El Gobierno libera capacidad de la red para acelerar la repotenciación eólica y el autoconsumo industrial

El Gobierno prepara un nuevo real decreto para liberar capacidad de acceso en la red de transporte eléctrico con el objetivo de acelerar la repotenciación de parques eólicos y facilitar el desarrollo de proyectos de autoconsumo renovable vinculados a la industria. La iniciativa permitirá utilizar parte de la capacidad actualmente reservada para futuros concursos de acceso a la red, con el fin de impulsar inversiones consideradas estratégicas para reforzar la electrificación de la economía, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y responder a la nueva situación de tensión en los mercados energéticos internacionales.

El proyecto de real decreto, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se enmarca en las medidas adoptadas tras la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio y complementa tanto el Plan Integral de Respuesta a la Crisis como el paquete de actuaciones para reforzar el sistema eléctrico aprobado en los últimos meses. El Ejecutivo sostiene que la coyuntura actual exige acelerar reformas estructurales que permitan incrementar la generación renovable, electrificar el consumo y reducir de forma permanente la exposición de España a las importaciones de hidrocarburos.

Liberación en determinados nudos

La principal novedad consiste en habilitar a la Secretaría de Estado de Energía para liberar capacidad de acceso en determinados nudos de la red de transporte que permanecían reservados para concursos, destinándola específicamente a proyectos de repotenciación de parques eólicos existentes. La medida busca aprovechar infraestructuras ya conectadas a la red para sustituir aerogeneradores antiguos por otros de mayor potencia y eficiencia, evitando la pérdida de capacidad renovable a medida que las instalaciones se acercan al final de su vida útil y reduciendo al mismo tiempo el impacto territorial y ambiental asociado al desarrollo de nuevos emplazamientos.

Los titulares de instalaciones eólicas en funcionamiento podrán solicitar un incremento de hasta el 50% de su capacidad de acceso. En caso de que la demanda supere la capacidad disponible, el reparto se realizará de forma proporcional entre todas las solicitudes, garantizando, según el Gobierno, la igualdad de trato entre los promotores. La capacidad que finalmente no sea adjudicada volverá a integrarse en la reserva prevista para los futuros concursos de acceso.

El real decreto incorpora además un mecanismo similar para proyectos de autoconsumo renovable ligados a grandes consumidores industriales. En este caso, la capacidad liberada podrá destinarse a instalaciones de generación asociadas directamente a centros industriales manufactureros, siempre que tanto la planta de producción como la instalación de consumo estén conectadas al mismo nudo de transporte. Con esta medida, el Ejecutivo pretende facilitar la electrificación de la industria, reducir sus costes energéticos y favorecer el despliegue de proyectos renovables de menor tamaño y rápida ejecución.

Agilización de la tramitación administrativa

Junto a estas actuaciones, el proyecto introduce diversas modificaciones para agilizar la tramitación administrativa de instalaciones energéticas. Entre ellas figura la exención de evaluación ambiental para la implantación de sistemas de Ratio Dinámico de Línea (DLR) cuando no impliquen cambios estructurales en las infraestructuras eléctricas, una medida destinada a incrementar la capacidad de transporte mediante sensores y tecnologías de monitorización sin necesidad de construir nuevas líneas.

También se simplifica la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en la autorización de nuevos proyectos. El informe sobre la capacidad legal, técnica y económica de los promotores dejará de ser obligatorio para Red Eléctrica, para distribuidoras con al menos diez años de actividad y para empresas de generación o almacenamiento que hayan obtenido un informe favorable durante el último año para proyectos de la misma tecnología y mantengan condiciones similares. Según el Ministerio, esta modificación elimina trámites redundantes sin reducir las garantías regulatorias.

El texto amplía además de treinta a cuarenta y cinco días el periodo de información pública en los expedientes de declaración de utilidad pública de instalaciones eléctricas e incorpora la obligación de publicar los anuncios tanto en las sedes electrónicas de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno como en los medios digitales de mayor audiencia en los territorios afectados, con el propósito de reforzar la transparencia y facilitar la participación ciudadana.

El proyecto también actualiza la regulación técnica aplicable a las instalaciones renovables para incrementar su contribución al control de tensión del sistema eléctrico, aprovechando las capacidades ya disponibles en estas tecnologías y reduciendo la necesidad de recurrir a centrales fósiles para garantizar la estabilidad de la red. Paralelamente, incorpora medidas para favorecer el almacenamiento energético, permitiendo determinadas evoluciones tecnológicas en centrales hidroeléctricas de bombeo y regulando el tratamiento retributivo de la incorporación de almacenamiento térmico y de la ampliación del campo solar en las plantas termosolares.

Comparador de ofertas de gas

En el ámbito del gas, el real decreto adapta la regulación del precio de referencia para Canarias y Melilla incorporando los costes de transporte y puesta en puerto del combustible, en cumplimiento de un auto del Tribunal Supremo. Asimismo, obliga a que las facturas incluyan un acceso mediante código QR tanto al comparador de ofertas de gas como al de electricidad de la CNMC y añade información sobre el origen y el impacto ambiental del gas suministrado, conforme a la normativa europea.

El Ministerio defiende que el conjunto de medidas permitirá reducir cargas administrativas, acelerar la incorporación de nueva capacidad renovable, mejorar la resiliencia del sistema eléctrico y avanzar en la descarbonización de la economía española en un contexto internacional marcado por la incertidumbre sobre el suministro de hidrocarburos. El real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aunque algunas de sus disposiciones tendrán una aplicación diferida para facilitar la adaptación de los operadores y de la CNMC.