El Gobierno reordenará fondos del Plan de Recuperación para reforzar las inversiones en la red eléctrica

El Gobierno modificará la normativa que regula las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) destinadas a las redes eléctricas para poder recuperar los fondos europeos que no hayan sido comprometidos y destinarlos a reforzar las inversiones tanto en la red de distribución como en la de transporte de electricidad. La medida permitirá optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles en la fase final de ejecución del Plan de Recuperación y garantizar que el dinero asignado pueda utilizarse en proyectos estratégicos antes de la finalización del programa europeo.

El proyecto de real decreto introduce un mecanismo que faculta a la Secretaría de Estado de Energía para ordenar la devolución de los fondos no comprometidos que permanecen en poder de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entidad colaboradora encargada de gestionar parte de estas subvenciones. La iniciativa parte de la constatación de que determinadas convocatorias podrían no agotar las cuantías inicialmente previstas, lo que generaría remanentes susceptibles de ser reutilizados en otras actuaciones vinculadas al desarrollo de las infraestructuras eléctricas.

Informe de fondos no transferidos

Para ello, la CNMC deberá elaborar, a petición de la Secretaría de Estado de Energía, un informe en el plazo máximo de un mes en el que identifique los fondos transferidos y aún no comprometidos, así como los intereses generados por esos recursos. Con esa información, el departamento podrá dictar una resolución ordenando la transferencia de los importes sobrantes para destinarlos a otras actuaciones financiadas con cargo al PRTR. Este procedimiento podrá activarse tantas veces como resulte necesario durante el periodo de ejecución del plan.

La reforma afecta, en primer lugar, al régimen de ayudas para la digitalización de las redes de distribución eléctrica y las infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico, regulado por el Real Decreto 1125/2021. En este caso, el nuevo procedimiento permitirá recuperar los fondos correspondientes a las anualidades de 2021, 2022, 2023 y 2025 que no hayan sido comprometidos, además de los intereses generados por los 525 millones de euros transferidos inicialmente para financiar estas actuaciones.

Asimismo, el texto modifica el Real Decreto 534/2025, que regula las ayudas para inversiones en la red de transporte eléctrico vinculadas a proyectos estratégicos de descarbonización. La principal novedad consiste en elevar la cuantía máxima de financiación con cargo al Plan de Recuperación hasta los 762 millones de euros para el periodo 2025-2026, distribuidos en 510 millones este año y otros 252 millones en 2026. Además, se establece expresamente que los fondos que no sean concedidos o ejecutados en un ejercicio podrán acumularse al presupuesto disponible del año siguiente.

Al igual que en el caso de las redes de distribución, el nuevo procedimiento permitirá recuperar los recursos no comprometidos correspondientes a las anualidades de 2025 y 2026 destinados a la red de transporte, así como los intereses financieros generados por esos fondos, con el objetivo de destinarlos a nuevas inversiones.

Optimización de los recursos europeos

El Ministerio para la Transición Ecológica justifica la reforma por la necesidad de optimizar la utilización de los recursos europeos en la recta final del Plan de Recuperación. Según recoge la exposición de motivos, la posibilidad de que existan remanentes en los fondos gestionados por la CNMC hace necesario habilitar un mecanismo que permita redistribuirlos de forma ágil para maximizar el grado de ejecución de las inversiones previstas en las infraestructuras eléctricas.

El Gobierno recuerda que estas actuaciones se enmarcan en los componentes del Plan de Recuperación destinados al desarrollo de redes inteligentes, la integración de energías renovables, la electrificación de la economía y el refuerzo de la resiliencia del sistema eléctrico. La norma sostiene que la reorganización de los fondos contribuirá a garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos y facilitará el cumplimiento de los objetivos comprometidos con la Unión Europea dentro del programa Next Generation EU.

El real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, una vez sea aprobado por el Consejo de Ministros.