El Parlamento Europeo votará el próximo miércoles la propuesta de poner fin a las ventas de coches y furgonetas nuevos con motor de combustión en el año 2035. Además, el Ejecutivo europeo deberá decidir si se fijan objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) más elevados para los fabricantes.
El pleno del Parlamento Europeo debatirá el día anterior a la votación que sea 2035 la fecha que se marque para prohibir en toda la UE la venta de vehículos de combustión e híbridos, tal y como propuso el pasado verano la Comisión Europea y lo que supone adelantar en cinco años el objetivo aprobado con anterioridad.
La reducción de la combustión
La Comisión de Medio Ambiente (ENVI) votó a favor a principios de mayo de este nuevo marco temporal a 2035, no obstante no se aprobaron unos objetivos intermedios aún más ambiciosos en este campo. Así, la propuesta de una reducción del 40% de las emisiones de los coches y del 35% de las furgonetas para 2027 fue rechazada, mientras que la de un 70% de reducción para turismos y del 65% para furgonetas para 2030 resultó en empate.
Sin embargo, sí se dio 'luz verde' como punto de partida a una propuesta que incluye un avance gradual con un objetivo intermedio de reducción del 55% de las emisiones contaminantes de los nuevos coches y furgonetas en 2030 y reducirlas a cero cinco años después.
En las directrices de la Eurocámara se asumen también ideas como eliminar el mecanismo de incentivos para vehículos de emisión cero y baja (ZLEV, por sus siglas en inglés), al considerar que ya no cumple el propósito original.
Además, piden que la Comisión presente a finales de 2025 un informe sobre los progresos hacia el objetivo de cero emisiones en la movilidad por carretera y continúe con una evaluación anual a partir de entonces, atendiendo también al impacto en los consumidores y el empleo, el nivel de uso de energías renovables, así como información sobre el mercado de segunda mano.
El sector responde
Asimismo, encargan a la CE un informe para finales de 2023 que detalle la necesidad de financiación específica para garantizar una transición justa en el sector del automóvil, con el objetivo de contener el efecto negativo en el empleo y otros impactos económicos.
Finalmente, abogan por establecer el próximo año una metodología clara con la que evaluar el ciclo de vida completo de las emisiones de CO2 de los automóviles y furgonetas comercializados en el mercado de la UE, así como los combustibles y la energía consumidos por estos vehículos.
La Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA) ha defendido que pese a que la industria del automóvil está experimentando cambios para descarbonizar y ofrecer soluciones de movilidad neutras en carbono en la Unión Europea, el motor de combustión interna seguirá siendo una solución para la movilidad "durante muchos años".
La asociación ha indicado que la transición hacia un transporte por carretera neutro desde el punto de vista climático requerirá muchas medidas políticas "coherentes" en toda la Unión Europea, especialmente para el transporte por carretera.
ACEA también ha propuesto mejorar los parámetros clave de la gasolina y el diésel, lo que permitirá controlar mejor la calidad y reducir las emisiones contaminantes de los vehículos antiguos y nuevos en beneficio de la calidad del aire.
Eliminación paulatina
Por su parte, la Asociación Europea de Proveedores de Automoción (Clepa) ha mostrado su apoyo a la tendencia a la electrificación, pero ha afirmado que la transición debe gestionarse "adecuadamente" y han reclamado que no se prohíban las tecnologías, sino el uso de los combustibles fósiles si se quiere reducir las emisiones.
Pese a ello, la asociación ha destacado que la eliminación gradual de la tecnología de los motores de combustión interna para el año 2035 supondría que alrededor de unos 501.000 empleos de proveedores que fabrican componentes de estos sistemas se queden obsoletos.
De ese medio millón de empleos, el 70% (359.000 personas) probablemente se perderá en el período de 2030 a 2035, lo cual destaca el "limitado plazo existente" para gestionar las repercusiones sociales y económicas.
Por su parte, Transport & Environment (T&E) ha señalado que los fabricantes de automóviles podrían añadir unos 800.000 millones de euros a su valor de mercado durante esta década si hicieran una transición más rápida a la electrificación.
La asociación ha defendido que los márgenes de beneficio de las empresas de vehículos eléctricos superarán los de los fabricantes de motores de combustión en tres o cinco años. De la misma forma, hacia finales de la década de 2020, los márgenes de beneficio de los fabricantes de motores habrán disminuido e incluso podrían ser negativos en los balances.
En España, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha defendido la puesta en marcha de medidas públicas adicionales a las actuales, en caso de que finalmente salga adelante la propuesta. Además, han defendido que no es el momento ahora de decidir los objetivos a alcanzar en 2035, sino que antes habría que esperar para ello a 2028.
De la misma forma, la asociación ha apuntado que si finalmente el Gobierno español decide apoyar una nueva aceleración de los objetivos "estas nuevas medidas son incluso mucho más necesarias y urgentes", puesto que si no se adoptan la industria automovilística española y el empleo "pueden enfrentarse a un serio problema dada la gran exigencia de los nuevos objetivos que se pretenden aprobar".
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