España se encuentra ante un punto de inflexión decisivo para afianzar su proceso de descarbonización, atraer nueva actividad industrial y garantizar un suministro competitivo de electricidad renovable. En este contexto, las redes eléctricas se erigen como el principal habilitador de la transformación energética. Sin embargo, el ritmo actual de despliegue está lejos de lo necesario para cumplir los objetivos del PNIEC 2023-2030 y para atender la demanda eléctrica creciente derivada de la electrificación de la industria, la movilidad y los hogares.
Hoy, más del 80% de los nudos de la red de distribución carece de capacidad disponible para conectar nueva demanda, y desde 2020 se han rechazado más de 100 GW de solicitudes de acceso por falta de capacidad. Como consecuencia, las limitaciones de la infraestructura eléctrica se han convertido en uno de los mayores frenos para el desarrollo industrial del país.
La magnitud del reto obliga a activar un salto inversor sin precedentes. Para cumplir los objetivos de 2030 y garantizar la integración de las nuevas necesidades de generación y consumo, se estima necesario movilizar 53.000 millones de euros en redes eléctricas hasta final de década, lo que implicaría triplicar el ritmo inversor de los últimos años. En esta dirección apunta el reciente incremento del límite regulatorio de inversión —un 62% más, equivalente a 11.300 millones adicionales para el periodo 2026-2030— destinado a reforzar la digitalización, anticipar nuevos crecimientos de carga y facilitar la conexión de consumidores.
No obstante, este avance podría quedarse corto si no se garantiza un marco retributivo estable, predecible y alineado con los estándares europeos.
Tasa de retribución
La última propuesta de la CNMC sitúa la tasa de retribución financiera en el 6,58%, aún por debajo de la media europea, que oscila entre el 7% y el 9%, y desconectada del incremento del coste de capital registrado desde 2020. Una rentabilidad regulada inferior reduce la capacidad para atraer inversión privada en un momento crítico, cuando España necesita multiplicarla para no perder competitividad.
Según distintas estimaciones, el efecto combinado de estas medidas supondría un recorte de más de 3.600 millones de euros en la retribución del periodo 2026-2031, lo que afectaría directamente la ejecución de nuevas inversiones y también a la cadena de valor industrial asociada al despliegue de redes.
Todo ello subraya la necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio coherente y coordinado, alineado con las señales de la política energética europea y nacional. Es imprescindible que la planificación eléctrica responda a necesidades reales, que se preserve la seguridad jurídica y que el modelo incentive la eficiencia de los gestores de red. Asimismo, factores como la coordinación entre administraciones, la agilización de trámites y el impulso a mecanismos que eviten la especulación y el acaparamiento de capacidad serán claves para desbloquear proyectos maduros y acelerar la electrificación de la economía.
Estas ideas quedaron patentes en la jornada “Momento decisivo: invertir en redes eléctricas para transformar España”, celebrada recientemente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Representantes del sector público y privado coincidieron en la urgencia de reforzar la red eléctrica ante su incapacidad actual para cubrir la demanda industrial y doméstica, lo cual ya impacta en la promoción de vivienda, el despliegue de la movilidad eléctrica y la atracción de nueva actividad económica.
El mensaje es claro: invertir en redes no es una opción, sino una condición indispensable para impulsar la competitividad industrial, dinamizar la economía y ofrecer a la sociedad un servicio eléctrico seguro, eficiente y accesible.
España dispone de una oportunidad histórica respaldada por un recurso renovable abundante y competitivo. La industria internacional mira hacia nuestro país para avanzar en sus objetivos de descarbonización. Pero esta oportunidad solo podrá materializarse si la red eléctrica actúa como un verdadero habilitador del crecimiento económico. Para ello, la inversión en redes debe situarse en el centro de la agenda energética y económica del país.
Esther Martínez-Arroyo es directora de Energía en la división de Consultoría de PwC.
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