El Gobierno quiere poner orden al fuerte desembarco de los centros de procesamiento de datos (CPD) en España y aprovechar el creciente interés de la industria para seleccionar los proyectos que aporten mayor valor económico y tecnológico con el menor impacto energético, hídrico y ambiental. Así lo defienden fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que explican las líneas maestras del proyecto de real decreto preparado por el Ejecutivo para regular estas instalaciones y situar a España, según su planteamiento, a la vanguardia europea en el desarrollo sostenible de los centros de datos.
El Gobierno considera que los CPD son infraestructuras indispensables para una economía moderna y que España reúne condiciones especialmente favorables para atraer estas inversiones por su ubicación geográfica, su clima y su liderazgo en energías renovables. Sin embargo, las mismas fuentes advierten de que el volumen de proyectos que aspira actualmente a conectarse al sistema eléctrico supera ampliamente las previsiones contempladas por la propia estrategia estatal de inteligencia artificial.
La Estrategia de Inteligencia Artificial, actualizada en 2024, prevé una potencia de computación acumulada de 2,5 GW en 2030, equivalente a unos 4 GW de demanda eléctrica. Frente a este objetivo, ya se han concedido derechos de acceso y conexión a las redes eléctricas por más de 12 GW para centros de procesamiento de datos, el triple de la previsión sectorial, mientras continúa existiendo un número muy relevante de solicitudes.
Concentración territorial
La concentración territorial de estos proyectos es otro de los elementos que preocupa al Ejecutivo. Según estas mismas fuentes del Miteco, en Aragón ya se han concedido 3,6 GW de acceso a CPD, una potencia que triplicaría la demanda eléctrica de la comunidad, mientras que en Madrid se han concedido 4,1 GW, lo que supondría duplicar su consumo eléctrico.
Para el Gobierno, estas cifras reflejan unas expectativas de crecimiento que no considera realistas y evidencian el riesgo de que el despliegue se produzca de forma desordenada, generando tensiones sobre el sistema energético y otros recursos. Las fuentes del Miteco ponen como ejemplo la experiencia de otros países, como Irlanda, Países Bajos o Estados Unidos, donde la elevada concentración de centros de datos ha provocado incrementos de los precios de la electricidad, tensiones sobre el abastecimiento de agua y un creciente rechazo social a nuevas instalaciones.
En Estados Unidos, las previsiones apuntan incluso a subidas de hasta el 70% de los precios de la electricidad hasta 2030 en algunas de las grandes regiones donde se concentra esta actividad. Estos problemas han llevado en otros mercados a plantear moratorias a nuevas instalaciones y, según el Gobierno, están provocando una pérdida de apoyo público a los centros de datos por el coste político y económico asociado a su despliegue.
Posición del Ejecutivo
La posición del Ejecutivo es que España se encuentra en una situación diferente precisamente por el elevado interés que despierta entre los operadores. Las mismas fuentes sostienen que esta demanda inversora permite al país escoger los mejores proyectos, aquellos capaces de generar mayores beneficios económicos y tecnológicos con el menor impacto ambiental y sin provocar un incremento de las facturas eléctricas del conjunto de los consumidores.
Con este objetivo, el Gobierno ha diseñado un proyecto de real decreto que establece nuevos requisitos para los centros de procesamiento de datos de más de 1 MW de potencia eléctrica. La futura norma incorpora obligaciones en materia de resiliencia y soberanía digital, así como exigencias de sostenibilidad energética e hídrica.
En materia de soberanía digital, los CPD deberán estar operados por una entidad establecida en la Unión Europea, que tendrá que mantener en territorio comunitario los datos relativos a la operación del centro y adoptar medidas frente a los accesos de autoridades de terceros países que no estén amparados por el Derecho europeo. El objetivo es reforzar el control europeo sobre unas infraestructuras que el Ejecutivo considera estratégicas para la economía digital.
El proyecto eleva también las exigencias ambientales. Los centros deberán cumplir los estándares más exigentes del etiquetado europeo de centros de datos en materia de consumo de agua y eficiencia energética, correspondientes a la Categoría A, asociada a las mejores tecnologías disponibles en el mercado.
Una de las principales novedades será además la obligación de que los CPD cubran el 80% de su consumo eléctrico con nueva energía renovable durante todas sus horas de funcionamiento. El requisito podrá cumplirse mediante instalaciones de autoconsumo o a través de contratos de suministro a largo plazo. Según las fuentes del Miteco, se trata de un modelo similar al que ya se aplica en las normas europeas para los combustibles de origen no biológico y el hidrógeno renovable, así como en las regulaciones para centros de datos de países como Irlanda, Alemania o China.
Esta obligación desaparecerá cuando el mix de generación eléctrica español supere el 90% de renovables, al considerar el Ejecutivo que, a partir de ese nivel, el propio sistema eléctrico ofrecerá una cobertura renovable suficientemente elevada.
El cumplimiento de estas condiciones quedará vinculado además al acceso a la red eléctrica. Los nuevos proyectos deberán acreditar que cumplen los requisitos establecidos para poder conectarse al sistema, mientras que el Miteco y el Ministerio para la Transformación Digital realizarán comprobaciones periódicas una vez que las instalaciones estén operativas.
En caso de incumplimiento del objetivo del 80% de abastecimiento renovable, los centros tendrán que afrontar penalizaciones crecientes en sus facturas eléctricas, aplicadas sobre los importes correspondientes a cargos y peajes. La finalidad será compensar el sobrecoste que, de otro modo, podría terminar repercutiéndose sobre el resto de los consumidores de electricidad.
El incumplimiento reiterado podrá llegar a provocar además la pérdida del acceso a la red. El Ejecutivo pretende así evitar que los centros de datos puedan beneficiarse de una conexión al sistema eléctrico sin asumir los costes asociados a su impacto sobre el conjunto de los consumidores.
La regulación contempla asimismo una transición para los proyectos que ya hayan obtenido derechos de acceso pero todavía no se hayan conectado a la red. Estas instalaciones dispondrán de un plazo de seis meses para acreditar que cumplen las nuevas condiciones o, en caso contrario, renunciar a sus derechos de acceso sin que se ejecuten las garantías correspondientes.
Preocupaciones ambientales y sociales
El proyecto de real decreto acaba de cerrar su fase de audiencia pública, en la que se han recibido más de 600 alegaciones. Fuentes del Miteco señalan que un número muy relevante de estas aportaciones refleja preocupaciones ambientales y sociales, un elemento que, a juicio del Gobierno, pone de manifiesto la necesidad de establecer un marco específico para ordenar el crecimiento del sector.
El Ejecutivo defiende así que España debe aprovechar su posición privilegiada para atraer centros de datos, pero evitando reproducir los problemas que ya han surgido en otros mercados. La estrategia pasa por seleccionar las instalaciones más eficientes y estratégicas, garantizar su soberanía digital y limitar su impacto sobre el consumo de agua, energía y otros recursos.
La apuesta del Gobierno es que el crecimiento de los centros de datos no se mida únicamente por los gigavatios de potencia que consigan conectar a la red, sino por la capacidad de estas infraestructuras para generar actividad económica y reforzar la economía digital sin trasladar sus costes al conjunto de los consumidores ni comprometer los recursos de los territorios donde se instalen.
Las fuentes del Miteco defienden que se trata de un enfoque pionero que adelanta medidas que ya se están debatiendo en el ámbito europeo y que permitiría a España afrontar desde una posición de liderazgo el crecimiento de una industria considerada estratégica, pero cuyo despliegue energético, ambiental y territorial exige, a juicio del Gobierno, unas reglas claras.
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