El Pleno del Congreso ha avalado este jueves con una holgada mayoría (187 votos a favor) el decreto ley que incluye con el plan de ahorro energético con las primeras medidas dirigidas a rebajar el consumo de gas para cumplir el compromiso voluntario adquirido con la Unión Europea ante un posible corte de suministro por parte de Rusia.
El decreto ha sido convalidado con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe y el PRC. Por el contrario, el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP y Foro Asturias han votado en contra, mientras que el BNG se ha abstenido.
El Congreso ha aprobado también la tramitación del decreto como proyecto de ley, por lo que los grupos podrán presentar enmiendas para intentar introducir modificaciones, tal y como ha comprometido el PSOE. El acuerdo con sus socios contempla un plazo máximo de un mes para presentar enmiendas, por lo que la norma podría estar aprobada en octubre.
Las medidas de ahorro energético
El plan de ahorro energético limita la temperatura de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados centígrados respectivamente en inmuebles de las administraciones públicas, establecimientos comerciales como grandes almacenes o centros comerciales, espacios culturales o infraestructuras de transporte como estaciones o aeropuertos. La norma deja fuera hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías o cocinas de restaurantes.
Asímismo, se obliga a apagar las luces de escaparates y edificios públicos desocupados a partir de las 22.00 horas y se obliga a que antes del 30 de septiembre tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente.
La norma también contempla las medidas de fomento del transporte público ferroviario, como la bonificación del 100% en los viajes de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia, ayudas al sector del transporte o el complemento de 100 euros en las becas al estudio.
Para sacar adelante el decreto ley, el Gobierno ha debido pactar diferentes mejoras con sus socios, que esperan introducir vía enmiendas en el Congreso. No así el PNV, que duda de la efectividad de esta vía, pero que sí ha celebrado el compromiso del gobierno a escuchar a la oposición y a las comunidades autónomas para el próximo Plan de Contingencia, con nuevas medidas de ahorro, que debe enviarse a Bruselas.
Nuevos objetivos climáticos
Con EH-Bildu, el Gobierno ha pactado el compromiso de revisar al alza, reformular y acelerar los objetivos contenidos en la Ley de Cambio Climático, con las correspondientes inversiones, y empezar a planificar con las comunidades estrategias a medio y largo plazo para transformar modelos de producción y consumo más eficientes y con mayor peso de las energías renovables.
Por su parte, el PDeCAT ha asegurado que el Ejecutivo ha comprometido una línea de ayudas por 100 millones de euros a las comunidades autónomas para que, si así lo desean estas, puedan financiar actuaciones en los locales comerciales a las que obliga el decreto ley, como la instalación de accesos automatizados.
Una medida reivindicada por ERC, que reclama al Gobierno financiación adicional a las comunidades para sufragar estas actuaciones, así como las actuaciones de inspección correspondientes, pero también una moratoria hasta el 30 de noviembre en las obligaciones que deben hacer frente pymes y autónomos.
Por último, el diputado del PSOE César Ramos ha reconocido durante el debate del decreto ley en el Pleno que otra de las modificaciones comprometidas, esta dentro del paquete energético y el fomento de energías renovables, es abrir el abastecimiento de las comunidades energéticas por parte de plantas que estén a más de 500 metros.
El PSOE dice que intentó negociar con el PP
Ramos ha criticado también que, pese a haber intentado ponerse en contacto con el PP durante la última semana para negociar cambios, como con otras fuerzas políticas, en el principal partido de la oposición "no había nadie al otro lado".
También ha criticado el rechazo de los 'populares' la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, acusándoles de ser "la derecha más rancia de Europa", propia de un "conservadurismo retrógrado y negacionista", cuando otras formaciones conservadoras europeas han aprobado "medidas similares".
Sánchez Jiménez ha celebrado que las medidas adoptadas han logrado una reducción del consumo del 9,5% en la última semana y del 8,5% con respecto al año pasado, por encima de los compromisos voluntarios adquiridos con la Unión Europea (del 15%, pero del 7% para España).
Ribera no comparece
Para la defensa del decreto ley el Gobierno ha elegido a la titular de Transportes y no a la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no ha intervenido durante el debate pese a estar presente durante toda la sesión plenaria.
Una elección censurada por la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, que ha solicitado el turno en contra para confrontar directamente con el Ejecutivo: "Es tan indefendible su errática política energética que parece lógica que haya huido de dar la cara para la defensa de un decreto que a quien le incumbe fundamentalmente es a usted", ha dicho.
Gamarra ha criticado a la ministra que el ahorro logrado no es fruto de las medidas, sino de los elevados precios de la energía de la última semana ante "el fracaso de la excepción ibérica". La dirigente 'popular' ha instado al Gobierno a reconducir las obligaciones de temperatura e iluminación a recomendaciones y potenciar la generación de electricidad sin atender al compromiso de cierre nuclear o a los objetivos climáticos.
La nuclear
Su homólogo en Vox, Iván Espinosa de los Monteros, también ha lamentado que el Gobierno no haya aceptado "adecuar" estos objetivos ante la actual crisis energética, que ve suficiente como para acometer una revisión del programa de cierre nuclear o la exploración de nuevos yacimientos minerales.
Mari Carmen Martínez Granados, portavoz energética de Cs, también ha criticado el rechazo del Gobierno a la energía nuclear, así como las "restricciones" que, a su juicio, supone el decreto ley para el comercio, mientras que Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, ha argumentado su voto en contra en que la norma peca de "fundamentalismo ecologista que empobrece y arruina la sociedad, comercios e industria".
Mayor ambición
Además de la falta de negociación, los socios del Gobierno han afeado al Gobierno el carácter de las medidas, reclamando ERC y Bildu medidas estructurales, y no temporales, pero sobre todo más ambiciosas. "Parecen más medidas efectistas que efectivas, el decreto se queda corto", ha dicho Joan Capdevila (ERC). Íñigo Errejón, de Más País, ha pedido "un plan de largo alcance, trabajado y acordado con grupos" y "no ir saltando de decreto en decreto".
Unidas Podemos también ha llamado a ir más lejos en el próximo Plan de Contingencia, pues si bien consideran "un paso adelante para afrontar la crisis energética", su diputado Juantxo López de Uralde ha pedido mayores esfuerzos y un reparto "justo" de los mismos, con un objetivo global de reducción y una distribución más exigente en el transporte y la industria.
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