En unas semanas, los letrados del Parlamento deberán emitir su informe para que aclaren si se pueden levantar de golpe los 58 vetos que presentó el Gobierno a leyes de la oposición y de parlamentos autonómicos (entre ellas la de Autoconsumo) después del fallo del Tribunal Constitucional que decía que "el Gobierno debía justificar de forma explícita la adecuada conexión entre la medida que se propone y los ingresos y gastos presupuestarios". Un informe que solicitó la Mesa del Congreso (promovido por Ciudadanos) tras la presentación de sendas propuestas de reconsideración por parte de PSOE y Unidos Podemos respectivamente.
Pero ¿cuál va a ser la posición de Ciudadanos a raíz de ese informe? "Tenemos la misma posición que hemos tenido siempre" explica a este diario Melisa Rodríguez, portavoz de la formación naranja en la Comisión de Energía del Congreso, "de hecho, creemos que el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es dictar sentencia sobre el recurso que presentamos nosotros sobre la paralización del calendario de la LOMCE (Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa), y en ese caso concreto ha dado la razón a Ciudadanos, porque en ese caso entendíamos que no se trataba de una afección presupuestaria sino de una ley que iba a ser en pos de un pacto educativo que creemos que siempre es mejor".
Lo cierto es que el Tribunal Constitucional resolvió por unanimidad que dos vetos no estaban justificados. Porque la sentencia, favorable a la mayoría del Congreso de los Diputados, que fue quien presentó el recurso, se refería en realidad a dos vetos del Gobierno relativos a la Lomce y a la reforma laboral con la misma excusa de siempre: una cuestión presupuestaria.
"Más allá de eso", continúa Rodríguez, "lo que dice la sentencia es que el Gobierno tiene que hacer una motivación muy detallada a nivel presupuestario para fundamentar un veto. Así que en función de cada caso y cuando llegue esa fundamentación seguiremos con nuestro criterio. Obviamente tras lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que en cada iniciativa se tendrá que ver la motivación que haga el gobierno. Pero ya no vale una motivación solo con palabras, tiene que ser una motivación con un extracto presupuestario e ir al detalle, que es lo que no ha hecho hasta ahora".
Así que en el caso de autoconsumo, "en el primer veto del Gobierno se hablaba de 21 millones de euros, por eso, si la Proposición de Ley de medidas urgentes de fomento del autoconsumo eléctrico vuelve a la Cámara y el Gobierno quiere volver a vetarlo, tendrá que presentar una motivación con detalles concretos para poder justificar ese veto y si no hay una justificación de veto por afección presupuestaria, pues se tendrá que debatir. Pero a priori, lo que ha dicho el Constitucional no es que se haya invalidado todos los vetos sino que si no hay afección presupuestaria no se puede vetar".
En las alegaciones que presentó el Gobierno en aquella ocasión, se decía que el impacto presupuestario que tendría la Proposición de Ley sería por menor recaudación tributaria, por reducción de ingresos tanto en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) como en el impuesto especial sobre la electricidad y por la disminución de ingresos por peajes.
Además, en concreto, el Ejecutivo alegó que la regulación del autoconsumo energético supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.
Ahora solo falta esperar el informe de los letrados de la Cámara Baja y ver cuál es la reacción de los diferentes grupos parlamentarios. Tanto PSOE como Unidos Podemos ya han anunciado que volverán a presentar la Proposición de Ley de Autoconsumo si no se tramita adecuadamente la que se presentó hace ya más de un año. El Gobierno va a tener que hacer más números que nunca para justificar un veto a una Proposición de Ley que incluye una fórmula para evitar los posibles efectos presupuestarios que utiliza el Gobierno para su paralización y de la que el Ejecutivo dijo en sus alegaciones que en esta disposición “subyace la evidente intención de sustraer la tramitación de la proposición de Ley a la exigencia de conformidad del Gobierno resultante del artículo 134.6 de la Constitución”.
Ahora será insuficiente esa respuesta si quiere evitar la tramitación de la Proposición de Ley.
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