El Gobierno estadounidense ha emitido una serie de normas para regular el sistema de extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica en terrenos públicos, con el fin de garantizar la seguridad y proteger las aguas subterráneas.
"Las regulaciones de prospección federales tienen más de 30 años y sencillamente no han seguido el ritmo de las complejas técnicas de las actuales operaciones de fracturación hidráulica", aseguró la secretaria del Interior, Sally Jewell al anunciar las medidas.
Según la funcionaria, esta "actualización y fortalecimiento" de las normas crea un marco de garantías que permitirá continuar desarrollando de manera responsable los recursos de petróleo y gas, cuya explotación ha experimentado un "boom" en los últimos años gracias al avance de estas nuevas técnicas de extracción.
Los nuevos procedimientos de extracción de hidrocarburos han generado preocupación entre la población por el peligro de que provoquen la contaminación del agua potable, la emisión de gases tóxicos al aire e incluso temblores de tierra.
La normativa, que entrará en vigor dentro de 90 días, afecta a todo el territorio público, incluido los de las reservas indias, en los que se calcula que ya hay más de 100.000 pozos para la extracción de petróleo y gas.
Según el Departamento de Interior, cerca de la cuarta parte de los lugares en que se emplea la fracturación hidráulica se encuentra en los territorios afectados por la medida.
Protección de las aguas subterráneas
Las nuevas regulaciones tienen como objetivo garantizar la protección de las aguas subterráneas requiriendo a las empresas que aislen sus pozos extractores de los acuíferos subterráneos con sólidas barreras de cemento, para evitar la contaminación.
Otras medidas exigen mayor transparencia a las empresas energéticas que se dedican a estas actividades, requiriéndoles que informen a la Oficina de Gestión de Tierras de los químicos que emplean en sus operaciones de fracturación hidráulica, de su manejo y recuperación adecuada en todo el proceso.
También se establecen requisitos más exigentes en cuanto a la seguridad en el almacenamiento de los fluidos residuales resultantes de la fracturación para evitar riesgos de contaminación a las aguas y el aire, así como a los animales y las plantas.
Se le exige además que informen con más detalle de las características geológicas del terreno, así como de la localización y profundidad de los pozos, para reducir el peligro de contaminación debido al cruce de los pozos con otros preexistentes
Estas nuevas reglas son el resultado de cuatro años de trabajo que incluyeron en su fase de evaluación pública la consideración de un millón y medio de comentarios de particulares, empresas del sector, organizaciones medioambientales, etcétera.
La Oficina de Gestión de Tierras calcula que la aplicación de las nuevas normativas supondrá para las empresas de la industria extractora menos de un 0,25% de lo que les cuesta la prospección de un pozo, que la Administración de Información de la Energía calcula en una media de 5,4 millones de dólares.
Las nuevas normas se espera que sean recibidas con tibieza tanto por parte de la industria como por los grupos ambientalistas.
Las organizaciones defensoras del medio ambiente deseaban que las regulaciones de la fracturación hidráulica afectaran a toda la actividad del sector, no sólo a los territorios públicos.
Por su lado, la industria extractora acusa al Gobierno del presidente Barack Obama de intentar frenar con regulaciones el "boom" del sector energético, incluido su veto a la construcción del oleoducto Keystone, que transportaría unos 830.000 barriles diarios de petróleo desde las arenas bituminosas de la provincia canadiense de Alberta a refinerías en el sureste estadounidense.
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