El acceso a la justicia es fundamental para garantizar la aplicación y ejecución de las normas y políticas de protección ambiental, normas que resultan esenciales también para garantizar una transición energética justa y ordenada. Hablamos de uno de los tres pilares del Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus, 1998), conocido como Convenio de la Democracia Ambiental.
El Convenio de Aarhus desempeña un rol fundamental para dar cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16: promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. En 2018 se celebra el vigésimo aniversario de este Convenio, con los temas medioambientales en primer plano de la actualidad y un nuevo Gobierno que prepara la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España para antes de final de año. España es Parte desde hace ya más de doce años de este Convenio, que forma parte del ordenamiento jurídico nacional, ya que sus obligaciones están reflejadas en la Ley 27/2006, de 18 de julio (Ley Aarhus). Sin embargo, aunque se ha avanzado en esta materia, el acceso a la justicia gratuita por las organizaciones ambientales es todavía una barrera en España, algo que obstaculiza la defensa del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y una el trabajo por garantizar una transición energética justa por parte de las ONG.
En relación al acceso a la justicia, que resulta esencial para garantizar el cumplimiento efectivo de los otros dos derechos democráticos en materia de información y participación, el artículo 9 del Convenio de Aarhus establece la obligación de los Estados de establecer mecanismos apropiados que permitan eliminar o reducir aquellos obstáculos financieros o de otro tipo que dificulten el acceso a la justicia. Para cumplir con esta exigencia, la Ley 27/2006 reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a ciertas ONGs ambientales en los términos previstos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1/1996.
En la actualidad diversos tribunales han reconocido el acceso a la justicia gratuita por aplicación directa de la Ley Aarhus, sin necesidad de tener que probar la ausencia de recursos económicos para litigar. Sin embargo, esto no es una interpretación unánime por lo que en determinados casos, ciertas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de algunas Comunidades Autónomas han denegado en diferentes ocasiones a organizaciones como el IIDMA el acceso a la justicia gratuita.
El Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus ha puesto de manifiesto que esta barrera al acceso a la justicia en España no es conforme al Convenio de Aarhus. Durante la Sexta Reunión de las Partes de dicho Convenio, celebrada en Budva (Montenegro) en 2017, IIDMA hizo hincapié en la necesidad de eliminar los obstáculos existentes en materia de acceso a la justicia gratuita. Como resultado, una de las decisiones de la reunión de las partes incluía un requerimiento a España para la adopción de medidas con el fin de garantizar la eliminación de los obstáculos existentes en materia de acceso a la justicia gratuita por parte de las ONGs. En octubre de 2018, España deberá facilitar el primer informe de progreso sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en el cumplimiento de la recomendación emitida por el Comité.
Aunque se ha avanzado en esta materia, el acceso a la justicia gratuita por las organizaciones ambientales es aún una barrera en España. Por ello, confiamos en que el nuevo Gobierno y en especial el Ministerio para la Transición Ecológica, en el que se integra el Punto Focal Español del Convenio de Aarhus junto con el Ministerio de Justicia, emprendan las acciones necesarias para garantizar la justicia gratuita sin ambigüedades.
Para contribuir a eliminar las barreras en el acceso a la justicia en materia ambiental incluido el acceso a la justicia gratuita, el IIDMA junto a otras 7 organizaciones europeas está ejecutando el “Proyecto A2J EARL sobre Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales”, que cuenta con el apoyo del Programa LIFE+ de la Comisión Europea. A través de este proyecto, buscamos ampliar el conocimiento y concienciación de todos los miembros integrantes del sector jurídico en España sobre la importancia de garantizar un acceso efectivo a la justicia en materia ambiental. Además de ello, es necesario reiterar la necesidad de que nuestro país cumpla con sus compromisos ineludibles como Estado Parte del Convenio de Aarhus.
Ana Barreira es Directora IIDMA, LL.M en Derecho Ambiental (London University) y LL.M en Derecho Internacional Público (New York University).
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