Era cuestión de tiempo. Dentro del sector legal no se entendía muy bien que más inversores extranjeros no hubiesen presentado sus demandas, a través de procesos de arbitraje en los principales tribunales internacionales como el Ciadi o Estocolmo. A día de hoy están registradas 24 demandas contra el Reino de España por la inseguridad jurídica creada tras el recorte a las instalaciones de renovables y que ha mermado las inversiones de múltiples inversores extranjeros.
Fuentes cercanas a los procesos de arbitraje han asegurado a este diario que "hay varias decenas de empresas e inversores extranjeros que ya tienen preparadas sus demandas a falta de registrarlas en los tribunales de arbitraje". Se trata de inversores en energías renovables en España que han visto peligrar su dinero tras el recorte con carácter retroactivo que han llevado a cabo los dos últimos gobiernos.
Pero, ¿por qué aún no se han sumado a presentar las demandas? Estas mismas fuentes han explicado que estos inversores "están esperando a que se resuelva el primer laudo, que probablemente será favorable, para en ese momento registrar las demandas y sumarse, en lo que se podría denominar la segunda ola de arbitrajes contra España".
La situación actual de los casos que ya están avanzados en los procesos de arbitraje deja entrever que el primer laudo podría darse en la próxima primavera, "sobre el mes de abril o mayo si todo sigue su curso". "Como salga favorable, a España le va a caer otra veintena de pleitos más", aseguran las fuentes. Fondos de inversión, entidades financieras extranjeras, empresas eléctricas, el perfil es variado de los que serán nuevos demandantes.
Si finalmente se diera el caso, "que es muy probable", España se convertiría de golpe y porrazo en el país del mundo con menor seguridad jurídica. Tendría más de 40 procesos abiertos contra España por haber infringido la Carta de la Energía tras resolver el problema del déficit de tarifa con un recorte a las renovables que supera los 2.000 millones anuales. Con estas nuevas demandas, España superaría a Venezuela como primer país con más conflictos con inversores extranjeros.
Altísima probabilidad de ganar los laudos
Este martes, expertos abogados del sector energético español han debatido sobre la situación de las demandas por los recortes a las renovables tanto en el ámbito internacional como nacional. A estas 24 demandas en tribunales internacionales, el Tribunal Supremo tiene que tomar cartas en el asunto sobre más de 350 demandas interpuestas por miles de inversores que han visto recortar sus ingresos y por tanto mermar sus inversiones a largo plazo.
"Creo que hay mayor viabilidad en los arbitrajes. Es una cuestión de confianza", dijo Luis Castro, socio de Osborne Clarke. "No me cabe la menor duda de que se pueden ganar los arbitrajes internacionales", afirmó Carlos Vázquez Cobos, socio Responsable de Derecho Público de Gómez-Acebo & Pombo, durante la celebración del II Foro Solar organizado por UNEF.
De la misma opinión son el abogado Piet Holtrop, defensor de miles de inversores fotovoltaicos en el Supremo, y David Díez, socio de Watson, Farley & Williams Spain, letrado que defiende los intereses de UNEF, que también participaron en el debate.
Todos los expertos jurídicos también coincidieron en que un laudo favorable podría ayudar a resolver positivamente las demandas nacionales, y que se revirtieran las inversiones afectadas por decenas de miles de ciudadanos españoles. "Una cosa es cierta, y es que las sensibilidad del Tribunal Supremo ya no es la misma", afirmó Holtrop, dejando entrever una puerta abierta a los procesos en derecho nacional. "Creo que hay una alta probabilidad de que se ganen las demandas, entre un 80% y un 100%", añadió.
Repercusión económica
Si finalmente los laudos arbitrales son favorables a los inversores extranjeros, el Estado tendría que devolver el dinero. Se rumorea en el sector que esta cantidad podría ascender a unos 1.200 millones de euros. Una cifra que para el Gobierno no se va a dar, ya que como explicó el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en septiembre, el impacto de los arbitrajes por las renovables sería muy pequeno para el sistema en el peor escenario.
Sin embargo, otras fuentes aseguran que el Estado debería tener guardado mucho más dinero, ya que si se suman realmente todas las cantidades la cifra es muy superior. "En un caso de por ejemplo tres plantas termosolares la inversión rondaría los 1.500 millones, si el recorte ha sido del 30%-40% estaríamos hablando en un solo caso de unos 600 millones de euros, y hay 24 demandas, más las que se podrían sumar. Es mucho más dinero", dicen las fuentes.
En definitiva, el hachazo a las renovables va a dejar a España con una pésima imagen de cara a los inversores extranjeros. Con decisiones judiciales a favor de los inversores, la imagen de España caería rotundamente a límites insospechados. Peor que en Venezuela, que ya es decir.
kako
04/11/2015