El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, a través del Consorci d'Educació de Barcelona, publicó el pasado agosto un más que polémico concurso de un suministro eléctrico que ha sorprendido mucho en el mercado eléctrico.
La sorpresa llega por los límites a la libre concurrencia que el Consorci ha adoptado en el pliego de condiciones de la licitación. Así, el Consorci obliga al uso del catalán mientras que el castellano ni se menciona en el documento.
"El adjudicatario, así como, en su caso, los subcontratistas, utilizarán al menos el catalán, de forma correcta lingüísticamente, en los rótulos, las publicaciones y todos los instrumentos de comunicación que deriven de la ejecución del contrato. Las relaciones, las actuaciones, la documentación y los instrumentos de comunicación entre la empresa contratista y las personas destinatarias del contrato se harán en catalán. Será causa específica de resolución contractual el incumplimiento de las obligaciones previstas en relación con el uso del catalán, y, en general, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al uso del catalán que se derivan de las previsiones de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística y de las disposiciones que la desarrollan", dice el pliego de condiciones.
Es decir, que sin catalán no se puede presentar al concurso. Se trata de una de las primeras licitaciones de suministro eléctrico en el que esto sucede. Del castellano ni se habla. Solo catalán, pero para no pillarse los dedos, la administración coloca la palabra "al menos" y deja la puerta abierta al uso de otras lenguas.
La Ley de Contratación Pública dice que el castellano será la lengua para las licitaciones, y que además, si así lo requieren algunas administraciones, se puede añadir otro idioma.
En el caso del catalán, el problema es la obligatoriedad ya que será causa de resolución contractual, y eso hace que algunas comercializadoras finalmente se vean en la obligación de no poder acudir a la licitación.
Solo criterios económicos
El pasado junio, el Ayuntamiento que dirige Ada Colau aseguró que los contratos públicos del ente iban a cambiar notoriamente. De esta manera, incluiría criterios sociales y ambientales en la contratación pública. Por ejemplo, primaría las ofertas de empresas que paguen a sus empleados más de lo que fijan los convenios, protegería a las pequeñas y medianas empresas, o, en grandes contratos, obligará a los adjudicatarios a subcontratar a empresas de economía social y solidaria. Además, el Gobierno de Ada Colau reduciría el peso de la oferta económica en los concursos públicos.
La licitación del Consorci d'Educació de Barcelona está basada únicamente en criterios económicos. No existe ningún otro criterio. Solo en caso de empate (que no suele darse sobre todo en contratos de suministro eléctrico) se tendrían en cuenta el número de empleados con discapacidad.
La licitación es por dos años y el valor del contrato asciende a 7,6 millones, que con el IVA supera los nueve millones. El problema en este caso es que el Consorci exige unas garantías del 5%, que en un contrato de estas características rondaría los 400.000 euros, una cifra que sumada a la compra de energía de los dos primeros meses, cercena las posibilidades de las pequeñas comercializadoras a acudir al concurso. Cuanto más grande, mejor.
Otra de las cosas que ha llamado la atención a las comercializadoras es que no se adopta ningún tipo de criterio ambiental. Así, no exige ningún certificado de origen renovable para las comercializadoras que concurran al concurso.
En julio, el Ayuntamiento de Barcelona presentó su plan de transición energética en el que se apostaba por utilizar las energías renovables en lugar de los combustibles fósiles actuales, **producir la energía de manera descentralizada y reducir los costes **gracias al impulso del sector empresarial local.
Ahora, con la licitación del Consorci el Ayuntamiento de Ada Colau ha perdido una buena oportunidad para apostar por las renovables. En otra ocasión será.
carlos
26/09/2016