Doñana busca en Europa un aliado contra los proyectos de gas

El Espacio Natural de Doñana afronta el inicio de 2017 con el gas entre las amenazas a las que hacer frente, una realidad contra la que se ha alzado la sociedad en su conjunto y que tanto grupos políticos y conservacionistas como la Junta de Andalucía tratarán de parar con la ayuda de Europa.

La oposición a este proyecto cuya tramitación inició Gas Natural Fenosa ante el Gobierno en 2003 y que se comenzó a ejecutar finalmente el pasado septiembre en Almonte (Huelva) -concretamente el eje denominado 'Marisma Occidental'- ha sido mantenida desde el principio por grupos como Ecologistas en Acción, SEO o WWF que incluso ya presentó una queja en febrero de 2013 ante la Comisión Europea.

En ella se ponían de manifiesto las afecciones que dicho proyecto puede tener para distintos espacios incluidos como Lugares de Interés Comunitarios (LIC) en la RedNatura 2000 y ya se advertía de la importancia de realizar una Declaración de Impacto Ambiental conjunta de las cuatro partes que engloba el proyecto frente a la individualizada de cada una con la que se cuenta ahora.

Esta posición contraria también ha sido abanderada por grupos políticos como IU, que también ha recurrido a Europa, y la Mesa de la Ría; no ha ocurrido lo mismo, sin embargo, con instituciones municipales como los Ayuntamientos del entorno que hace años se mostraban partidarios de un proyecto con poca afección y creador de riqueza -la inversión prevista por la compañía es de 200 millones de euros- y ahora se han sumado a ese rechazo, o el PSOE que también veía posibilidades en la apuesta de Gas Natural.

La Junta de Andalucía, por su parte, que mantiene una férrea oposición al proyecto, otorgó la Autorización Ambiental Unificada al subproyecto 'Marismas Occidental', porque cumple con los requisitos establecidos en la ley, la ha negado a 'Marismas Oriental', algo que le ha valido la interposición de una reclamación patrimonial por parte de la compañía de 358 millones de euros, y a 'Aznalcázar' y aún no se ha pronunciado sobre Saladillo, si bien está en las mismas condiciones que Marismas Oriental.

El inicio de las obras el pasado septiembre ha recrudecido las críticas y las acciones de protesta: Greenpeace montó a finales de noviembre un campamento a las puertas de las instalaciones de la compañía en el entorno de Doñana, para mostrar su rechazo, miles de personas respondieron a la convocatoria de manifestación de la Plataforma 'Salvemos Doñana' en El Rocío, más de 144.000 firmas han avalado la campaña de firmas contra el proyecto a través de Change.org y otras miles, más de 75.000, han sido llevadas por Greenpeace a Junta y Gobierno.

La oposición a los proyectos es, por tanto, clara y el objetivo, en estos momentos común, que el Gobierno paralice cautelarmente los trabajos y realice la DIA conjunta.

Desde el Gobierno se sostiene que se han dado todas las garantías de protección medioambiental a Doñana y recuerda que la Comisión Europea cerró un procedimiento de infracción al entender que se respetaba la normativa comunitaria en materia de medioambiental, y la Junta de Andalucía, como ya han hecho WWF o IU entre otros, va a buscar en Europa el aliado para tratar de frenar este proyecto.

Para ello, el consejero andaluz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, se reunirá con el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, el próximo 19 de enero en Bruselas para abordar esta cuestión y se pedirá ayuda para hacer ver al Gobierno de España la necesidad de esa DIA.

Mientras que esto sucede, a la espera de si finalmente Europa se convierte en aliada de los que reclaman la protección de Doñana frente a estos proyectos, las obras de 'Marismas Occidental', declarado de utilidad pública, continúan por parte de Gas Natural desde donde se sostiene que la iniciativa es compatible con las actividades desarrolladas en la comarca y no consolida actividad industrial alguna.