La industria electrointensiva ya conoce el borrador que el gobierno ha presentado para el tan esperado Estatuto del Consumidor Electrointensivo, pero no ha terminado de gustar. "No se llega al objetivo que se pretendía", señalan fuentes de la industria, "no es suficiente si se compara cómo está el sector electrointensivo español respecto a terceros países, especialmente Francia y Alemania, nuestros competidores directos. Se está muy lejos de los precios que pagan por la electricidad. Este gobierno ha generado unas expectativas con el Estatuto que no responden a las demandas del sector".
El sector pretendía acercarse a un precio de 42 euros/MWh, "muy superior a lo que se paga en esos países, pero muy inferior a lo que cuesta en España", y la realidad, es que con las medidas que ha incorporado el gobierno "el total de la rebaja supone 1,81 euros/MWh para ser exactos", señalan, "eso sin contar con todas las obligaciones que se imponen para poder participar de este reglamento, como incorporar medidas de eficiencia energética o un sistema de Gestión de Energía".
El Estatuto incluye varias exenciones como la exención de los pagos por capacidad, de hasta el 100%, para los consumidores que además tengan la condición de interrumpibles, y del 70% para el resto o la exención del pago del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad a los consumidores que sean proveedores efectivos de este servicio, pero también se estudiarán nuevos coeficientes de pérdidas estándar de energía imputables así como el aumento de la compensación de costes indirectos por emisiones de gases de efecto invernadero.
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"Desde 2015 solo recibimos el 10% de lo que se debía recibir como compensación de esos costes indirectos, el primer año se destinaron cuatro millones y el siguiente seis millones de los 60 millones autorizados por la Unión Europea, un dinero que sale de los Presupuestos Generales", explican, "porque la prioridad máxima de los gobiernos hasta ahora ha sido cumplir con la senda del déficit público, y por eso se ha ido abandonando. La Unión Europea les dice destinen esa cantidad a empresas de determinados sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono".
"Pero el Estatuto no cambia nada respecto a lo que ha ocurrido en estos años. El artículo 9 del borrador del Estatuto dice que 'siempre que exista disponibilidad presupuestaria, se procederá a la convocatoria de ayudas destinadas a compensar los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidas en los precios de la electricidad', lo que viene a decir es que deja al Estado que lo pueda incumplir siempre y cuando haya suficiente presupuesto", explican.
El gobierno aprobó en diciembre el pago de 83,7 millones de euros en ayudas para compensar los costes indirectos de las emisiones de CO2 en la factura de electricidad de las empresas del sector industrial, pero hace cuatro días Bruselas aprobó que se aumentara esa cantidad hasta los 200 millones de euros.
"El precio del CO2 en el mercado europeo de derechos de emisión ya supera los 20 euros, por lo que en realidad se necesitarían 170 millones", puntualizan.
"La única manera de conseguir una verdadera reducción en el precio de la electricidad para el sector electrointensivo es que se reduzcan los peajes y de eso no se dice nada en el borrador", señalan, "por ejemplo, mientras que en Alemania o en Francia se paga entre 1 y 2 euros en peajes, en España estamos pagando entre 10 y 15 euros, ahí está la gran diferencia, así que si queremos estar a los niveles de estos países, hay recorrido para conseguirlo".
"Además, tenemos un precio mayorista que puede estar unos 8 euros por encima de los precios de Francia, y una de las razones es la fiscalidad de la generación que se traslada directamente a los costes de la parte de la energía en la factura".
Pero no solo la solución para un auténtico precio competitivo de la electricidad estaría en la reducción de los peajes. El Estatuto señala que se_ 'fomentará la contratación bilateral a largo plazo, en especial con generadores renovables no incluidos en el régimen retributivo específico'_.
"Guardamos una esperanza con esos contratos bilaterales que propone el Estatuto, pero ¿cómo lo van a hacer para que resulten atractivos no solo a los compradores sino también a los generadores", concluyen, "si en las últimas subastas de renovables el precio suelo estaba en 32 euros pero en el pool se les está comprando por encima de los 50 euros, ¿cómo se va a obligar a que destinen parte de su producción a esos contratos? O al contrario, si el precio del PPA está cercano a lo que marca el mercado, ¿dónde estará la ventaja para la industria? Una de las soluciones posibles sería que el Estado se ofreciese como aval para que se tuviera una garantía que diera seguridad y viabilidad a ese contrato".
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Antes de que finalice la legislatura el 28 de abril, el Gobierno se ha comprometido a aprobar este Estatuto, pero antes deberá recoger las observaciones que reciban tras la consulta pública. No se sabe si habrá cambios sustanciales en el texto definitivo pero al menos dejarán claro que no es lo que quería el sector.
Dabama
19/03/2019