En el actual contexto geopolítico y económico, la energía ha dejado de ser un debate sectorial para convertirse en un factor determinante de competitividad y estabilidad macroeconómica. La volatilidad de los mercados internacionales, la fragmentación de las cadenas de suministro y el aumento de los riesgos climáticos y tecnológicos han puesto a prueba la solidez de los sistemas energéticos europeos. En este escenario, la resiliencia ya no es un concepto teórico: es una condición imprescindible para garantizar crecimiento, inversión y empleo.
La Agencia Internacional de la Energía ha recordado recientemente que la seguridad energética descansa en dos pilares inseparables: por un lado, la suficiencia estructural a largo plazo —infraestructura adecuada y diversificación de fuentes— y, por otro, la capacidad operativa de resistir y recuperarse ante perturbaciones que superan las condiciones normales de planificación. Ambos elementos dependen, de forma directa, de contar con infraestructuras robustas, flexibles y suficientemente dimensionadas.
España dispone de uno de los sistemas gasistas más sólidos de Europa. Una red de transporte y distribución mallada, amplia capacidad de regasificación, almacenamiento subterráneo estratégico y conexiones internacionales que han demostrado su utilidad en momentos de máxima tensión en el continente. Esa fortaleza no es fruto del azar, sino de décadas de planificación, inversión sostenida y estabilidad regulatoria.
Resiliencia del sistema
En términos económicos, conviene desterrar un equívoco frecuente: la redundancia no es ineficiencia; es resiliencia. Un sistema energético preparado para escenarios adversos requiere capacidad adicional, diversificación de rutas y flexibilidad operativa. La inversión en infraestructuras tiene un retorno claro cuando se compara con el coste agregado de interrupciones, crisis de precios o parálisis industrial. Hemos vivido episodios recientes que así lo atestiguan. Desde esa óptica, anticipar riesgos resulta siempre más eficiente económicamente que reaccionar ante ellos.
Las redes gasistas actúan como un auténtico seguro sistémico. Permiten gestionar puntas de demanda, compensar interrupciones externas, diversificar orígenes y sostener servicios esenciales en situaciones críticas. La existencia de almacenamiento y la capacidad de modular los flujos aportan estabilidad a un sistema energético cada vez más interconectado y expuesto a disrupciones exógenas.
Sostén del trilema
La dimensión económica del trilema energético —seguridad, asequibilidad y sostenibilidad— es particularmente relevante para un país que persigue fortalecer su peso industrial y la vocación exportadora. La competitividad de nuestro tejido productivo depende de disponer de energía segura y a precios razonables. Los episodios de volatilidad extrema vividos en Europa evidenciaron que los sistemas con mayor capacidad de importación, almacenamiento y flexibilidad amortiguaron mejor los impactos. La estabilidad estructural del sistema es, por tanto, un factor de política industrial.
Desde la perspectiva de la asequibilidad, un marco retributivo adecuado para las infraestructuras gasistas no supone una carga innecesaria para el consumidor. Al contrario, es un mecanismo de estabilidad que reduce la exposición a crisis futuras y facilita la formación de precios más eficientes. La señal regulatoria es clave: si se penaliza la inversión o se genera incertidumbre, se compromete la capacidad del sistema para adaptarse a un entorno cambiante.
La sostenibilidad, tercer vértice del trilema, tampoco puede desligarse de lasinfraestructuras. La integración creciente de gases renovables —como el biometano— y el desarrollo del hidrógeno renovable requieren redes adaptables, digitalizadas y preparadas para nuevas especificaciones técnicas. Las gasistas no son un activo del pasado; son una plataforma imprescindible para descarbonizar los sectores industriales intensivos en energía y los consumos térmicos de los hogares.
Protección de activos
A ello se suma la necesidad de reforzar la protección física y digital de activos críticos, modernizar equipos y estandarizar componentes para reducir vulnerabilidades. Estas exigencias no son accesorias en un entorno donde los riesgos híbridos y cibernéticos forman parte de la ecuación estratégica. Incorporar criterios de resiliencia en la planificación energética exige visión de largo plazo y coherencia regulatoria.
El próximo ciclo retributivo 2027–2032 será determinante. Las próximas decisiones que adopte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en esta materia condicionarán no solo a un sector, sino al conjunto del sistema productivo nacional. De su orientación dependerá la capacidad de mantener unas infraestructuras sólidas, atraer inversión, integrar gases renovables y preservar la estabilidad del mercado.
La transición energética no se construye debilitando los cimientos del sistema, sino reforzándolos. Garantizar un marco predecible y una retribución coherente con los costes reales de operación y adaptación tecnológica es una decisión con profundas implicaciones económicas y de seguridad. En un mundo de creciente incertidumbre, la resiliencia energética es una ventaja competitiva. España dispone de una infraestructura gasista sólida; consolidarla es una apuesta estratégica por el crecimiento, una industria competitiva y el bienestar general del país.
Joan Batalla es presidente de la Asociación Española del Gas (SEDIGAS)
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