos regulatorios.
La incertidumbre se extiende a los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica. El proyecto contempla la posibilidad de perder estos derechos en caso de incumplimiento de los requisitos, una consecuencia que los operadores consideran especialmente delicada por el volumen de capital comprometido en este tipo de instalaciones. Las inversiones pueden alcanzar cientos o miles de millones de euros y están concebidas para infraestructuras con una vida operativa de entre 15 y 20 años. Por ello, el sector considera que las medidas transitorias previstas no ofrecen suficiente seguridad para planificar proyectos de tan largo recorrido.
En el plano regulatorio, las empresas también cuestionan que la nueva versión haya incorporado suficientemente las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Reclaman que el organismo vuelva a examinar el texto, especialmente en lo relativo al mecanismo de reducción de demanda, al considerar que esta condición introduce obligaciones sustanciales que no pudieron valorarse en los mismos términos durante las fases anteriores de la tramitación.
Abandono de la vía de urgencia
Las críticas alcanzan asimismo al procedimiento administrativo. Los operadores reclaman abandonar la vía de urgencia, que consideran inadecuada para una regulación con efectos duraderos sobre la inversión y la planificación energética. Además, sostienen que determinadas disposiciones deberían haberse notificado a la Comisión Europea a través del procedimiento de información sobre reglamentaciones técnicas y reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información. Según su interpretación, la tramitación urgente habría permitido prescindir de este examen, que consideran pertinente por las implicaciones de la norma para los servicios digitales y el mercado interior.
El sector también denuncia un posible trato desigual entre los operadores privados y determinadas infraestructuras públicas. En concreto, cuestiona las excepciones que, según su interpretación, podrían beneficiar a proyectos como la gigafactoría de inteligencia artificial promovida por el Gobierno en Tarragona. Las empresas consideran que esta diferencia de trato debe aclararse y la incluyen entre los argumentos que podrían sustentar su oposición jurídica al proyecto.
Con estos elementos sobre la mesa, los operadores mantienen abierta la posibilidad de acudir a los tribunales si el Ejecutivo no modifica las disposiciones que consideran más problemáticas. Su objetivo es evitar que la norma entre en vigor en unas condiciones que, a su entender, no ofrecen garantías suficientes para compatibilizar las exigencias de sostenibilidad con la continuidad del servicio y la viabilidad económica de las inversiones.
Oscar Maqueda
28/10/2026