Las ministras de Transición Ecológica y de Empleo, Teresa Ribera y Magdalena Valerio, han firmado con representantes de CCOO, UGT y USO y de la patronal Carbounión un acuerdo para el desarrollo sostenible de las comarcas mineras hasta 2027, dotado con 250 millones de euros en los cinco primeros años.
El acuerdo, firmado en la sede del Ministerio de Transición Ecológica, prevé prejubilaciones y bajas incentivadas, junto a un plan de choque para el desarrollo de energías renovables y la posibilidad de contratos entre el Gobierno y las administraciones autonómicas y locales que incluyen incentivos fiscales.
Ribera destacó que con este acuerdo se resuelve "la primera tarea urgente" que se encontró encima de la mesa cuando llegó al Gobierno.
"Hemos trabajado con los agentes sociales para dar cumplimiento a la normativa comunitaria, encontrando a la vez la mejor respuesta posible a las necesidades de los trabajadores y de las comarcas. Nuestro propósito ha sido no dejar a nadie atrás", añadió la ministra, que subrayó además que el compromiso del Gobierno "es a largo plazo" y que esta firma es "solo el comienzo del diálogo".
Mientras, Valerio consideró que el acuerdo es "una demostración de que el diálogo social funciona", aunque siempre sea "muy difícil conseguir el 100% para todos".
"De la negociación entre los agentes sociales y la Administración se pueden y se deben extraer las soluciones necesarias. Desde este Gobierno, nos estamos esforzando por dar respuestas a la altura que necesita nuestra sociedad", dijo.
En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores, así como un fondo de 250 millones de euros, repartidos en cinco años (de 2019 a 2023), para apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras.
Estas ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa. Estos contratos movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas.
Además, el acuerdo dedica un apartado potencial de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) como vector del proceso de transición energética justa.
El acuerdo da así respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión del Consejo Europeo, que obliga al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018 antes de que finalice el presente año.
De esta manera, el pacto actualiza las medidas sociales adoptadas en el Real Decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.
Prejubilaciones con 48 años
Así, este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado.
Mientras, el resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad. En cualquier caso, los afectados por silicosis de primer grado verán incrementada la cuantía de su indemnización.
Por otro lado, los empleados no prejubilados dispondrán de una bolsa de trabajo gestionada por el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IMRC), que facilitará acceso a cursos formativos y de orientación hacia nuevos yacimientos de empleo relacionados principalmente con una transición energética justa.
Carbunion firma pero no comparte su contenido
El acuerdo ha contado finalmente con la rubrica también de la patronal Carbunión, a pesar de no compartir al 100% su contenido. "Hemos firmado pese a que no se recogen nuestros planteamientos de futuro y también porque tenemos el compromiso firme del secretario de Estado de Energía para seguir buscando la continuidad de las empresas que siguen explotando el carbón, pero como empresarios no aceptamos el final del sector", señaló el presidente de la patronal, Pedro Iglesias.
En la misma línea se mostró el secretario general de la Federación de Industria de USO, Pedro Ayllón, que destacó que, en su opinión se ha firmado "el mejor acuerdo posible, pero no el acuerdo que hubiera querido firmar".
Mientras, el secretario general de CCOO de Industria, Agustín Martín, valoró que la firma de este acuerdo supone "superar una época de incumplimientos de gobiernos anteriores y de abandono de los trabajadores" y garantizar para el sector una transición energética que "debe ser justa".
Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de UGT, Pedro Hojas, que el pacto "pone en valor el trabajo, el tesón y la lucha de la comisión negociadora" y representa "un comienzo, no el final de nada".
Dabama
24/10/2018