El Gobierno de Canarias suspenderá los procedimientos relacionados con la consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago hasta que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie definitivamente sobre la legalidad de la misma.
No obstante, el Ejecutivo canario ha expresado hoy en un comunicado su confianza en que el TC avale la consulta al entender que "es absolutamente legal y no contraviene ningún precepto recogido en la Constitución española".
Recuerda que el recurso anunciado hoy por el Gobierno de España ante el TC supone la suspensión automática y cautelar del proceso, lo que no significa que el Alto Tribunal pueda dictar una resolución favorable a las tesis defendidas por el Gobierno de Canarias cuando dictamine sobre la continuidad o no de esta medida cautelar, para lo que dispone de un plazo de hasta cinco meses.
El Gobierno canario subraya que tanto el marco normativo de la consulta como la pregunta directa que se formula a la ciudadanía "son plenamente constitucionales".
Entiende que se trata de un instrumento de democracia participativa que tiene amparo en la Ley canaria 5/2010 de Participación Ciudadana, "plenamente válida y eficaz y que no ha sido cuestionada nunca por el Gobierno de España".
Para el Ejecutivo regional, la consulta prevista para el 23 de noviembre "tampoco supone un referéndum encubierto" porque no se llama al cuerpo electoral ni al censo ni se gestiona por la administración electoral ni está asegurado con garantías jurisdiccionales específicas.
Además, apostilla, los ciudadanos pueden expresar su opinión por medios telemáticos y no solo de forma presencia, pudiéndolo hacer de forma prolongada en el tiempo.
En relación a la pregunta "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?", tampoco acusa visos de inconstitucionalidad porque no recaba la opinión de la ciudadanía en relación con las prospecciones autorizadas por el Estado, agrega.
Por el contrario, pregunta por el modelo ambiental y turístico de archipiélago, competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El Gobierno considera que Madrid ha tomado la decisión de que los canarios no puedan pronunciarse sobre este tema y ha buscado excusas que le den apariencia de legalidad, cuando la realidad es que es "una decisión política de tintes autoritarios porque impide la participación democrática de los canarios".
El Ejecutivo destaca que seguirá defendiendo el derecho de los canarios a expresarse sobre un asunto que puede comprometer su actual modelo medioambiental y turístico.
"La decisión del Gobierno de España solo pretende acallar la voz de los canarios, demuestra un talante antidemocrático y no responde al interés general, sino al interés de una empresa privada", subraya.
El Gobierno canario señala que seguirá respaldando cuantas iniciativas se presenten en los ámbitos de decisión política, especialmente ante los órganos de la Unión Europea, en contra de las prospecciones.
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