A comienzos de mayo tendrá lugar la primera reunión del tribunal de arbitraje internacional sobre el litigio de la minera australiana Berkeley con el Estado español, al que reclama una compensación de 1.000 millones de dólares (unos 936 millones de euros) por el bloqueado su proyecto minero en Salamanca.
La empresa ha informado de este hito al hacer públicas este miércoles sus cuentas del primer trimestre, cuando dedicó 710.000 dólares australianos (397.600 euros) a mantener su operativa (frente a los 3.438 dolares de un año antes) y finalizó marzo con 77,9 millones (43,4 millones de euros) en liquidez.
El proceso arbitral se desarrolla en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. La reclamación se basa en supuestas infracciones del Tratado de la Carta de la Energía por parte del Estado español tras la denegación de los permisos para construir una planta de uranio en la localidad de Retortillo.
El proyecto de Berkeley
El proyecto minero cuenta con una licencia de explotación de 30 años (renovable dos veces) y alberga unas reservas estimadas de 89,3 millones de libras (unas 40.500 toneladas) de uranio. Según Berkeley, se trata de una iniciativa con potencial para generar empleo, formación y suministro energético libre de emisiones en una zona rural deprimida.
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