El Nuevo Marco de Actuación para la Minería del Carbón 2013 – 2018, que “heredará” el futuro gobierno de España, tiene incumplidos dos elementos esenciales del mismo que son el compromiso de “….mantener un hueco térmico suficiente para el carbón..”_ y e_l de “…implementar medidas de apoyo a las compañías eléctricas para la realización de inversiones medioambientales que llevarán, necesariamente, aparejados compromisos de compra a las empresas mineras”
En relación con la creación del hueco térmico, ya existe una solución estudiada contrastada técnicamente y que no necesita autorización Comunitaria que es la conocida exención fiscal de la parte variable del impuesto especial de la electricidad, comúnmente conocido como “céntimo verde”. Esta fórmula, que fue impulsada por la Junta de Castilla y León, apoyada por CARBUNIÓN, presentada por el PSOE como enmienda a los presupuestos y avalada por técnicos de la Consejería de Hacienda y prestigiosos especialistas, no se puso en funcionamiento lisa y llanamente porque el Gobierno en funciones la frenó cuando se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado para 2016.
Se estima que el coste recaudatorio de la medida propuesta se situaría en el entorno de los 40 millones de euros por año completo de aplicación (frente a los 300 reducidos ya por el sector en ayudas directas a la producción y la desaparición de los anteriores incentivos al consumo que superaban los 100 M€/año) y con unos retornos económicos para el estado muy superiores por el ahorro en prestaciones por desempleo para los trabajadores del sector, y los mayores ingresos por IVA, Sociedades, IRPF y Seguridad Social que supone mantener la actividad.
En relación con el apoyo a las inversiones medioambientales de las centrales térmicas, el mecanismo de pagos por capacidad que se había barajado, puede y debe ponerse en marcha. Esto es así porque –aunque el informe de la CNMC- es contrario al borrador, el propio informe señala los aspectos más importantes que deben corregirse que no son otros que su adecuada fundamentación en la seguridad de suministro y su compatibilidad con el mercado, cuestiones estas perfectamente subsanables.
Sobre esta cuestión, es preciso recordar que los informes de la CNMC no son vinculantes para el Gobierno, que en términos también de rechazo frontal se pronunció este Organismo cuando se tramitó el Real Decreto de Restricciones por Garantía de Suministro en el año 2010, que el gobierno de entonces lo defendió ante las Autoridades Comunitarias y lo sacó adelante y que además se desestimaron todas las reclamaciones que –ante los tribunales de Luxemburgo- interpusieron Empresas e Instituciones de todo tipo, resultando todas las sentencias favorables a la norma y al derecho del Estado Español de garantizar –dentro de ciertos límites- el suministro de energía con fuentes autóctonas. ¿Qué dirá ahora la Xunta de Galicia que sostuvo ante los tribunales Comunitarios que el RD supondría el fin de las térmicas de Galicia -por operar con carbón de importación- después de los records históricos de funcionamiento que estas centrales Gallegas han registrado durante su vigencia?.
Así pues “céntimo verde” _y “Ayudas a la inversiones en des-nitrificación” _son las dos medidas necesarias y muchas las razones para ponerlas en marcha, pero lo que no va a durar mucho tiempo es la situación explosiva del sector, que sobrevive con la respiración asistida que le brinda ENDESA desde sus centrales de Compostilla y Teruel, entorno a las cuales se está fraguando una “tormenta perfecta”, alimentada por una parte por la pugna entre las empresas mineras en captar un trozo del pastel que cada mes se reparte en dosis más pequeñas (y que acabará por arruinarlas a todas) y por otra por las tensiones internas de la propia Compañía, entre los partidarios de seguir sosteniendo al sector minero y a las Centrales que consumen su producción y los que consideran que lo mejor es no hacer las inversiones y cerrar las centrales.
Por si todo ello fuera poco, según una simulación realizada por el Operador del Mercado (OMIE) de cuál hubiera sido el resultado de la casación del mercado diario en el periodo 2010-2013 en caso de no disponer de las centrales de carbón autóctono, se obtendría una elevación media del precio del mercado del 3,52%. Esto supone un sobrecoste de más de 350 millones de Euros al año para los consumidores.
Ninguna razón de carácter medioambiental puede esgrimirse tampoco para poner el punto y final al carbón Nacional, pues la transición hacia la energía 100% renovable durará al menos otros 30 años según todos los estudios y -en este periodo- el carbón seguirá siendo la tecnología de respaldo necesaria para cuando no hay viento ni agua, por lo que lo razonable es apoyar las inversiones en des-nitrificación en las centrales de carbón autóctono, mejorando así sus emisiones y permitiendo el uso de un combustible con una huella de carbono muy inferior al eliminar el transporte asociado al carbón de importación, por no hablar de los problemas que este combustible genera en las poblaciones próximas a los puertos por donde se importa, tal y como se ha puesto de manifiesto en los últimos tiempos con las “nubes negras” del puerto de Gijón.
La única alternativa al carbón sería el gas, que si bien produce menos emisiones en la fase de combustión, generan importantes escapes de metano en sus procesos extractivos, un gas mucho más perjudicial para el cambio climático que el propio CO~2~, con el inconveniente además para este combustible de que no puede almacenarse (en especial tras el fallido intento del almacenamiento “castor”) y que alimenta a gran parte de la red de calefacción, con lo que –ante una eventual interrupción del suministro como ya hemos visto en otras zonas de Europa- se verían afectados simultáneamente el sistema eléctrico y el de calefacciones.
En definitiva, acabar con esta industria combinada de centrales y minas de carbón nacional, con lo mucho que aporta y puede seguir aportando, solamente puede entenderse desde la defensa de intereses gasísticos o desde el fanatismo energético, máxime en medio de la crisis económica que estamos viviendo en la que poner en marcha un sector industrial resulta poco menos que imposible.
Gerardo Biaín es apoderado de UMINSA y miembro de la Junta Directiva de CARBUNIÓN
LuisB
05/03/2016