El reciente apagón eléctrico que vivió la Península Ibérica ha marcado un antes y un después en la política energética de Cataluña. Apenas un mes después, la Generalitat ha aprobado el Decreto ley 12/2025, una norma que reconoce por primera vez el interés público superior de los proyectos de producción energética renovable y de almacenamiento eléctrico, una calificación que, a partir de ahora, les otorgará prioridad frente a otras consideraciones durante la tramitación administrativa.
El decreto también busca alinear la normativa catalana con las directivas europeas, que ya contemplan el carácter estratégico de estas infraestructuras para alcanzar los objetivos de neutralidad climática. La norma no se queda en declaraciones, sino que introduce cambios concretos y estructurales para facilitar la implantación de estos proyectos. La principal novedad es la integración formal de las instalaciones de baterías, tanto híbridas como independientes, en el marco regulador existente, hasta ahora centrado únicamente en la generación renovable.
Baja producción
El contexto energético catalán es alarmante. En 2024, la comunidad produjo su nivel más bajo de electricidad desde 2001 y tuvo que importar un 12,8 % de su consumo, el porcentaje más elevado desde 2010. Las fuentes renovables solo cubrieron algo más del 21 % de la demanda. El bajo rendimiento, sumado a una situación de precios eléctricos excepcionalmente bajos —con valores negativos en algunos momentos del mes de mayo— ha provocado la renuncia a más de 70 proyectos de energía solar y eólica, lo que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de transición energética establecidos para 2030.
En este clima de fragilidad e incertidumbre, el Govern ha decidido reforzar su apuesta por el almacenamiento como una pieza esencial del nuevo modelo energético. Las baterías no solo permiten almacenar la energía generada en momentos de exceso de producción, sino que ofrecen una función crítica como respaldo ante fallos de la red. Además, en situaciones de emergencia pueden operar de forma autónoma, manteniendo el suministro local y ayudando a restablecer el sistema. Actualmente, en Cataluña ya existen 94 proyectos de almacenamiento en tramitación, 87 de ellos independientes y 7 híbridos con instalaciones renovables, que suman más de 940 MW de potencia.
El director general de L’Energètica, Daniel Pérez, ha explicado a El Periódico de la Energía que el decreto responde tanto a la urgencia evidenciada por el apagón como al creciente interés empresarial en el almacenamiento energético. Según Pérez, hasta ahora no existía un marco normativo claro sobre cómo tramitar estas instalaciones, lo que generaba inseguridad jurídica para promotores, ayuntamientos y ciudadanía. Con la nueva norma, se busca ofrecer una vía definida, ágil y con garantías para todos los actores implicados.
Cambios en la normativa urbanística
Uno de los cambios más significativos introducidos por el decreto es la actualización de la normativa urbanística. Las baterías podrán ser consideradas infraestructuras de servicio técnico y, por tanto, podrán instalarse en suelo no urbanizable, así como en zonas industriales, logísticas o de actividad económica sin necesidad de modificar el planeamiento. Esta clarificación normativa permitirá eliminar una de las principales barreras que hasta ahora entorpecían el despliegue de este tipo de proyectos.
Otro de los puntos clave del nuevo decreto es la modificación del régimen de transmisión de autorizaciones. Hasta ahora, los promotores no podían ceder sus permisos a terceros hasta haber completado la instalación, lo que, en un contexto de rentabilidades a la baja y dificultades de financiación, suponía un bloqueo para muchos proyectos. A partir de ahora, será posible transferir estas autorizaciones antes de su ejecución, lo que puede salvar numerosos proyectos en riesgo de desistimiento.
Más allá de la reacción inmediata al apagón, el decreto representa un intento del Govern por corregir años de inacción y lentitud en la transición energética catalana. Si bien otras comunidades han avanzado de forma más decidida en la implantación de renovables, Cataluña ha ido quedando atrás, atrapada entre trámites burocráticos, falta de claridad normativa y una débil atracción de inversión.
El nuevo marco legal pretende cambiar esta dinámica, no solo dotando de mayor resiliencia al sistema eléctrico, sino también posicionando a Cataluña como un territorio capaz de atraer los fondos europeos y estatales destinados al almacenamiento. De hecho, la Comisión Europea ha aprobado recientemente un programa de ayudas por valor de 700 millones de euros para impulsar proyectos de baterías en España, un contexto que hace aún más estratégica la celeridad regulatoria.
Asimov
09/06/2025