Ningún comentario Spain DC, la Asociación Española de Centros de Datos, ha elevado la presión sobre el Gobierno por el proyecto de real decreto que establece nuevos requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital para los centros de datos y ha advertido de que su aprobación en los términos actuales podría desencadenar reclamaciones de compensaciones multimillonarias. La organización calcula que alrededor de 9.000 millones de euros en inversiones se han visto ya afectados, aunque reconoce que la cifra todavía no está cerrada y podría ser superior.
La advertencia llega después de que tres inversores internacionales hayan trasladado que abandonarán sus proyectos en España si el real decreto sale adelante, según Spain DC. Estas inversiones representan aproximadamente el 15% de los 66.900 millones de euros de inversión directa e indirecta que la asociación prevé para el desarrollo del sector hasta 2030. El anuncio se habría producido incluso antes de la aprobación de la norma, lo que para la asociación evidencia el impacto que la incertidumbre regulatoria ya está teniendo sobre la capacidad de España para atraer nuevos proyectos.
Proceso de diálogo
El presidente de Spain DC, Emilio Díaz, ha reclamado este viernes al Ejecutivo que abra un proceso de diálogo con el sector y ha criticado que la industria no haya sido consultada previamente sobre una regulación que, a su juicio, introduce obligaciones de "imposible cumplimiento". La asociación presentó ayer sus alegaciones al proyecto normativo, elaborado por los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública, y asegura que todavía no tiene ninguna reunión formal agendada con el Gobierno pese a haberla solicitado desde el primer momento.
"Podemos negociar, pero lo que no es negociable es que España se convierta en el país más restrictivo de Europa", ha señalado la directora ejecutiva de Spain DC, Begoña Villacís, quien considera que el anuncio del real decreto ha tenido "efectos devastadores" sobre el atractivo de España como destino para estas inversiones. La asociación sostiene que el cambio de las reglas de juego afecta además a proyectos que llevan años desarrollándose bajo el marco regulatorio vigente.
El principal punto de conflicto se encuentra en las exigencias energéticas que plantea el Gobierno. El proyecto de real decreto establece que los centros de datos deberán respaldar con nueva generación renovable al menos el 80% de su consumo energético y, además, introduce un criterio de correlación horaria por el que la energía consumida en una determinada hora tendría que haber sido producida mediante generación renovable en esa misma hora. Spain DC considera que la combinación de ambos requisitos hace inviable técnica y económicamente el cumplimiento de la norma.
Nueva capacidad renovable
La asociación cuestiona especialmente que se obligue a los centros de datos a desarrollar nueva capacidad renovable vinculada a sus instalaciones cuando España ya registra episodios de excedentes de generación que no pueden ser absorbidos por el sistema. Díaz ha defendido que antes de exigir nueva generación debería aprovecharse mejor la energía que ya existe y que actualmente se vierte.
A esta exigencia se suma que los parques renovables destinados a dar servicio a los centros de datos no podrían tener una antigüedad superior a 18 meses. Spain DC considera que este plazo no encaja con los tiempos reales de desarrollo de una instalación eólica o fotovoltaica, que incluyen la obtención de permisos, financiación y construcción. La asociación reclama por ello flexibilizar el criterio de adicionalidad y permitir el aprovechamiento de instalaciones renovables ya existentes.
El almacenamiento constituye otro de los obstáculos señalados por el sector. La asociación sostiene que las baterías disponibles actualmente no permiten garantizar de forma económicamente viable la correlación entre generación y consumo exigida por el decreto. Como referencia, Spain DC apunta que un centro de datos de 100 MW podría necesitar una infraestructura de almacenamiento equivalente a una superficie de alrededor de 15 campos de fútbol.
Incluso una eventual flexibilización mediante una relación de diez megavatios de generación renovable por cada megavatio de centro de datos seguiría suponiendo, según Spain DC, una carga económica desproporcionada. La asociación considera que existe margen para negociar el criterio de adicionalidad, pero sostiene que no hay recorrido para una correlación estrictamente horaria con las capacidades tecnológicas actuales.
El sector también rechaza que las nuevas obligaciones puedan aplicarse a proyectos que llevan años desarrollándose. El proyecto contempla que determinados centros que ya disponen de permisos de acceso y conexión tengan que adaptarse a las nuevas condiciones en un plazo de seis meses, algo que, según Spain DC, afectaría a iniciativas en las que ya se han comprometido terrenos, licencias, obras, financiación, equipamiento, contratos energéticos y acuerdos con clientes.
La pérdida del permiso de acceso y conexión constituye uno de los principales puntos de alarma para los operadores. Díaz ha advertido de que un centro de datos de 100 MW puede implicar una inversión próxima a los 1.000 millones de euros y que ningún inversor estaría dispuesto a comprometer ese volumen de capital si existe el riesgo de perder posteriormente el permiso que permite conectar la instalación a la red.
Spain DC cuestiona asimismo el régimen económico previsto en el proyecto. El texto contempla recargos de entre el 300% y el 500% sobre determinados peajes y cargos, que aumentarían en caso de reiteración y podrían terminar vinculados a la pérdida del permiso. Villacís considera que, por sus efectos, estas medidas podrían constituir de facto un régimen sancionador.
Vulneración del principio de reserva de ley
Las dudas jurídicas alcanzan también a la cobertura legal de las nuevas obligaciones. Spain DC sostiene que el real decreto podría vulnerar el principio de reserva de ley al introducir requisitos especialmente gravosos y consecuencias que, a su juicio, no estarían suficientemente habilitadas por la normativa vigente. También cuestiona la posible aplicación de las nuevas condiciones a permisos ya concedidos, por entender que podría existir un problema de retroactividad y de afectación de derechos adquiridos.
La asociación considera además que existe un problema de proporcionalidad porque el proyecto contempla una de las consecuencias más severas, la pérdida del permiso, sin justificar suficientemente por qué no se aplican alternativas menos gravosas. A ello añade sus objeciones al reparto de competencias, al considerar que el Ministerio estaría asumiendo funciones relacionadas con el acceso, la conexión y la regulación energética que corresponden a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Spain DC denuncia asimismo un trato discriminatorio frente a otras industrias con un elevado consumo energético. Los centros de datos representan actualmente alrededor del 0,8% del consumo eléctrico total en España, por lo que Villacís cuestiona que estas obligaciones se dirijan específicamente a esta actividad y no al conjunto de industrias con características similares.
La asociación defiende que los centros de datos ya operan bajo estándares elevados de eficiencia energética y que la evolución tecnológica ha permitido reducir tanto el consumo energético como el uso de agua. Spain DC sostiene que el 100% de la energía consumida por los centros de datos puede considerarse sostenible mediante los mecanismos reconocidos por la legislación y destaca que buena parte de las nuevas instalaciones construidas en España utilizan sistemas de refrigeración mediante circuitos cerrados sin pérdidas de agua.
El sector insiste en que no cuestiona los objetivos de eficiencia ni la transición energética, sino que reclama unas condiciones equiparables a las existentes en otros mercados europeos. Su propuesta pasa por mantener su condición de consumidores de electricidad y dejar en manos de la industria energética las soluciones para garantizar el suministro renovable requerido.
Desviación de inversión a otros países
El temor de Spain DC es que la nueva regulación termine desviando hacia otros países inversiones que inicialmente tenían España como destino. La asociación señala a Francia y Portugal como posibles receptores de proyectos que finalmente no se desarrollen en territorio español y advierte de que la pérdida de centros de datos tendría un efecto adicional sobre la industria tecnológica, la inteligencia artificial y la soberanía digital.
Spain DC cifra en 66.900 millones de euros la inversión directa e indirecta que podría movilizar el sector hasta 2030, aunque no comparte las estimaciones gubernamentales que apuntan a una capacidad de hasta 12 GW de centros de datos. La asociación calcula que esa inversión se traduciría en unos 2-3 GW en el mejor de los escenarios para 2030 y estima que alrededor del 40% del capital previsto podría estar ya comprometido.
La organización sostiene que no todas las solicitudes de acceso y conexión que se han planteado representan proyectos reales y que las cifras de hasta 12 o 15 GW no reflejan necesariamente las inversiones de los operadores consolidados que pretenden desarrollar centros de datos en España. Spain DC sitúa la capacidad instalada a cierre de 2025 en torno a los 439 MW, todavía muy lejos de esas previsiones.
La asociación reclama además que cualquier futura regulación tenga en cuenta el consumo real de las instalaciones y no únicamente la potencia de acceso concedida, ya que un centro puede disponer de capacidad de conexión que todavía no utiliza completamente. A su juicio, esta distinción resulta esencial para establecer requisitos técnicamente aplicables y económicamente proporcionales.
Infraestructuras esenciales
El conflicto trasciende al propio sector de los centros de datos. Spain DC considera que estas infraestructuras son esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial, la digitalización y la industria tecnológica, al proporcionar capacidad de computación, baja latencia y servicios digitales críticos. Por ello, advierte de que frenar su implantación podría dificultar también la llegada de otras actividades tecnológicas.
La asociación recuerda, además, que España atraviesa un escenario de elevada producción renovable y falta de demanda capaz de absorberla. Según Villacís, en junio de 2026 se alcanzó un récord histórico de vertidos de energía renovable de 1,2 GW. En este contexto, SpainDC considera que los centros de datos pueden contribuir precisamente a generar demanda y a aprovechar parte de esa energía que actualmente no encuentra salida.
Pese a la contundencia de sus críticas, Spain DC mantiene abierta la puerta a negociar con el Ejecutivo. La asociación, que agrupa a 308 compañías de toda la cadena de valor del sector, asegura que sus alegaciones recogen las aportaciones de la industria y que ha trabajado también con otras organizaciones vinculadas al ámbito eléctrico y energético.
El objetivo inmediato del sector es que el Gobierno reconsidere el texto y abra una mesa de diálogo técnico antes de su aprobación. Spain DC sostiene que existen elementos susceptibles de negociación, pero considera irrenunciable que las nuevas reglas sean viables, proporcionadas y comparables con las del resto de Europa. De lo contrario, advierte de que España podría perder inversiones multimillonarias y una oportunidad para consolidarse como polo europeo de centros de datos, inteligencia artificial y actividad digital.
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