Varios diputados del grupo parlamentario de Cs han registrado una pregunta al Gobierno en el Congreso donde pide aclaraciones sobre la prórroga de 10 años de la licencia de la plataforma petrolífera "Casablanca", operada por Repsol en Tarragona, recientemente concedida por el ejecutivo.
Las dudas que suscita esta prórroga al partido político se centran en si la licencia se ha otorgado por obligatoriedad legal o por voluntad del Gobierno y por qué el expediente no ha sido sometido a evaluación ambiental por parte del Ministerio de Transición Ecológica.
Las preguntas de Cs se basan en que la Ley del sector de Hidrocarburos recoge que, en caso de que la empresa cumpla todos los requisitos legales, podría acceder a la prórroga, por lo que no queda claro si esta se puede impedir por otras razones, como sería la política de transición ecológica.
En caso de que esta fuera potestativa, es decir, que fuera concedida por voluntad del Gobierno, Cs pregunta por la "congruencia" de apostar por la transición ecológica y renovar una plataforma en la que se extraen combustibles fósiles.
Según datos de Repsol, la plataforma petrolífera "Casablanca" produce 2.000 barriles de crudo diarios y genera 120 puestos de trabajo e inversiones por razón de 16 millones anuales en la provincia de Tarragona, de acuerdo a las cámaras de comercio de esta ciudad, Valls y Tortosa.
La Ley del sector de Hidrocarburos establece que las concesiones se concedan por 30 años con dos posibles prórrogas de 10 años.
En el caso de "Casablanca", la primera prórroga fue concedida en 2009, por lo que esta nueva extensión, que fue acordada el 28 de diciembre, le permitiría operar hasta el 27 de diciembre de 2028, siendo la última que Repsol podría solicitar.
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