La Comisión Europea (CE) ha adoptado recomendaciones dirigidas a los Estados miembros a la hora de aplicar el mayor margen fiscal que Bruselas ha concedido para el gasto público en medidas energéticas, a raíz de la guerra en Oriente Medio.
La comunicación del Ejecutivo comunitario establece el procedimiento para que los países soliciten la flexibilidad fiscal, su tratamiento en el marco de supervisión fiscal comunitario y el seguimiento de su uso, informó la CE en un comunicado.
Bruselas decidió a comienzos del pasado junio conceder un mayor margen fiscal a los países de la UE para el gasto público en medidas energéticas a raíz de la crisis de Ormuz, aunque esta flexibilidad no podrá aplicarse a ayudas que favorezcan el uso de combustibles fósiles, como las reducciones de impuestos generalizadas a estos hidrocarburos.
El Ejecutivo comunitario atendió así las sugerencias de Italia y España, y accedió a flexibilizar las reglas para permitir que los Estados gasten hasta un 0,6% de su PIB en medidas energéticas hasta 2028, con un máximo del 0,3% del PIB anual, sin que esto compute en el cálculo a efectos de las reglas fiscales.
Esta nueva flexibilidad se enmarca dentro de la cláusula nacional de escape que ya existe para defensa y que permite un aumento adicional del gasto en esa partida de hasta el 1,5 % del PIB hasta 2028 sin que compute para el cumplimiento fiscal.
Las ayudas a la energía
Ese tope, de hecho, se mantiene sin cambios, de modo que los países que se acojan a la nueva flexibilidad podrán beneficiarse de la misma hasta ese 1,5% entre las medidas energéticas y el gasto en defensa.
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