Bruselas electrifica con una mano y afloja el carbono con la otra

Mientras escribo estas líneas, el precio del petróleo vuelve a moverse al compás de cada sobresalto en el estrecho de Ormuz, uno de los grandes cuellos de botella energéticos del planeta, por donde pasa en torno a una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo. En lo que va de año, el Brent ha viajado de unos 70 dólares a rozar los 120 y desplomarse otra vez, y cada ataque a un petrolero acaba, semanas después, en la factura de la luz y del gasóleo de los hogares y las fábricas españolas. No es un fenómeno nuevo: es el mismo mecanismo que disparó los precios tras la invasión rusa de Ucrania. Europa importa su vulnerabilidad.

Conviene decirlo sin rodeos: es una pena que haya tenido que estallar una crisis de este calibre para que la UE recuerde algo que ya sabíamos, y que Europa solo se tome en serio la necesidad imperiosa de electrificarse y ganar independencia energética cuando salta un conflicto que amenaza su suministro (primero Ucrania, ahora Ormuz). La independencia basada en energía limpia, propia y asequible no es una consigna ecologista: es, sencillamente, una cuestión de soberanía.

En ese contexto, la Comisión Europea presentó el pasado 17 de julio dos piezas llamadas a marcar la próxima década: el Electrification Action Plan, la primera estrategia europea específica para electrificar la economía, y una revisión del mercado de derechos de emisión (el EU ETS). Aparecieron el mismo día y, sin embargo, apuntan en direcciones sorprendentemente distintas.

El Plan de Electrificación es, en lo esencial, una buena noticia. Reconoce por fin que electrificar no es una apuesta de futuro, sino la herramienta más eficaz para reducir emisiones, abaratar la factura y soltar el lastre de los combustibles importados. Es un buen paso, aunque, como defendemos desde ECODES, convendría que el objetivo para 2040 pasara de indicativo a vinculante, se elevara al menos al 50 % y que la electrificación se definiera como renovable, sin colar la nuclear ni el gas por la puerta de atrás. Para la industria trae instrumentos potentes: un Banco de Descarbonización Industrial de 100.000 millones de euros, el objetivo de que la electricidad no cueste a las fábricas más del doble que el gas en 2030 y el reconocimiento de que el acceso a la red eléctrica es hoy un cuello de botella de primer orden.

Excesiva regulación

Y ahí es donde el Plan y el mercado de carbono se juegan su credibilidad: en la industria intensiva en energía. Los sectores difíciles de descarbonizar (la química, la cerámica, los fertilizantes y, como casos de manual, el acero y el cemento) no se transforman cambiando sin más gas por electricidad. En el cemento, más de la mitad de las emisiones no salen del combustible, sino de calcinar la caliza para fabricar clínker, que libera CO₂ aunque el horno funcione con electrones. Y no es un problema abstracto para España: es el segundo mayor productor de cemento de la UE por capacidad instalada (más del 15 % del total europeo) y dos de sus plantas figuran entre las treinta más contaminantes del continente, con un coste en salud y medio ambiente estimado en 205 millones de euros al año, según el informe Cement it Better del European Environmental Bureau (EEB).

Ese mismo informe subraya algo incómodo: el cuello de botella ya no es técnico, sino regulatorio. Existen recetas de cemento que recortan hasta un 70 % las emisiones, pero hoy no pueden certificarse como "cemento" en la UE.; en el acero de alto horno, el carbón no es solo el fuego, es el agente que arranca el oxígeno al mineral de hierro. Transformar procesos así exige rediseñarlos enteros, desplegar hidrógeno renovable o capturar el CO₂ inevitable, y levantar infraestructuras que en España aún no existen. Y la ventana es estrecha: más de la mitad de los altos hornos europeos deberán renovarse antes de 2035, y las decisiones que se tomen ahora fijarán sus emisiones durante décadas.

España parte, para variar, de una posición envidiable: sol y viento en abundancia, proyectos industriales punteros dispuestos a dar el paso y palancas públicas enormes. Hasta el 40 % del hormigón, por ejemplo, se canaliza por la obra pública, lo que convierte a la Administración en el mayor cliente y en la mayor palanca de cambio. En acero, tres de cada cuatro toneladas ya salen de hornos eléctricos, frente a menos de la mitad en la media europea. Tenemos casi todo para liderar. Falta la certidumbre.

Y esa certidumbre es lo que la reforma del ETS pone en riesgo. El ETS (el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión) es el mercado de carbono de la UE y su principal herramienta climática: desde 2005 obliga a unas 10.000 plantas industriales y eléctricas, el 40 % de las emisiones europeas, a pagar un derecho por cada tonelada de CO₂ que emiten, y cada año recorta el número de derechos disponibles. El mercado de carbono tiene una lógica sencilla: contaminar cuesta dinero, y ese coste hace rentable producir limpio. Y no es teoría: desde que existe, las emisiones de los sectores regulados han caído un 52 %, como subrayamos desde ECODES.

La propuesta no es enteramente mala: obliga a los Estados a destinar al menos la mitad de los ingresos del carbono a descarbonizar la industria y condiciona los derechos gratuitos a planes de inversión y reducciones reales, pero debilita la señal de precio: ralentiza el ritmo al que baja el límite de emisiones, prolonga los derechos gratuitos y retrasa hasta 2038 su retirada para los sectores del mecanismo de ajuste en frontera, el CBAM, ese “arancel climático” pensado para que los productos que entran de fuera (del acero al aluminio, del cemento a los fertilizantes) paguen por su huella. Traducido: se afloja el incentivo justo cuando más falta hace.

Ganadores vs Perdedores

Lo revelador es quién gana y quién pierde. El pulso se ve mejor que en ningún sitio en la siderurgia, pero recorre a toda la industria pesada. En las semanas previas se libró un duelo de cartas insólito: a mediados de junio, gigantes como ArcelorMittal, thyssenkrupp y voestalpine pidieron al Consejo Europeo “frenar la escalada de costes” del ETS; días después, un grupo rival de empresas de producción limpia (Outokumpu, SSAB, Salzgitter, Stegra y los españoles GravitHy e Hydnum Steel) reclamó justo lo contrario: preservar el ETS, mantener el calendario de retirada de los derechos gratuitos y reforzar el CBAM. No es casual: son quienes ya han comprometido miles de millones en producir sin emisiones los que se juegan la inversión si el precio del carbono se diluye. La propia Comisión admite que la asignación gratuita “no ha impulsado el cambio transformador” en el acero, el cemento o la química. Y, aun así, se ha inclinado por dar la razón a los que piden esperar.

El error de fondo es tratar la descarbonización como un coste cuando es, sobre todo, una estrategia de supervivencia. La dependencia fósil es hoy el principal riesgo competitivo de la industria europea, y transformarla no es una carga climática, sino la vía para blindar su resiliencia y su autonomía en un mercado que castigará cada año con más dureza la huella de carbono. Competitividad y clima no están en tensión: son la misma agenda. Y España se juega mucho, porque una industria que no sea a la vez competitiva, soberana y neutra en carbono corre el riesgo de quedar fuera del mercado europeo en menos de una década.

Por eso lo que pedimos es concreto. Que la reforma del ETS no desactive la herramienta: mantener el calendario de retirada de los derechos gratuitos y reforzar el CBAM en vez de aplazarlo. Que el dinero público anunciado llegue solo a proyectos con reducciones verificables, sin financiar de refilón activos fósiles que nos aten veinte años. Que la electrificación sea renovable, el hidrógeno verde se reserve para los procesos sin alternativa y la captura de carbono se limite a las emisiones de proceso inevitables, como buena parte de las del clínker. Y que la compra pública empiece a exigir materiales bajos en carbono y cree la demanda sin la cual nadie invertirá.

Europa tiene delante una oportunidad rara: convertir una emergencia geopolítica en una política industrial coherente. Sería una lástima repetir el guión de siempre: reaccionar tarde, ceder ante los más ruidosos y descubrir la urgencia solo cuando el estrecho de turno vuelve a cerrarse. La soberanía del siglo XXI se fabricará con electrones verdes y con una industria que se atreva a transformarse.

Juan Fernando Martín Romacho es responsable de descarbonización industrial en ECODES