En noviembre de 2011 los españoles acudimos a las urnas con el agua al cuello. España estaba al borde de la quiebra. Era cuando nos llamaban cerdos (PIGs) en toda regla porque teníamos las cuentas públicas hechas un desastre. Ahora es que tampoco las tengamos de lujo, pero ya no estamos en el disparadero.
En ese momento, Bruselas decidió salir al rescate de España. Porque el rescate bancario, fue eso, un rescate. Y estuvo a punto de rescatar también al sector eléctrico. 25.000 millones de euros eran los culpables. El déficit de tarifa era insostenible. Bruselas le dijo al Gobierno de Mariano Rajoy elegido en 2011 que tenía que hacer algo con el agujero eléctrico. Le dijo que si era capaz de solucionarlo. Le dijo que sí y se puso manos a la obra. Rajoy le transmitió a Soria el mandato. Hay que acabar con el déficit de tarifa. Y entre los dos hermanos Nadal lo hicieron.
Toda la reforma que se aprobó en 2013 pasó por las manos de Bruselas que dio el visto bueno para que España pudiera continuar su plan de recuperación. Por aquel entonces escuchamos todos los españoles que el esfuerzo de esta reforma lo íbamos a pagar entre todos. Todavía está por ver quiénes lo están pagando, porque de momento, quién peor parte se ha llevado de todo ello son los consumidores de la luz españoles, y sobre todo, los más pobres. El esfuerzo por parte de la administración no lo veo por ningún lado por mucho que lo busco.
Pero también lo más sonado de esta reforma es el recorte a las inversiones en energías renovables y la moratoria aplicada al sector. Casi toda la industria acabó por echar la llave. Solo resistieron los más grandes, sobre todo, gracias a la internacionalización de sus negocios. En 2014, cuando se conocieron los verdaderos recortes a las renovables llovieron demandas por todos lados. Cientos de ellas en el Tribunal Supremo por parte de inversores españoles y también decenas de empresas internacionales en distintos centros de arbitraje, sobre todo, en el Banco Mundial.
La retroactividad de la reforma dejaba en muy mal lugar a España. Más de 40 demandas de inversores internacionales manchaban la marca España por el resto del mundo. Más demandas que a Venezuela. Éramos el hazmerreír. Nos tomaban por un país poco serio, que no protegía sus inversiones.
Ahora, en los últimos meses hemos comenzado a conocer el resultado de estas demandas. Las de los españoles se han perdido casi todas (excepto purines y poco más), algo de lo que se congratulaba el ministro Álvaro Nadal. Pero las demandas internacionales son otra cosa. Es cierto que España ha ganado dos demandas, pero esas son sobre el recorte que primero aplicó el PSOE en 2010.
Si nos vamos a la reforma de 2013, el resultado comienza a ser escandaloso. Tres-Cero. Tres demandas perdidas de tres. Y están por dirimirse más de treinta.
Según los cálculos del Gobierno, el conjunto de las demandas exigen la devolución de más de 7.500 millones de euros. Pero nunca se llegará a esa cifra. En el caso de perder todos los arbitrajes internacionales, que está por ver, la cantidad final estará más cerca de los 2.500 millones que de otra cosa.
Una cifra que no quiere oir por ningún lado el ministro Nadal. Prácticamente desde que llegó al Paseo de la Castellana, Nadal trabaja junto a la Comisión Europea para no tener que pagar esas indemnizaciones. Si así fuera, España volvería a entrar en déficit de tarifa y no puede permitírselo, ni España ni Bruselas. Sería un fracaso rotundo del plan que ambos llevaron a cabo.
Es por ello que la Comisión Europea apoya a España para no tener que pagar esas cantidades. A pesar de que la Unión Europea firmó el Tratado de la Carta de la Energía y los tribunales dicen que la reforma fue con retroactividad y que no se puede hacer eso, jurídicamente hablando. Está fuera de la ley de mercado.
El caso es que tanto Nadal como Bruselas tienen un as guardado bajo manga. No es otro que declarar ayudas de estado ilegales las indemnizaciones a los inversores internacionales. He aquí la trama de todo esto. Si finalmente Bruselas lo hace (tenedlo por seguro que España lo va a reclamar) está por ver qué sucedería, pero probablemente España no tendría que pagar ni un millón de euros por todo ello. Bueno sí, lo gastado en la defensa jurídica de todos los casos. Pero las empresas no verían un euro tal y como ha sucedido con los inversores españoles.
Bruselas tiene la llave maestra del sistema eléctrico español. No puede permitirse que España vuelva a caer en déficit de tarifa. Pero también tiene otro problema. Los impuestos eléctricos que aplicó en la norma. Su mal llamado carácter medioambiental puede echar por tierra también la reforma y que sea la Justicia la que acabé por estropear los planes de Nadal y Arias Cañete.
Esto es lo que preocupa al Gobierno español. Que no se le estropee el plan. Que no se vuelva a déficit bajo ningún concepto y está haciendo todo lo posible para que así sea. Lo de la transición energética es una cortina de humo. Dentro de poco es más que probable que Arias Cañete no siga en la Comisión. Y España, o más bien el Gobierno del PP, pierda el gran apoyo dentro de Bruselas.
A Nadal solo le importa el precio. La energía como moneda de cambio. Y no va a hacer nada por el resto. Solo le preocupa esto. Son órdenes de arriba. De Bruselas. Mientras tanto, los tontos de siempre, los consumidores pagando cada vez más por la luz. El resultado de la reforma es un desastre en toda regla lo miren por donde lo miren. Hace aguas por todos lados, y el barco está a la deriva. Si no se pone remedio de verdad, se volverá a acabar como el Titanic, hundido en un déficit que no queremos seguir pagando los consumidores.
Ah, y eso sí, no se ponga usted paneles solares en su casa que me trastoca usted los planes. Así nos va.
Un análisis de Ramón Roca, director de El Periódico de la Energía.
Miguel
22/05/2018