Corredor carga contra las eléctricas: “Los mismos que incumplieron son los que ahora perciben los ingresos por la Operación Reforzada”

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha rechazado este miércoles que la operación reforzada con la que funciona el sistema eléctrico desde el apagón del 28 de abril de 2025 demuestre que Red Eléctrica programó insuficiente generación síncrona el día del incidente y responsabilizó a distintos agentes del sector de no haber cumplido con sus obligaciones técnicas. Durante la Junta General de Accionistas de la compañía, celebrada de forma telemática, Corredor defendió que el operador del sistema actuó conforme a la normativa vigente y sostuvo que, de haberse respetado todas las exigencias técnicas, el “cero eléctrico” no se habría producido.

La directiva aseguró que la operación reforzada “no es la evidencia de que se programó poca generación síncrona”, como, a su juicio, “intencionadamente se ha deslizado”, sino la prueba de que concurrieron “múltiples fenómenos de naturaleza no predecible”. En este sentido, insistió en que los informes técnicos oficiales, incluido el elaborado por el panel europeo de expertos de Entso-e, exoneran a Red Eléctrica de cualquier incumplimiento normativo y descartan que la programación del sistema fuera el origen del apagón.

Corredor reiteró que el incidente fue consecuencia de una concatenación de factores, entre ellos dos oscilaciones eléctricas —una de ellas forzada—, desconexiones de instalaciones de autoconsumo y de grandes plantas de generación “de manera incorrecta”, así como incumplimientos significativos en las obligaciones de control de tensión por parte de generación síncrona programada. “Si todos los agentes del sector que en ese momento tenían que cumplir con obligaciones técnicas lo hubieran hecho, el incidente del 28 de abril de 2025 no se hubiera producido”, afirmó.

La presidenta de Redeia cargó además contra las empresas eléctricas críticas con el funcionamiento reforzado del sistema, al señalar que “los mismos que incumplieron sus deberes normativos son los que ahora perciben los ingresos de esta llamada operación reforzada”. Según explicó, el coste acumulado de este mecanismo asciende ya a 711 millones de euros hasta el 30 de abril, lo que equivale aproximadamente al 2 % de los costes del sistema eléctrico en ese periodo. Corredor estimó que este sobrecoste representa unos cuatro céntimos diarios para cada usuario y defendió que se trata de un “coste de seguridad” que se mantendrá hasta que exista “mayor certeza” de que todos los operadores cumplen con las obligaciones técnicas exigidas.

Durante la junta, Corredor volvió a defender la actuación de Red Eléctrica “antes, durante y después” del apagón y sostuvo que todos los informes oficiales publicados hasta ahora avalan la actuación del operador del sistema. Aseguró que el episodio fue “inédito, imprevisible y multifactorial” y reiteró que “Red Eléctrica no falló”.

Expediente sancionador

En paralelo, la presidenta de Redeia cuestionó el expediente sancionador abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a raíz del apagón. La directiva afirmó que las alegaciones presentadas por la compañía acreditan la correcta actuación del operador y denunció un posible “conflicto de interés” del regulador. Según expuso, el equipo jurídico de Redeia considera que el procedimiento presenta “defectos de fondo y forma” que podrían derivar en “la nulidad de lo actuado”. También criticó la “incomprensible indeterminación” de los hechos imputados y confió en que las pruebas aportadas conduzcan al archivo del expediente. El consejero delegado de Redeia, Roberto García-Merino, aseguró por su parte que el grupo ejercerá “cuantas acciones sean necesarias” para defenderse.

La compañía anunció además el envío al Ministerio para la Transición Ecológica y a la CNMC de una nueva batería de propuestas para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón. Entre las medidas planteadas figuran nuevos requisitos mínimos de monitorización para el análisis de incidentes, procedimientos específicos para el intercambio de información con el operador del sistema y revisiones regulatorias de los servicios de ajuste y de las restricciones técnicas. Redeia también propone mejorar la coordinación entre la red de transporte y las redes de distribución.

Estas iniciativas se suman a otras ya sometidas a consulta pública por Red Eléctrica relacionadas con sistemas de amortiguamiento de oscilaciones, control de variaciones de tensión y requisitos de estabilidad para instalaciones de generación. El objetivo, según la compañía, es dotar al sistema eléctrico de nuevas herramientas frente a fenómenos que demostraron ser críticos durante el apagón, como las sobretensiones, las oscilaciones adversas o las desconexiones automáticas de instalaciones.

Corredor y García-Merino pusieron igualmente en valor los nuevos mandatos asumidos por Red Eléctrica desde el apagón, entre ellos el nuevo procedimiento de operación para el control dinámico de tensión, que incorpora a las energías renovables en la prestación de este servicio. Según detallaron, el sistema cuenta ya con 14,5 gigavatios adscritos a este mecanismo, de los cuales seis gigavatios corresponden a generación renovable.

Nuevo plan estratégico

En el plano empresarial, el consejero delegado de Redeia destacó el nuevo plan estratégico del grupo hasta 2029, que contempla inversiones por 6.500 millones de euros en los próximos cuatro años. El 93 % de esa cifra, más de 6.000 millones, se destinará a Red Eléctrica para ejecutar la futura planificación energética. García-Merino calificó este ciclo inversor de “histórico” y aseguró que permitirá que en 2031 toda la planificación eléctrica, valorada inicialmente en 13.100 millones de euros, esté ya en servicio o en fase de ejecución.

La presidenta de Redeia también defendió el actual modelo de operador único del sistema eléctrico frente a las críticas. Corredor sostuvo que el modelo de TSO, con Red Eléctrica como gestor único de la red de transporte, es “el más eficaz, seguro y económico” para los consumidores. Asimismo, rechazó que exista un colapso generalizado de las redes eléctricas y aseguró que todavía hay capacidad disponible para nuevas solicitudes de acceso en el 28% de los nudos de la red de transporte.

La junta general de accionistas de Redeia, celebrada con un quórum del 64,3 % del capital social, aprobó además el nombramiento de Marta María de la Cuesta González y Santiago Hurtado Iglesias como nuevos consejeros independientes, así como la incorporación de José Luis Navarro Ribera y de representantes de la SEPI como consejeros dominicales. Los accionistas dieron también luz verde al pago de un dividendo complementario de 0,60 euros brutos por acción, que se abonará el próximo 1 de julio.