Brasil confía en privatizar en 2022 pese al revés en el proceso

El Gobierno brasileño confía en que privatizará en el primer semestre de 2022 el gigante Eletrobras, la mayor empresa eléctrica de América Latina, por cuya venta el Estado podrá obtener unos 12.000 millones de dólares, pese al revés que sufrió el proceso esta semana, informaron fuentes oficiales este jueves.

"Creemos que los reguladores aprobarán el proceso en la fecha prevista y que estamos dentro del cronograma, por lo que podremos iniciar el proceso de capitalización de Eletrobras en el primer semestre del próximo año", dijo el ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Brasil, entre los cuales la agencia Efe.

Pese a la confianza del Gobierno, el cumplimiento de las fechas quedó amenazado después de que el magistrado Aroldo Cedraz, uno de los miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), suspendiera el miércoles el análisis de proceso de privatización en el organismo fiscalizador del Congreso.

Cedraz, instructor del proceso, retiró el análisis del caso de la pauta de discusiones del TCU poco antes del inicio de la sesión del miércoles en el que sería abordado, con el argumento de que aún tiene que hacer ajustes a su informe final.

En caso de que el magistrado no concluya su informe y el mismo no sea aprobado antes del 15 de diciembre, cuando el tribunal tendrá su última reunión este año antes de entrar en receso, el proceso sólo podrá ser analizado en febrero del próximo año, con lo que difícilmente la privatización se producirá antes de las elecciones de octubre de 2022.

"Por ahora estamos cumpliendo toda la agenda, pero las próximas deliberaciones del Consejo Nacional de Política Energética sobre la capitalización dependen de que el proceso sea aprobado por el Tribunal de Cuentas", admitió el ministro.

"El propio instructor nos garantizó que entregará el informe antes del 15 de diciembre y confiamos en que ese mismo día el proceso será aprobado por el tribunal, por lo que seguiremos dentro del cronograma", agregó.

De acuerdo con la ley aprobada por el Congreso en junio pasado, el Gobierno podrá privatizar Eletrobras mediante la emisión de nuevas acciones de la estatal que serán vendidas en bolsa en una subasta en la que el Estado no participará.

Según cálculos provisionales, la privatización de Eletrobras, a través de ese proceso de capitalización, podría revertir al Estado brasileño unos 12.000 millones de dólares y reducir su participación en la empresa del actual 60 % hasta un 45 %.

La privatización de Eletrobras estaba estancada en el Congreso desde el Gobierno de Michel Temer (2016-2018), pero el actual presidente, el líder ultraderechista Jair Bolsonaro, se empeñó en darle un nuevo impulso, dentro de su ambiciosa agenda de privatizaciones y concesiones de activos públicos.

Eletrobras, mayor empresa de energía de Latinoamérica y responsable por un tercio de la generación en Brasil, posee cerca de la mitad de las líneas de transmisión del país, con una extensión sumada de más de 70.000 kilómetros de tendidos eléctricos, y una capacidad instalada de generación de unos 50.000 megavatios (MW).

Albuquerque afirmó que el aumento de la participación de empresas privadas en el sector es necesario para que Brasil pueda superar la actual crisis hídrica, la mayor en los últimos 91 años y que redujo el nivel de las presas de las hidroeléctricas a niveles mínimos.

Ante la reducción de la generación de las hidroeléctricas, responsables de más del 80 % de la energía de Brasil, el Gobierno tuvo que poner en funcionamiento sus plantas térmicas, que generan una electricidad más cara y contaminante.

"Las medidas que adoptamos hasta ahora nos permitieron evitar un racionamiento o un posible apagón en el país. Con el inicio del período húmedo en los últimos meses del año las condiciones mejoraron pero aún tenemos que esforzarnos para evitar un racionamiento en 2022", afirmó.

Albuquerque agregó que, con la mejoría de la capacidad de generación de las hidroeléctricas, el Gobierno ya ordenó la reducción de la producción en algunas térmicas, por lo que espera que los consumidores paguen tasas de energía más bajas en 2022.