España importa casi el 70% de la energía que consume mientras la burocracia bloquea la transición hacia la independencia energética

España ha logrado situarse entre los países europeos con mayor peso de las energías renovables en la generación eléctrica, pero continúa dependiendo del exterior para cubrir el 68,4% de la energía que consume. Esa contradicción resume el diagnóstico del informe "España ante el reto de la independencia energética. Cómo garantizar una transición basada en la abundancia, la competitividad y la seguridad de suministro", elaborado por Foro Regulación Inteligente, que concluye que la transición energética solo será sostenible si va acompañada de una profunda modernización de las infraestructuras, un fuerte impulso al almacenamiento, una mayor interconexión con Europa y una reforma administrativa que elimine los actuales cuellos de botella para la inversión.

El estudio sostiene que el debate energético ya no puede centrarse únicamente en la reducción de emisiones. La experiencia de la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, la volatilidad de los mercados internacionales y el apagón eléctrico registrado en la Península Ibérica el 28 de abril de 2025 han situado la seguridad de suministro, la competitividad y la abundancia energética al mismo nivel que la descarbonización. Según el informe, un modelo basado exclusivamente en reducir emisiones, sin garantizar electricidad abundante, asequible y estable, corre el riesgo de perder respaldo social y comprometer el desarrollo económico.

Los autores destacan que España ha protagonizado una transformación notable de su mix eléctrico durante las dos últimas décadas. En 2025 las energías renovables generaron el 55,5% de toda la electricidad y tres de cada cuatro kilovatios hora se produjeron sin emisiones de dióxido de carbono, consolidando uno de los sistemas eléctricos más limpios de Europa. Sin embargo, el país continúa importando petróleo y gas para cubrir buena parte de sus necesidades energéticas, hasta el punto de que ambos combustibles representan el 97% de las importaciones energéticas nacionales.

Dependencia exterior

La dependencia exterior sigue siendo una vulnerabilidad estructural. El informe recuerda que España carece de recursos significativos de petróleo y gas y mantiene una elevada exposición a mercados internacionales. En 2025 Argelia volvió a ser el principal proveedor de gas natural, con el 34,6% del total, seguida de Estados Unidos, cuya cuota se duplicó hasta el 30%, mientras Rusia mantuvo una participación del 11,5%, pese a las políticas europeas orientadas a reducir esa dependencia. Según el documento, sustituir una dependencia por otra no resuelve el problema estratégico de fondo, ya que la factura energética continúa drenando decenas de miles de millones de euros anuales y ha llegado a aproximarse a los 40.000 millones de euros en ejercicios de precios elevados.

El informe introduce el concepto de "abundancia energética" como uno de los pilares del crecimiento económico. Sus autores sostienen que disponer de electricidad abundante se ha convertido en una condición imprescindible para atraer inversión industrial, impulsar la digitalización y responder al auge de sectores como la inteligencia artificial, los centros de datos, la movilidad eléctrica o la electrificación de la industria. En este contexto, advierten de que Europa compite con Estados Unidos y China, donde la energía resulta considerablemente más barata para la industria, circunstancia que ha favorecido procesos de deslocalización industrial y pérdida de competitividad. España parte con cierta ventaja respecto a otros países europeos gracias a unos precios eléctricos industriales tradicionalmente inferiores a la media comunitaria, aunque esa posición podría deteriorarse si no se refuerzan las infraestructuras energéticas.

Las previsiones recogidas en el estudio apuntan además a un fuerte incremento del consumo eléctrico durante la próxima década. La demanda podría crecer entre un 33% y un 54% entre 2026 y 2030 y llegar a duplicarse hacia 2035 como consecuencia de la electrificación del transporte, la climatización mediante bombas de calor, la transformación industrial y la expansión de los centros de datos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial. Solo estos últimos explicarían más de un tercio del aumento previsto de la demanda eléctrica.

Desarrollo insuficiente

Ante ese escenario, el informe considera insuficiente el desarrollo actual de las infraestructuras energéticas. España continúa siendo una "isla energética", ya que su capacidad de intercambio eléctrico con el resto del continente representa únicamente el 3% de la potencia instalada, muy lejos del objetivo europeo del 15% fijado para 2030. Esa limitada interconexión reduce la capacidad para exportar excedentes renovables cuando la producción es elevada e impide importar electricidad con facilidad cuando el sistema necesita apoyo. Entre las actuaciones consideradas estratégicas figura la interconexión submarina por el Golfo de Vizcaya, llamada a multiplicar la capacidad de intercambio con Francia y reforzar la integración del mercado eléctrico europeo.

El almacenamiento energético aparece como el mayor cuello de botella técnico de la transición. El documento señala que España dispone de unos 7,6 gigavatios de capacidad frente al objetivo de alcanzar 22,5 gigavatios antes de finalizar la década. Paradójicamente, existen más de 20 gigavatios de proyectos ya presentados por empresas privadas que permanecen en distintas fases de tramitación administrativa. Según el informe, únicamente desbloqueando esos expedientes el país no solo alcanzaría los objetivos previstos para 2030, sino que incluso los superaría. Mientras tanto, parte de la electricidad renovable se desperdicia porque no puede almacenarse, una circunstancia que provocó que durante aproximadamente el 6% de las horas de 2025 el precio de la electricidad fuese negativo por exceso de producción.

El estudio identifica la lentitud administrativa como el principal obstáculo para transformar el potencial energético en inversión real. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé movilizar alrededor de 294.000 millones de euros hasta 2030, en su mayoría procedentes del sector privado, pero miles de expedientes permanecen pendientes de resolución. Los autores denuncian que numerosos proyectos acumulan retrasos superiores a los plazos fijados por la normativa europea, con esperas medias superiores a dos años y algunos casos que alcanzan hasta siete años de tramitación, pese a contar con informes técnicos favorables. Esa situación, sostienen, genera inseguridad jurídica, incrementa los costes empresariales y retrasa inversiones que podrían impulsar la competitividad del país.

El informe compara además la situación española con la de otros países europeos. Mientras Alemania ha conseguido reducir la tramitación media de proyectos renovables hasta unos 17 meses e Italia ha acelerado significativamente los procedimientos mediante la aplicación de la normativa comunitaria, España recibió en julio de 2025 una carta de emplazamiento de la Comisión Europea por la aplicación parcial de la Directiva de Energías Renovables, que fija plazos máximos de uno a dos años para autorizar este tipo de instalaciones.

Como ejemplo del impacto económico de esos retrasos, el estudio analiza tres proyectos de almacenamiento mediante baterías promovidos por Sungrow en Vall d'Uixó (Castellón). Las instalaciones suman 171,5 megavatios de potencia, más de 700 megavatios hora de capacidad de almacenamiento y una inversión cercana a los 150 millones de euros. Pese a encontrarse en fases avanzadas de desarrollo, continúan bloqueadas en distintas unidades del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los autores consideran que este caso ilustra cómo los retrasos administrativos paralizan inversiones privadas ya comprometidas, limitan el aprovechamiento de la generación renovable y retrasan proyectos considerados esenciales para la reindustrialización y la seguridad del suministro eléctrico.

Fondos europeos

El documento también llama la atención sobre la ejecución de los fondos europeos destinados a la transición energética. Entre los casos analizados figura el desarrollo de los PERTE vinculados a la energía, donde se alerta del bajo ritmo de ejecución de unos recursos que deberían acelerar la transformación del sistema energético español y contribuir a la modernización industrial.

Como conclusión, el informe plantea que España dispone de una oportunidad histórica para convertir la energía en uno de sus principales factores de competitividad económica gracias a sus recursos renovables, su posición geográfica y el creciente interés inversor. Sin embargo, advierte de que ese potencial solo podrá materializarse si el crecimiento de la generación renovable se acompaña de una expansión decidida de las redes eléctricas, el almacenamiento, las interconexiones internacionales y una reforma administrativa que permita tramitar con rapidez y seguridad jurídica los proyectos estratégicos.

De lo contrario, sostiene el documento, la transición energética corre el riesgo de convertirse en un proceso incompleto, incapaz de garantizar simultáneamente sostenibilidad, competitividad e independencia energética.